Guatemala. Para solucionar el conflicto que generó la instalación sin consulta en Barillas del Proyecto Hidroeléctrico Cambalam I, de  la empresa española Hidro Santa Cruz Sociedad Anónima, la sociedad civil organizada, los grupos afines a la empresa y representantes gubernamentales intentan dialogar con la mediación del obispo Álvaro Ramazzinni, pero los obstáculos que pone el gobierno lo dificultan.

Prensa Comunitaria entrevistó a Monseñor Álvaro Ramazinni, obispo de Huehuetenango y uno de los promotores del proceso de diálogo, quien señaló que no puede ocurrir más la imposición de proyectos a las comunidades y que es fundamental el diálogo social.[1]

La organización “Sociedad civil organizada por la defensa de la vida y el territorio de Barillas[2]” manifestó en un comunicado que “el día 10 de junio se preparó una reunión con representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la gobernación departamental, y la Mesa Nacional de Diálogo con la intermediación del obispo Monseñor Alvaro Ramazzinni, reunión que se convocó junto a las comunidades en el centro de Barillas.“[3] El objetivo de la sociedad civil para esta reunión fue abordar la conflictividad generada a partir de la instalación sin consulta del Proyecto Hidroeléctrico Cambalam I, de  la empresa española Hidro Santa Cruz Sociedad Anónima.

Los comunitarios denunciaron que el gobernador departamental de Huehuetenango manipuló la información y organizó una reunión diferente en la cabecera del departamento para la misma fecha. En ella participaron los mismos funcionarios y personas afines a la empresa hidroeléctrica -las llamadas asociaciones microrregionales y algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)[4]-, pero se excluyó a la sociedad civil y se usó el nombre del obispo sin su consentimiento. La organización de la sociedad civil señaló que el proceso de diálogo “se truncó” por la actuación “irresponsable y unilateral” del gobierno departamental.

En dicha reunión se minimizó el conflicto generado por la empresa y se fortaleció la idea de que el problema es entre las personas del municipio. El objetivo se centró en resolver el regreso de la Policía Nacional Civil, cuando esto no es responsabilidad de la población y menos de quienes han manifestado su oposición al proyecto hidroeléctrico de forma pacífica. Previamente se creó un escenario para hacer parecer que el municipio se encuentra en una situación de “ingobernabilidad” que amerita la presencia policial. Esta estrategia justifica el uso de la fuerza por parte del Estado y mediatiza el “diálogo” como forma de imponer a la empresa y desmovilizar a la población.

La Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la Defensa del Territorio (ADH) acusó que la maniobra “pretende dividir a la población promoviendo reuniones aisladas, confundiendo a la opinión pública y mezclando el problema de seguridad con las demandas legítimas de las comunidades contra la Hidro Santa Cruz”.

Barillas y la falta de información

Desde el principio no hubo una buena información. En segundo lugar, como siempre, la práctica es que las empresas llegan y comienzan su proyecto diciendo “ya tenemos permisos legales del gobierno central”, sin tomar en cuenta que hay mucha sensibilidad en las comunidades sobre los proyectos, porque éstas quieren saber cuáles serán los beneficios reales para ellas.

Tampoco se ha resuelto el problema de la energía eléctrica, tanto las tarifas como la ley de electricidad, que no ha cambiado; no hay una  aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todo eso hace más difícil la situación, porque viene una empresa y comienza a hacer todo sin información previa. El Gobierno central no informa, ni señala los beneficios reales para la población; las empresas no dicen el monto de sus inversiones ni de sus ganancias, y todo eso crea un mal ambiente. Además no hay una presencia constante de las autoridades. El asunto se complica mucho más porque estamos en un país en el que muchas personas no conocen ni siquiera la ley y menos aún la cumplen. No hay un Estado de derecho que funcione ni un Estado presente en los últimos rincones.

Si no hay una política de información en el tema de inversiones extranjeras, se crea mucha confusión. A eso se añade que las empresas vienen amparadas legalmente, con los permisos dados, y comienzan a actuar. Eso no puede ser.

La viceministra señaló que buscan transparencia, información y el beneficio de las comunidades más empobrecidas. Quieren hacer conciencia en los inversionistas de que no se trata sólo de venir a hacer negocios y ganar a como sea –lo que sí es la mentalidad de algunas empresas.

La legalidad

Está de por medio el tema de la legalidad. Le pregunté a la viceministra si legalmente se puede rescindir un contrato de esta naturaleza, hecho entre el gobierno de Guatemala y una empresa. Ella respondió que si no hay un fundamento legal, es difícil romperlo, por lo que tiene que comenzar un trabajo de verificación. Por ejemplo, el tema de los asesinos del líder todavía no está resuelto. El juez señaló que esa persona no fue asesinada porque no quisiera vender, puesto que él no tuvo tierra, y que hay que esperar al veredicto.

Lo importante es que se pongan de acuerdo quienes no quieren el proyecto y los que dicen que sí lo quieren para que haya armonía y paz. Debe haber una mediación muy directa de las autoridades municipales, porque son ellos quienes representan al municipio y deben buscar su bienestar.

