San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La notoriedad alcanzada por la lucha de Alberto Patishtán Gómez para conseguir su libertad ha impedido que el crimen que dio origen a su personal desgracia de 12 años en prisión (y 48 más que le faltan, según su sentencia) fuera olvidado, lo cual de seguro contraría a muchas autoridades, al menos estatales, desde 2000 hasta el presente, tras cuatro gobernadores de, literalmente, todos los partidos. ¿Qué sucedió la mañana del 12 de junio de 2000 en el paraje Las Lagunas de Las Limas, Simojovel? ¿Cuál pudo ser el móvil de los perpetradores? ¿Qué estaba sucediendo ahí por esos días?
El asesinato de siete policías el comandante estatal Francisco Pérez Morales, cinco agentes bajo sus órdenes y el comandante municipal de El Bosque, Alejandro Pérez Cruz, representaba un hecho de enorme gravedad. Hoy tal vez nos hemos acostumbrado a noticias de ese calibre, pero en ese entonces, incluso para el Chiapas militarizado y paramilitarizado, resultaba extraordinario. Ocupó por supuesto todos los titulares periodísticos del día siguiente.
En tres semanas más se celebrarían los comicios en los que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría de perder la Presidencia, y en agosto la gubernatura. El presidente Ernesto Zedillo, histórica y personalmente involucrado con el desarrollo de la guerra contra los indígenas de Chiapas, en general, y de los de El Bosque, en particular, se disponía a visitar la entidad el martes 13 para inaugurar una carretera en la selva Lacandona, pero suspendió la gira. El candidato priista a gobernador, Sami David, hizo lo propio. El Ejército federal envió centenares de efectivos, ocupó el lugar de la emboscada, la cabecera municipal, los caminos, e incursionó enseguida en las comunidades zapatistas. Sin embargo, la primera hipótesis de la Secretaría de la Defensa Nacional fue que podía tratarse de una célula del Ejército Popular Revolucionario (EPR) (La Jornada 13/06/2000), algo que sorprendió pues ni entonces, ni nunca, éste tuvo presencia en la zona.
Más creíble pareció la hipótesis, el mismo día, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), esa sí con presencia histórica en la región: pudieron ser paramilitares del Mira (aunque visto en perspectiva, el grupo paramilitar en El Bosque, temible y letal, era conocido como Los Plátanos por el nombre de la comunidad donde se asentaban, junto con policías judiciales, desde donde habían salido el 10 de junio de 1998 para participar en la masacre de zapatistas en Unión Progreso; en Los Plátanos, este reportero presenció, meses antes de la emboscada, una quema mediática de plantíos de mariguana con la pretensión, a la postre fallida, de culpar al EZLN).
La policía federal habló inicialmente de narcotraficantes; no era ningún secreto el trasiego de mariguana procedente de Huitiupán.
La masacre fue un lunes. El sábado previo los zapatistas habían conmemorado el segundo aniversario de la ocurrida en Unión Progreso y Chavajeval y el encarcelamiento de las autoridades autónomas de San Juan de la Libertad. Diego Cadenas, entonces joven abogado del Frayba, declaró a La Jornada el día de la emboscada que ese 10 de junio, cuando viajaba a Unión Progreso para participar en los actos religiosos por el segundo aniversario de la masacre de 1998, en los retenes militares de Puerto Caté y San Andrés Larráinzar los militares le dijeron que estaban suspendidas las garantías individuales. No era sí.
Dos días después, un comando de entre 10 y 15 individuos, con parapetos construidos y armas de alto poder, emboscó eficazmente la pick up verde oscuro en que se trasladaban, procedentes de Simojovel, ocho policías y el chofer oficial del ayuntamiento de El Bosque, menor de edad e hijo del alcalde Manuel Gómez Ruiz. Gravemente heridos, el joven Rosemberg Gómez Pérez, quien conducía el vehículo con los dos comandantes en la cabina, y el agente de Seguridad Pública Belisario Gómez Pérez en la góndola con sus compañeros de corporación, habrían sido dados por muertos por los atacantes, y al sobrevivir devendrían los únicos testigos presenciales.
La Jornada informaba también que en lo que iba de 2000, esta era la octava emboscada; los ataques ya habían dejado 20 muertos y un número igual de lesionados. Los policías caídos en Las Lagunas fueron Francisco Escobar Sánchez, Rodolfo Gómez Domínguez, Guadalupe Margarito Rodríguez Félix, Arbey Vázquez Gómez y Francisco Pérez Mendoza. Dos de ellos todavía hoy son recordados por sendas cruces de cemento en la curva donde fueron acribillados. Se contaron 85 impactos de AK-47 y R-15.
