La solidaridad, clave para rescatar a los desaparecidos

Saltillo, Coahuila. Ningún desaparecido ha sido encontrado en el norte de México, afirma Rosa Angélica Lara García, cuyo hermano desapareció en 2011 de las calles de Saltillo. Falta solidaridad en México; es obligación del pueblo y de la comunidad internacional respaldar a los familiares, señala Roberto Garretón, experto chileno en materia de desaparición forzada.

Lourdes Herrera, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), reconoce que la visibilización del fenómeno se debe a la lucha de las organizaciones de familiares que buscan la verdad y la justicia. Este caminar, señala Herrera, implica dolor y enfermedad, pero también esperanza y amor.

La desaparición forzada es una práctica extendida por todo México, pero particularmente acusada en el norte del país. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa son los estados que cuentan con más desaparecidos. El sacerdote José María Castillo (del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi de Coahuila) señala que en 2005 aumentaron los casos de desapariciones. Anteriormente la gente era secuestrada, se pagaba un rescate y era liberada. Ahora, señala el religioso, la gente es desaparecida. La fecha coincide con el inicio de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Es incierta la cantidad de personas desaparecidas a nivel nacional; se calcula que oscila entre 24 mil y 70 mil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica 2 mil 443 casos, mientras que la Secretaría de Gobernación tiene un registro de 26 mil 121. El Movimiento Migrante mesoamericano calcula que la cifra de migrantes desaparecidos es de 70 mil. Esto lo convierte en una cuestión de emergencia humanitaria, a decir de diversos familiares.

Jorge Verástegui, integrante de FUNDEEC, apunta que el Estado está rebasado en su estructura para resolver la problemática de las desapariciones debido a varios factores: el económico (no se asignan suficientes recursos); la falta de personal, pues hay más casos de desapariciones que funcionarios asignados para resolverlas y, por último, la colusión de las autoridades con los criminales.

La guerra sucia, madre de las desapariciones de hoy

Verástegui clasifica a las desapariciones en secuestro, retención involuntaria y desaparición forzada, en la que el Estado participa o consiente, con lo que se convierte en un responsable indirecto. Por su parte, Nik Stiemberg, de Human Right Watch apunta que no debería diferenciarse entre desaparición forzada o involuntaria, pues en ambas el Estado se haya coludido con la delincuencia organizada, y por lo tanto es responsable directo o indirecto. La desaparición forzada se practica en México desde el siglo pasado; como muestra están los casos de cientos de desaparecidos por motivos políticos durante la guerra sucia iniciada en la década de los sesentas.

Yanette Bautista, de Colombia, reconoce que la impunidad de la guerra sucia en México es el caldo de cultivo para la actual situación de las desapariciones en el país: La falta de solución a la impunidad sólo puede generar más violencia y desapariciones, afirma.

A diferencia de la época de la guerra sucia, las personas desaparecidas no sólo no tienen una filiación política antagonista al Estado, sino que al parecer no tienen un perfil en específico. Esta situación constata la afirmación de Rainer Huhle, del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias: que la desaparición no sólo se da en regímenes de dictadura militar, como en Sudamérica, sino también en países supuestamente democráticos como Colombia y México, por lo que se requieren soluciones distintas a las adoptadas por grupos y organizaciones en el cono sur latinoamericano.

Autoridades: incapacidad y colusión

Para los familiares de desaparecidos, las autoridades gubernamentales no tienen respuestas sino amenazas o evasivas. Mina (que no quiso proporcionar su nombre verdadero) narra que en enero del 2012, cuando su hijo y los compañeros de éste volvían a Torreón de trabajar, fueron desaparecidos por sujetos armados. El jefe de su hijo denunció la desaparición y el funcionario que lo atendió le dijo que no insistiera y que dejara solas a las familias para que ya no siguieran buscándoles, pues eso era lo mejor para todos.

Jorge Verástegui apunta que el Estado está rebasado en su estructura para resolver la problemática de las desapariciones debido a varios factores: el económico (no se asignan suficientes recursos); la falta de personal, pues hay más casos de desapariciones que funcionarios asignados para resolverlas y, por último, la colusión de las autoridades con los criminales.

