San Juan Sacatepequez, Guatemala. La familia Novella, con su empresa Cementos Progreso S.A., es la principal responsable de los conflictos sociales existentes, desde 2007, en las comunidades de San Juan Sacatepequez, denuncian las doce comunidades kakchiqueles del municipio, quienes afirman que “el gobierno guatemalteco sirve a los intereses de las familias ricas que tienen el monopolio de los sectores económicos del país”.

Cementos Progreso – empresa que posee el monopolio del mercado de cemento en Guatemala – pretende instalar una mega planta para aumentar su capacidad de producción de cemento y, para esto, promueve la construcción de una carretera que facilite el traslado de maquinaria para su obra – y que, posteriormente, sirva para la comercialización de su producto.

El origen de los monopolios

Los Novella, una de las familias poderosas que inmigraron desde Inglaterra en el siglo XIX, se insertaron en el país en la producción de café. Sus negocios tienen una larga historia vinculada al acaparamiento, expropiación y el despojo de tierras. Catorce décadas después, en pleno siglo XXI, la familia sigue con la apropiación de tierra y territorio de forma violenta, a través de la empresa Cementos Progreso S.A.

La investigadora Marta Elena Casaús afirma en su libro “Guatemala: linaje y racismo” que la incorporación de las primeras familias de origen extranjero dentro del bloque de poder, especialmente alemanes e ingleses, sucedió en el siglo XIX, a inicios del periodo liberal. “Con el cultivo del café, los extranjeros se incorporan al poder, como una fracción de clase modernizante y progresista en sus inversiones, aportando gran parte del capital necesario para dicho cultivo”, analizó Casaús.

En este contexto, sus capitales fueron los motores de dinamización del modelo económico agroexportador. Familias inmigrantes como la Novella recibieron grandes beneficios a partir de leyes impulsadas por el régimen liberal. La casa Skinner-Klee, afirmó la investigadora, fue una de las más beneficiadas con las medidas legales – la más grande propietaria y exportadora de cochinilla, con el monopolio de los más importantes mercados, como el de Inglaterra y Alemania.

Actualmente continúan las relaciones entre las familias burguesas (y sus empresas) y el Estado guatemalteco, que logran que el poder ejecutivo respalde e impulse sus acciones en detrimento de la población, acusaron las doce organizaciones kakchiqueles. Para instalarse e iniciar las actividades de construcción de la planta cementera, las familias mueven la estructura del Estado: se desentienden de leyes y normativas en materia de minería y consiguen fondos públicos para la construcción de infraestructura.

En el municipio de San Juan Sacatepequez, las comunidades se quejan de que la amplia mayoría de los funcionarios y políticos opera a favor de las acciones de la empresa cementera. Ellos desconocen las autoridades de las doce comunidades del municipio y criminalizan su lucha pacífica – realizada a través de memoriales y actas comunitarias. Más de una docena de audiencias entre autoridades comunitarias y la corporación municipal resultaron en indiferencia ante las agresiones constantes de la empresa y los grupos pro cementera.

Los ministros, asesores y gobernantes se encargan de garantizar los intereses de los Novella, evidenciaron autoridades comunitarias. Según una nota de la Prensa Comunitaria, las autoridades comunitarias cuestionaron públicamente al presidente Otto Perez Molina durante la inauguración de los primeros trabajos del anillo regional, en mayo de 2013.

En julio, Cementos Progreso realizó un acto de inauguración de la construcción de la planta. Para legitimarse, se acompañaron de autoridades ancestrales de Chichicastenango, quienes realizaron una ceremonia para pedir permiso a la Madre Tierra para la extracción minera. Organizaciones, comunidades y la población kakchiquel repudiaron el acto.

Frente a la continua agresión, las doce comunidades kaqchikeles realizaron una serie de acciones y pronunciamientos públicos para solucionar los problemas generados por la empresa. El Estado de Guatemala, sin embargo, prefiere ignorar sus demandas.

Cementos Progreso insiste en la utilización de la violencia. Desde el estado de excepción de 2007, líderes comunitarios todavía son capturados y las denuncias en su contra siguen existiendo. Además, las doce comunidades reclamaron, en un comunicado de julio de 2013, que la empresa promueve y apoya el incremento de las agresiones por parte de sus trabajadores y grupos pro cementeras – acciones que cuentan con el apoyo de los grandes medios y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Publicado el 22 de julio de 2013