El EZLN se deslinda e investiga
Al día siguiente de la emboscada, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN se pronunció con un breve comunicado: De acuerdo con los datos, el ataque fue realizado con tácticas de narcotraficantes, paramilitares o militares. El uso del llamado tiro de gracia es recurrente en estos grupos armados. El ataque se realizó en una zona saturada de tropas gubernamentales (Ejército y policía), en la que es muy difícil que se pueda movilizar un grupo armado sin ser detectado y sin la complicidad de las autoridades. El grupo atacante contaba con información privilegiada sobre los movimientos y número de personas emboscadas. Dicha información sólo podría ser obtenida por gente del gobierno o cercana a él.
La comandancia rebelde señalaba: El EZLN está investigando para esclarecer la identidad y motivos del grupo atacante. Todo apunta a que fueron del gobierno (o con el auspicio gubernamental) las personas que realizaron la agresión, ya que así tendrían el pretexto para aumentar la militarización en Chiapas, y para justificar el ataque a comunidades zapatistas o al EZLN. Es de notar que este hecho refuerza el clima de inestabilidad con el que amenaza el candidato oficial si no gana.
Franca provocación o no, el hecho violento es ya un argumento para aumentar la presencia militar en todo el estado, incluso en zonas muy alejadas del lugar de la agresión, añade el comunicado (13/6/2000), detallando que en las últimas horas se han reforzado aún más los cuarteles federales de Guadalupe Tepeyac, en Las Margaritas; Cuxuljá, en Ocosingo; Caté, en El Bosque, y las cabeceras municipales de Simojovel y El Bosque. Así mismo se ha incrementado el número de aeronaves artilladas y de sus sobrevuelos en las zonas Altos, selva y norte. Y finalmente, el EZLN se deslinda de este acto y hace un llamado a la opinión pública para que no se deje engañar.
La captura de Patishtán
No obstante, el gobierno estatal de Roberto Albores Guillén, a través de su procurador Eduardo Montoya Liévano, impulsó enseguida la hipótesis de que los atacantes pudieron ser zapatistas, en presunta venganza por la masacre contra ellos ordenada por el propio Albores Guillén dos años atrás, aunque también reconoce que pudieron ser asaltantes. El convoy atacado, se dijo, patrullaba para combatir gavilleros.
El senador Carlos Payán Velver, miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), propuso que la instancia legislativa viajara a la entidad, pues la situación era grave y crítica. El diputado Gilberto López y Rivas, también de la Cocopa, señaló que aquello tenía visos de una provocación de los paramilitares que se fomentan desde el gobierno mismo del estado (La Jornada 14/6/2000).
En la misma fecha, Víctor Manuel Pérez López, dirigente de la CIOAC, reveló que el gobierno de Chiapas armó y financió en 1997 a disidentes del Partido del Trabajo para combatir al fugaz gobierno municipal de dicho partido y la CIOAC. Cualquiera en la zona sabe quiénes son, dijo, y que una vez cumplido el objetivo de devolver al PRI la alcaldía, estos se dedicaron al asalto y el narcotráfico. Actúan, añadió, en completa impunidad, en pleno día, aun cuando militares y policías realizan patrullajes frecuentes.
Para entonces, en dos emboscadas previas, habían sido asesinadas cuatro personas, según la CIOAC bases zapatistas. El 13 de enero, en el camino a Chavajeval, fue asesinado Martín Sánchez Hernández por encapuchados fuertemente armados, y luego, el primero de febrero, Rodolfo Gómez Ruiz, Lorenzo Pérez Hernández y Martín Gómez. Todos tzotziles.
Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) acusaron de negligencia al secretario de Gobierno Mario Lescieur Talavera, y dijeron que la emboscada serviría de pretexto para el arribo de más elementos de la Policía Federal Preventiva. Los tanques, helicópteros y artillería del Ejército federal ya habían llegado.
El episodio se salía de cauce. Urgía un control de daños. El gobierno creyó lograrlo, así que el presidente Zedillo pudo viajar el 19 de junio a Marqués de Comillas para inaugurar su carretera. Ese mismo día, en la cabecera municipal de El Bosque, el Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP) capturaron, sin mostrar orden de aprehensión, al maestro Alberto Patishtán Gómez. Un grupo de pobladores, identificados como miembros del PRI, visiblemente conmocionados (La Jornada, 20/6/2000), solicitaron la intervención del Congreso estatal, sostuvieron que el detenido era inocente, se deslindaron de los hechos violentos del 12 de junio, y argumentaron no estar armados ni pertenecer a ningún grupo paramilitar. No les hicieron caso, antes bien los amenazaron.
Patishtán permaneció un mes ilegalmente arraigado en el hotel Safari de Tuxtla Gutiérrez. Sus familiares, amigos y correligionarios ocuparon la presidencia municipal y demandaron la liberación del profesor. Ni siquiera su propio partido los respaldó. Y no sólo eso. El entonces diputado priista Ramiro Miceli Maza, compadre del alcalde, o sea padrino de bautizo del joven Rosemberg, resultó pieza clave para amedrentarlos e inculpar al maestro y líder comunitario, quien terminó encarcelado en el penal de Cerro Hueco.
