Escuchar testimonios de familiares de desaparecidos en la parte inferior
Guatemala, Guatemala. En Guatemala se vive una lucha intensa sobre el campo de la memoria. El caso del Diario Militar por el que el Estado Guatemalteco está sentenciado y que contiene los datos de desaparecidos y ejecutados en los ochentas- demuestra el carácter sistemático y planeado de la represión militar.
Durante los gobiernos militares en Guatemala, se practicaron varios planes para la persecución, detención, desaparición y asesinato de personas consideradas como enemigos del Estado por la cúpula castrense, que en esos momentos ostentó el poder estatal. Este período inició a partir de la contrarrevolución, apoyada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, en 1954. En los siguientes años, la represión, desapariciones forzadas y asesinatos contra dirigentes políticos, sociales, sindicales, estudiantiles y campesinos fueron perpetrados a plena luz del día, con lujo de impunidad y con un nivel de brutalidad tal que aumentó la cantidad de cuerpos mutilados encontrados.
A finales de los setentas y principios de los ochentas, los gobiernos militares de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Mont, dirigieron sus estrategias contrainsurgentes contra poblados indígenas de distintos pueblos con el fin de apoderarse de sus tierras, aniquilarlos y golpear a las guerrillas. La represión a nivel de ciudad se mantuvo pero con un perfil más bajo y se dieron más ejecuciones extrajudiciales.
Es el 8 de agosto de 1983 cuando, por medio de un golpe militar, tomó el poder el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Cambió la estrategia contrainsurgente y se enfocó en vigilar, perseguir, secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar a dirigentes estudiantiles, sindicales y obreros del casco urbano de la ciudad de Guatemala. Durante su periodo se elaboró el documento militar conocido como Dossier de la muerte o Diario Militar. La primera captura registrada en él es el 29 de agosto del mismo año y la última, el 30 de marzo de 1985.
Durante el período en que se llevaron a cabo las capturas, se organizaron diversas organizaciones de derechos humanos en búsqueda de desaparecidos; algunas, como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), fueron tachadas de subversivas. En el diario militar se evidencia cómo fueron investigados los integrantes de esta organización.
El Dossier de la Muerte es un documento de inteligencia militar que consta de 74 páginas y se divide en varios apartados. El que más llama la atención es el que consta de 183 fichas o registro de personas detenidas. El registro empieza con el nombre del detenido, su nombre falso o pseudónimo, organización de militancia, seguido por un breve relato del acto de detención o asesinato -en algunos casos. El último dato es la fecha de ejecución o la fecha de liberación (que se deba con el fin de conseguir más contactos) y, en algunos casos, su traslado a otras unidades militares. Este registro también cuenta con las fotos que fueron arrancadas de los documentos que portaban las personas al momento de ser capturadas; en algunos casos fueron obtenidas en los allanamientos en sus residencias, como sucedió con los estudiantes de educación media.
Este documento también cuenta con otros apartados donde se da información de las estructuras subversivas, así como inventarios de casas de seguridad capturadas y un resumen de nombres de personas. Teniendo en cuenta estos datos, el documento fue de mucha importancia para la cúpula militar ya que, en su mayoría, las personas detenidas-desaparecidas pertenecieron al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Esto fue un golpe letal para dicha organización.
Los días, meses y años posteriores fueron muy dolorosos para los familiares de los desaparecidos, con la incertidumbre presente y un dolor diario al no encontrar respuesta. La tortura psicológica continuó y, sin darse cuenta, pasaron 16 años en búsquedas sin fruto alguno en las que se negó la verdad. Los militares saben muy bien a quiénes se llevaron, dejando hogares y vidas destruidas.
El 20 de mayo de 1999, Kate Doyle (analista del Archivo de Seguridad Nacional, con sede en la Universidad de George Washington, Estados Unidos) recibió por medio de la compra, según su propia versión, unos documentos de manos de una persona que nunca reveló su nombre. Fue un momento crucial para lo que después se avecinó. Se hizo público el hallazgo en Guatemala y miles de familiares de las víctimas rezaron porque los nombres de sus seres queridos aparecieran en esas listas. Sacar la verdad a la luz fue para unos la corroboración de sus años de búsqueda, y para otros, la gran sorpresa de saber qué pasó y por qué no regresaron sus familiares.
Este documento muestra el carácter oficial de la inteligencia militar guatemalteca y demuestra la organización, planificación y práctica de la desaparición forzada de manera sistemática contra dirigentes sindicales, profesionales, universitarios y estudiantes de educación media.
A partir de este hallazgo, el Ministerio Público abrió una investigación muy escueta y vacía en la que se dedicó a investigar a los familiares de las víctimas y no a las personas que realizaron las capturas, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de las personas registradas. La negación de la justicia y la verdad se mantuvo por parte de las autoridades militares y gubernamentales.
En noviembre del 2005, por medio de la Fundación Myrna Mack, 28 familias de las víctimas del diario militar recibieron apoyo legal y se querellaron contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la continua negación a los derechos de verdad y justicia en el sistema guatemalteco. El caso se presentó por violaciones al derecho a la vida, entre otros.
En las primeras respuestas solicitadas por la CIDH al Estado guatemalteco, éste no puede responder al ser un caso tan claro y tan evidente. Las denuncias puestas por los familiares durante 1983, 1984 y 1985 por las capturas y la posterior búsqueda de justicia por organizaciones fue algo imposible de ocultar. Las denuncias llegaron a nivel internacional y quedando plasmadas en los informes de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos de la República de Guatemala en los mismos años.