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), informa que durante 2010 y 2011, los crímenes denunciados formalmente incluyendo los casos de desapariciones- superaron los 20 millones, mientras que los no denunciados igualan el número. Esto implica una situación para la cual el Estado no está preparado, apunta el defensor de los derechos humanos. El resultado de esta crisis es que los familiares no confían en las autoridades para la búsqueda de sus familiares.

Rosa Angélica Lara García, también de FUUNDEC, acusa que con las autoridades es difícil contar, sabemos que están coludidas, y ya no tenemos en quién confiar. Los ministerios públicos no tienen el mínimo interés de hacer una investigación. Las autoridades a todo nos dicen que sí, pero los resultados aquí están: ninguna persona ha sido encontrada. Oscar Flores Coronado, quien busca a su hijo desaparecido en Torreón el 1 de mayo del 2010, afirma que las autoridades obstaculizan las investigaciones.

De clase social baja

Rosa Angélica Lara García y Antonieta Mandujano buscan a José de Jesús Lara García, su hermano y esposo, respectivamente. De oficio taxista, Lara desapareció en octubre de 2011 en el oriente de la ciudad de Saltillo, mientras trabajaba.

El sacerdote Castillo (o Padre Chema, como lo llaman los familiares de desaparecidos), considera que en el noreste mexicano, la mayoría de los desaparecidos pertenecen a las clases sociales baja y media baja, aunque no se atreve a afirmar que sea un patrón.

De acuerdo al Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila para el seguimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México (GAT-Coah), sí hay ciertas tendencias: de 2007 a 2010 desaparecieron personas que trabajan en conjunto, como grupos de ingenieros en telecomunicaciones. A partir de la segunda mitad del 2010, comenzaron las desapariciones de familias, mujeres y jóvenes.

A decir de familiares de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos y expertos, la situación es difícil de caracterizar porque aún cuando hay algunas hipótesis de quién y por qué desaparece a las personas, la problemática es compleja.

Una de las hipótesis barajadas es que las personas desaparecidas son usadas para engrosar las filas de la delincuencia organizada; les convierten en sicarios, empaquetan droga o bien son explotadas en el trabajo esclavo. La paradoja es que las autoridades señalan que en ese momento los desaparecidos se convierten en criminales porque trabajan, aunque de forma forzada, para la delincuencia organizada.

Verástegui mapea por estado algunas características. En Nuevo León, los responsables principales apuntan a la Marina, el ejército y los diferentes grupos policiacos del Estado. En Tamaulipas y en Durango es difícil saberlo porque el Estado está prácticamente ausente y quien gobierna es la delincuencia organizada. En Coahuila los indicios llevan a la delincuencia organizada. Sin embargo, FUUNDEC tiene casos documentados que señalan a agentes del Estado. Esto quiere decir que incluso cuando no es el Estado quien desaparece a las personas, es responsable porque apoya de manera directa o indirecta a grupos criminales o particulares para que lo hagan.

Para octubre del 2012, FUUNDEC registró 258 casos de desapariciones. El gobierno de Coahuila registró mil 800 casos. Para finales del 2012, el mismo gobierno aseveró que los casos eran mil 200. La reducción en el número se realizó de forma oscura, comenta Jorge Verástegui, porque el gobierno no explicó si se debe a una depuración de la base de datos o a que encontraron a las personas. Si fuera lo segundo, el gobierno está fallando porque si encontró a esas personas, puede encontrar a todas las demás, afirma.

Actualmente el Centro Diocesano de Derechos Humanos»Fray Juan de Larios» de Saltillo Coahuila, tiene registrados 290 casos de desapariciones. De estos, da seguimiento a 140.

Otra situación es la de los migrantes, que vuelve transnacional el problema porque involucra a los países de origen de las personas (México y Centroamérica), el país de tránsito (México) y los países donde son desaparecidas (México y Estados Unidos). Esto implica un reto, afirma la bogada Ana Lorena Delgadillo, porque hay mucha movilidad y la búsqueda e investigación se complica. No sólo no hay mecanismos de coordinación internacional para la búsqueda e investigación de los casos, que si los familiares quieren buscar a sus desaparecidos por propia cuenta, les son negadas las visas para entrar al territorio mexicano.

¿Dónde están?

Los relatos sobre avistamientos de las personas desaparecidas son varios. El Padre Chema relata la situación de una madre que vio a su hijo y no lo reconoció hasta que éste le mostro sus cicatrices. Sin embargo, él sigue desaparecido porque no volvió a casa.