Otra ventaja de la reunión fue que se aclararon malentendidos entre los representantes de los COCODES de segundo grado, los del casco urbano y la Sociedad Civil. Los COCODEs de segundo grado dijeron claramente que ellos no tienen ningún compromiso con la empresa. Harán una conferencia de prensa para aclararlo. También se llegó al consenso de pedir que regrese la Policía Nacional Civil, pero para cuidar al pueblo y no los intereses de la empresa.

El gobernador asumió el papel de escuchar y moderar.  Luego dijo que se encargará de enviar la petición de la población al presidente de la República de que haya seguridad y paz, y que se tomen las decisiones pertinentes para ello.  A la viceministra se le pidió que utilicen sus buenos oficios para convencer al alcalde de que intervenga en la solución de esta problemática.

Hay un problema, que es un vacío de responsabilidad por parte de la Municipalidad. No hubo ningún representante de ellos.

Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 hubo una serie de reuniones entre la Sociedad Civil y la corporación municipal, en las que la Sociedad  Civil apoyó a la Municipalidad porque en ese momento pareció que el alcalde estaba dispuesto a apoyarles en su petición, pero hubo un momento en que el alcalde dijo: “yo no les puedo seguir apoyando porque desde el gobierno central me presionan para que le diga que sí a la empresa”.  Esos detalles no me constan y no quiero hacer un juicio, pero hay un código municipal que debe ser ejecutado y la Municipalidad debe atenerse a su propia normativa para cumplir la responsabilidad para la que fueron electos.

El futuro de la negociación entre presos políticos y muertos

La negociación está iniciada. La viceministra dijo que los temas judiciales no entran en su ministerio y tiene razón. Hay que asegurar que el organismo judicial cumpla, tanto el ministerio público como los jueces.

En un futuro será muy importante que el ministerio informe a las comunidades de los proyectos que se pueden hacer, y que las comunidades sepan públicamente los montos de las inversiones, las ganancias y los beneficios para ellos. El pilote tiene que ser el Consejo Municipal y el alcalde, en una comunicación muy directa con la población representada en los COCODEs y en la Sociedad Civil, y también con los representantes de las empresas.

La empresa no ha intervenido para nada en los diálogos. Yo sí tuve un encuentro personal con el dueño de la empresa, pero fue una entrevista que él me pidió y, como siempre escucho a todos, acepté. Más bien la empresa tiene una relación directa con el Gobierno porque es con él con quien hizo el contrato.

No tanto las empresas, sino el Estado de Guatemala es el que tiene que tomar su papel de regulador y antes de tomar decisiones y dar contratos, tiene que sondear muy bien las situaciones de las comunidades. Si no, se repetirán los mismos errores.

Empresa empecinada, población en resistencia

La única solución es el diálogo y una negociación donde las poblaciones se sientan realmente tomadas en cuenta. La percepción que tienen las poblaciones es que no son escuchadas, que solamente la empresa viene y dice: “ya tenemos la licencia y los permisos, y ya vamos a comenzar a construir”. Esa modalidad ya no puede seguir funcionando.

En Barillas está de por medio la división que hay en la población. No hay una buena comunicación entre los COCODEs y los representantes de la Sociedad Civil. Uno se pregunta qué pasó, pues los mismos representantes de los COCODEs de segundo grado dijeron tener temor de los otros por episodios anteriores de violencia. Los otros dicen que no es así, y entonces uno no puede intervenir porque no estuvo en el lugar para saber quién dice la verdad. Ése es un punto muy difícil.

El papel del obispo como mediador

El año pasado, cuando apenas vine aquí, algunas personas se me acercaron para decirme que tenían orden de captura y preguntarme qué podía hacer por ellos. Entonces yo hice contacto, junto con el licenciado del ministerio público, para que se arreglara el problema. Así me metí poco a poco.

Mi papel ha sido tratar de acercar a las personas para que se escuchen unas a otras y encuentren las soluciones. Yo soy nuevo en este departamento y no conozco mucho de la historia, pero trato de informarme y escuchar todas las versiones. Por eso me convenzo cada vez más de que mi trabajo es buscar puntos de encuentro.

El gobernador explicó que recibió una convocatoria señalando que yo presidiría la reunión. A mí no me dijeron nada porque estaba fuera del país. Yo quise que se aclarara porque mi papel no fue presidir la reunión, y ya quedó explicado.

El diálogo se logró en la reunión porque hubo oportunidad de que los representantes de los COCODEs de segundo y primer nivel escucharan a los representantes de los COCODEs del casco urbano y a los representantes de la Sociedad Civil. Fue una oportunidad de aclarar algunas situaciones. Hubo una intervención del juez de paz que ayudó a iluminar el contexto histórico, y con la presencia del Gobernador hubo un carácter de oficialidad que es importante para no perder de vista la institucionalidad del país. También hubo presencia de la viceministra del Ministerio de Energía y Minas, que ayudó a aclarar y a facilitar la continuación del diálogo.

Ahora, el Ministerio de Energía y Minas comenzará un trabajo de campo con las comunidades para escuchar las opiniones. Espero que quienes participaron en la reunión mantengan el diálogo en su propio municipio.