En el año 2005 se descubrió el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). Ochenta millones de documentos fueron encontrados y entre las primeras acciones a tomar, se investigó y digitalizó lo relacionado con los años del conflicto armado. Los Archivos Históricos de la Policía Nacional son la fuente que confirma los muchos operativos que se realizaron vinculados al Diario Militar, pues fueron los jefes de las distintas policías los encargados de brindar información al alto mando y al ejercito. En esa época, el ejército controló todas las estructuras de seguridad.
Existen muchas personas registradas en el Diario Militar y en el AHPN, lo cual confirma que el documento y los hechos relatados en éste son reales y que el Estado funcionó como un criminal gigante que utilizó todos los mecanismos posibles para silenciar cualquier voz que clamara por justicia y cambios en la sociedad. El caso continuó a nivel internacional y, como todo proceso judicial lento, hasta el año 2010 la CIDH admitió el caso y lo trasladó a la Corte Interamericana.
Durante noviembre 2011 se hizo pública la localización (sucedida desde 2003) de cinco osamentas en el destacamento militar de San Juan Comalapa, Chimaltenango, las cuales fueron exhumadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Por medio de análisis de ADN, vestimentas, trabajos dentarios y artefactos personales fueron identificadas las víctimas. El hallazgo permitió dar con Amancio Samuel Villatoro (caso 55), Sergio Saúl Linares Morales (caso 74), Juan de Dios Samayoa Velásquez (caso 78), Hugo Adail Navarro Mérida (caso 81) y Moisés Saravia López (caso 88), todos con la fecha inscrita a lápiz de 29-03-84=300 en el Diario Militar; el numero 300 significa que fueron ejecutados. Todo esto reafirmó que el documento pertenece a una estructura militar encargada de vigilar, perseguir, capturar y desaparecer a líderes sociales. Lo anterior creó nuevamente esperanza de los familiares en localizar los cuerpos de sus seres queridos.
Sin embargo, hasta abril de 2012 se celebró la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con sede en Guayaquil, Ecuador. Ésta mostró a nivel internacional el clamor de justicia de las víctimas y la falta de compromiso del Estado en la resolución de los crímenes de lesa humanidad. El mismo Estado, por medio de su Secretario de la Paz, quiso comprar el silencio antes de la audiencia, negando lo innegable: que en Guatemala el grado de represión alcanzado por el ejército no tuvo mesura y que son los responsables de muchos crímenes contra la humanidad del pueblo guatemalteco.
Como resultado de la audiencia, la Corte dictó sentencia el 20 de noviembre de 2012, en la cual encontró al Estado de Guatemala culpable de los delitos de: Desaparición forzada, violación de la libertad de asociación, de incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial; de su obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada.
El Estado de Guatemala tiene la obligación de cumplir con una serie de reparaciones, entre las que se encuentra continuar con las investigaciones correspondientes, encontrar a los culpables de los hechos y que se haga justicia. Así mismo, buscar el paradero de los desaparecidos, dar apoyo psicológico a los familiares y rescatar la memoria de las víctimas que contiene el Diario Militar.
La política sobre derechos humanos en Guatemala, desde que asumió el actual gobierno, entorpece procesos, niega justicia y trata de maniatar a toda entidad estatal creada en los gobiernos anteriores, bajo los acuerdos de paz. Se nombró a Antonio Arenales Forno como Secretario de la Paz para coordinar a las instituciones dedicadas a la reparación para las víctimas del conflicto, centralizando así una política de olvido y negación de crímenes de lesa humanidad.
La primera respuesta del Estado a las sentencias de la CIDH fue la creación del acuerdo gubernativo 370-2012, el cual pretendió desconocer la competencia de la Corte Interamericana. Fue derogado por su ilegalidad y la presión de organizaciones de derechos humanos, así como el desprestigio a nivel internacional. Sin embargo, el gobierno sigue manifestando abiertamente que no acepta la sentencia, aunque ésta es inapelable y definitiva según el artículo 67 de la Convención.
En Guatemala se vive una lucha intensa sobre el campo de la memoria. Tenemos el histórico juicio por el genocidio contra el pueblo ixil, las varias sentencias en la CIDH por violaciones durante el conflicto armado, la búsqueda de justicia y las luchas en defensa de la tierra y contra los megaproyectos de imperios trasnacionales. Esto nos muestra que las problemáticas sociales, políticas y económicas de la época del conflicto se mantienen y crearon una nueva polarización social que se confirma con las constantes violaciones a derechos humanos, la represión y la política de olvido.
Han transcurrido 30 años desde que se dieron las primeras capturas señaladas en el Diario Militar y aún no hay ningún culpable por estas acciones.
El caso del Diario Militar abre brecha en el camino por alcanzar la justicia y brinda una luz a miles de familiares de desaparecidos. Siembra la esperanza a las miles de familias de víctimas del conflicto de encontrar nuevos documentos militares que contengan listas de personas capturadas y desaparecidas; y que algún día encontrarán a sus seres queridos para darles el ultimo adiós y poder cerrar el duelo que por 30 años han cargado. Y sobre todo, que no queden en la impunidad los crímenes cometidos.
Tres testimonios de familiares de desaparecidos
Producción: Gabriela Cruz, Susana Norman y Paulo Estrada
Gabriela Cruz y Susana Norman son integrantes del Centro de Medios Independientes de Guatemala Publicado el 24 de junio de 2013
