Galicia. Un juicio de carácter político se realiza contra cuatro independentistas gallegos, acusados de tener relación con sabotajes. Lo que persigue la Fiscalía para el 24 y 25 de junio no es sancionar a personas concretas por infringir el Código Penal, sino sembrar el miedo sobre un pueblo en el que aún florece la insumisión a las políticas económicas, sociales y culturales que Madrid impone.

El juicio se realizará en la Audiencia Nacional. Los cuatro independentistas gallegos llevan año y medio en prisión preventiva bajo régimen cerrado y dispersos en diferentes cárceles del Estado español, a una media de 780 kilómetros de Galicia. Están acusados de tener relación directa con diferentes sabotajes que, desde hace más de una década, se produjeron en Galicia como expresión armada de resistencia a la opresión española.

A Eduardo Vigo y Teto Fialhega se les imputa el transporte y almacenamiento de artefactos explosivos y falsificación de documentación oficial, mientras a Antom Santos y a Maria Osório se les acusa de falsificación de documentos. La policía española ve en estos delitos indicios de pertenencia a una organización que practica la lucha armada. Eduardo y Teto se enfrentan a una petición de 20 años de prisión, mientras que para Maria y Antom piden 12 años. En cualquier Estado de derecho, son peticiones fiscales desorbitadas para personas que no atentaron contra la vida, la salud o la integridad de las personas. Teto Fialhega y Eduardo Vigo se enfrentan a una pena de cárcel equivalente a una condena por asesinato con ensañamiento (de 15 a 20 años según el artículo 139 del Código Penal). A Maria Osório y Antom Santos la pena de cárcel que se les imputa equivale a una condena por violación (de 6 a 12 años según el artículo 179 del Código).

El juicio reviste un carácter claramente político, pues se quiere proteger la viabilidad y la continuidad del proyecto colonizador y neoliberal de España en Galicia. Mediante manipulaciones mediáticas, tribunales especiales y condenas excepcionales, lo que se juzga es la resistencia popular gallega frente a la opresión española, un ejemplo peligroso que en la lógica represiva del Estado merece ser castigado con más severidad que el asesinato o la violación.

Fórmulas jurídicas para un castigo político

La fórmula de “pertenencia a banda armada” es la herramienta jurídica que la legislación de excepción española creó para castigar, de forma especialmente severa, la utilización de la violencia política. Sin embargo, la resistencia violenta a la represión de España no tiene como protagonista a una organización que reclame para sí el monopolio de la respuesta armada en Galicia.

En la última década, las medidas de corte neoliberal provocaron descontento, movilización y protestas populares que los gobiernos españoles intentan contener a través del endurecimiento de su aparato represivo, en una acción policial, judicial y propagandística conjunta. Por ello, en un momento en el que la institucionalidad está cada día más deslegitimada, la Fiscalía quiere aplicar la máxima severidad de su Código Penal, aunque que para eso tenga que distorsionar la realidad. El gobierno prefiere forzar la realidad para hacerla entrar en el actual Código Penal, y no modificarlo para adaptarlo a la situación de la lucha gallega (algo que sí hizo en el País Vasco).

Una eventual condena por pertenencia a banda armada supondrá un castigo desorbitado para los militantes juzgados el 24 y 25 de junio, además de un aviso claro para quien no respete el monopolio español de la violencia. Políticamente, su intención es “devolver las cosas a su sitio”, haciendo que las personas que practican la resistencia armada reciban un castigo excepcional, con penas desproporcionadas que sirvan como ejemplo para que nadie vuelva a considerar la posibilidad de abandonar las formas de lucha delineadas y toleradas por España.

Si son condenados por pertenencia a banda armada, el Reino de España abrirá la puerta a la aplicación de los artículos más duros de las legislaciones antiterroristas en Galicia y, por tanto, a la criminalización e ilegalización sistemática de colectivos y organizaciones que para el Estado son sospechosos de colaborar con la “banda armada”.

El juicio del 24 de junio tiene claramente un carácter político, porque lo que persigue la Fiscalía no es sancionar a personas concretas por infringir el Código Penal, sino sembrar el miedo sobre un pueblo en el que aún florece la insumisión a las políticas económicas, sociales y culturales que Madrid impone.

Si el enemigo quiere hablar de terror, hablemos de un país en el que cada vez más gente vive en la incertidumbre de no saber si mañana podrá pagar la vivienda o el alimento, y en el que cada año se consumen más de siete millones de cajas de ansiolíticos y antidepresivos. Si España quiere hablar de violencia, saquemos a la luz el robo de las cajas a los ahorradores gallegos, o el desahucio de miles de familias gracias a la entente de políticos, policías, jueces y banqueros; la impunidad de unos cuerpos represivos reiteradamente denunciados por todo organismo de defensa de los derechos humanos que existe en el mundo; o el complejo, la vergüenza y la indefensión inducida en niños y niñas gallegas para que nunca más se les vuelva a hablar en gallego. Y si pretenden hablar de explosivos, hablemos de los que utilizan las industrias de la construcción o de la minería para hacer explotar nuestra tierra en mil añicos, acabando para siempre con la fertilidad de un territorio que, pudiendo dar de comer a todo un pueblo, es convertido en comida rápida para especuladores.

El objetivo esencial de la represión es provocar el miedo y la parálisis. El movimiento solidario tiene que buscar exactamente lo contrario. En la misma situación, otros seis independentistas esperan juicio, dos están en prisión preventiva y cuatro en libertad provisional.

El del 24 y el 25 de junio no es un juicio sólo contra los acusados, sino también contra todas aquellas gallegas y gallegos que no se resignan a lamer dócilmente los pies de quien nos maltrata. Aunemos todas las fuerzas y visiones en defensa de Antom, Edu, Maria y Teto. Hagamos de este juicio un síntoma de vivir en un país oprimido por un reino sin democracia.

Publicado el 24 de junio de 2013