Mina relata que ella y el padre de uno de los compañeros de su hijo, ambos desaparecidos, han ido a casas de seguridad donde la gente les ha dicho que hay gente recluida. Jorge Verástegui comenta que personas que han logrado escapar de este tipo de sitios relatan cómo les tuvieron amordazados de ojos y manos, y en ese cautiverio escucharon el pase de lista de unas 40 personas.

Sin embargo, como explican la misma Mina y Rosa Angélica Lara, cuando alguien dice que vio a un familiar también es una forma para que otras personas obtengan información sobre la desaparecida.

El horizonte es la solidaridad

Para buscar una salida al fenómeno, afirma Elda Nevarez del Comité Eureka, no basta con las leyes, se deben crear los mecanismos independientes que hagan se cumplan esas leyes. Yanette Bautista, retomando su experiencia en Colombia, considera que a nivel de políticas públicas no puede haber programas chiquitos, sino que se necesitan grandes acciones para incluir a todas las personas desaparecidas.

Uno de los elementos vitales es el que plantean los familiares de personas desaparecidas cuando insisten en que debemos alejarnos totalmente de la lógica que considera a las personas como números, como afirma Lourdes Herrera. No son números, son personas que nos hacen falta a todos, familia y sociedad.

Roberto Garretón, experto chileno en materia de desaparición forzada, resalta que en México falta solidaridad. Informa que durante la dictadura militar chilena, muchos países se solidarizaron con las víctimas de desaparición forzada en ese país, lo cual no sucede ahora con México desde la comunidad internacional, pero tampoco a nivel nacional. Esto implica un derecho y una obligación por parte del pueblo mexicano y de la comunidad internacional, apunta.

Rosa Angélica Lara explica que para ella es necesario que haya más interés, porque parece que a la sociedad no le interesa porque no está pasando por esto. Cuando hacemos una marcha son mínimas las personas que se acercan. Nos destrozan el corazón. Antonieta Mandujano coincide y afirma que es necesario que la gente tome conciencia y entienda que los familiares de personas desaparecidas no somos bichos raros.

Uno de los actores más activos en la solución de las desapariciones forzadas es la sociedad civil organizada en asociaciones de familias de desaparecidas (como FUNDEEC e HIJOS) y los centros de derechos humanos, como el Fray Juan de Larios y el Juan Gerardi, en Coahuila. Nevarez afirma: si no es por nuestro esfuerzo diario, las cosas empeorarán.

Con este trabajo desde la sociedad civil se demuestra que los familiares no sólo somos dolor, somos esperanza y hacemos historia, afirma la colombiana Bautista. El trabajo de documentación, investigación y propuesta de leyes viene de quienes, como afirma Lourdes Herrera, a pesar del dolor y la enfermedad, buscan y lo hacemos como un acto de amor.

El trabajo de los medios de comunicación es igualmente importante, explica Oscar Flores Coronado, pues tienen la tarea de decir todo lo que digamos, que la gente sepa que ya no queremos más desaparecidos, que ya no podemos aguantar más.

Como parte de los esfuerzos más visibles realizados desde la sociedad civil, FUUNDEC y el GAT-Coah organizaron el Foro Internacional sobre Desaparición Forzada e Involuntaria en México del 5 al 7 de junio del 2013 en Saltillo, Coahuila. El evento es el primer foro a nivel nacional donde participan autoridades estatales y federales; organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; expertos en materia de desaparición forzada de todo el mundo y, sobre todo, familiares de personas desaparecidas, organizadas o a título individual.

Un sentimiento compartido entre los asistentes es que son los familiares quienes les hacen el trabajo a las autoridades en las tareas de búsqueda e investigación. El Foro es muestra de ello. El evento no nació como una iniciativa del estado, sino como resultado del trabajo continuado de las organizaciones para llevar a su terreno a las autoridades, explican los organizadores.

Con tres días de conferencias magistrales, mesas de trabajo y encuentros resolutivos entre autoridades, expertos y familiares, el foro se constituyó en un espacio de aprendizaje para los familiares de desaparecidos, que escucharon, preguntaron, cuestionaron y propusieron para encontrar a sus desaparecidos y revertir un camino de dolor.

Publicado el 10 de junio de 2013.