También aquel 19 de junio, al pronunciarse respecto a los inminentes comicios del 3 de julio de 2000, el subcomandante Marcos escribió: Mientras tanto, acá estamos temblando. Y no porque el croquetas Albores haya contratado al Alazraki para que le levante su imagen (probablemente Albores ya busca chamba en la promoción de alimento para perros), ni por los seiscientos mil dólares que le va a pagar (con dinero destinado originalmente a resolver las condiciones de pobreza y marginación de los indígenas chiapanecos, Zedillo dixit). Tampoco por los ladridos del cachorro Montoya Liévano (más que ahora está nervioso porque ya se está descubriendo que fueron sus muchachos es decir, sus paramilitares los responsables del ataque a la Seguridad Pública en El Bosque, el pasado 12 de junio). No, estamos temblando porque estamos empapados por la lluvia. Y es que, entre helicópteros y tormentas, no encuentra uno buen techo.
Ahora contra los zapatistas
El 10 de julio siguiente, pasados los comicios federales, un mes después de la emboscada, la policía estatal detuvo en Bochil a dos bases de apoyo del EZLN residentes de Unión Progreso, acusándolos de participar en el crimen. Ello, aunque la Procuraduría General de la República sostenía que los atacantes habían sido un grupo de priistas disidentes, entre ellos Patishtán; estos cruzaban acusaciones con el alcalde Manuel Gómez Pérez, a quien impugnaban desde meses atrás por su escandalosa corrupción.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tenía sus propias líneas de investigación. Recurriendo a la policía destacada en Los Plátanos, que sabe de eso, las autoridades sembraron magras evidencias de delito en dos indígenas de Unión Progreso (La Jornada, 15/7/2000). Uno de ellos, Salvador López González, torturado e interrogado sin traductor, firmó una declaración inculpatoria ad hoc y fue encarcelado. En prisión se encontró con su coacusado: Patishtán. Sin conocerse siquiera, ambos cargaron con todo el peso de la emboscada.
La Jornada informó desde Unión Progreso: El destacamento policiaco que detuvo a los zapatistas ha tenido a la vista, durante largo tiempo, los cultivos de mariguana que hay en Los Plátanos. La violencia interna en esa población, controlada por un conocido grupo paramilitar, ha servido siempre de pretexto para acusar y atacar a los vecinos zapatistas. Según el representante de Unión Progreso, nos acusan de lo que ellos hacen. El Ejército federal ha ingresado a Los Plátanos para destruir estos plantíos, los únicos detectados en la región. Al menos en dos ocasiones, aunque sin detenidos.
Salvador y su hermano Manuel fueron agarrados el 10 de julio; sus familiares declararon: Los de Seguridad Pública (SP) los golpearon, descalzaron y desnudaron, y dejaron inconsciente a Salvador. Con los detenidos se encontraban un niño (que lloraba mucho) y un adolescente, quienes vinieron a avisar que a los compañeros se los habían llevado.
Como los captores no eran de Bochil sino de El Bosque, alquilaron la cárcel un rato. Enseguida los detenidos fueron remitidos a Cerro Hueco. Los de la Secretaría de Seguridad Pública (SP) les pusieron un puñito de mariguana y un puñito de bala y les robaron 28 cajas de refrescos. Manuel sería pronto liberado.
Exactamente un mes atrás, el 10 de junio, horas antes de la matanza de policías, la SP acantonada en Los Plátanos interceptó una camioneta de Unión Progreso. El chofer era el mismo Salvador. Lo interrogaron sobre una lista de nombres. Desde entonces querían culpar a los compañeros, declaró un representante de su comunidad: No sabemos cuántos están en la lista. A lo mejor estamos acusados todos. (Curiosamente, casi con las mismas palabras habían expresado su respectivo temor los correligionarios de Patishtán cuando éste fue detenido).
Con dos chivos expiatorios tan disímbolos como Alberto y Salvador, el caso comenzaba a ser resuelto, o al menos olvidado por los medios nacionales.
Cuando detuvieron al profe Patishtán, nadie lo creyó
Desde el primer día, 19 de junio de 2000, dijimos que Alberto Patishtán estaba secuestrado, recuerda el también maestro Martín Ramírez López, uno de los que no han dejado de sostener, durante 12 años y nueve meses, la inocencia del profe en relación a la emboscada en que murieron siete policías, en una pronunciada curva de la carretera al norte, que lleva a Simojovel, a 10 minutos de esta cabecera municipal, el 12 de junio de aquel año. El mismo paraje ya había sido escenario de asaltos y homicidios en los meses previos.
Resulta útil ir más allá de la reconstrucción forense de la matanza (y el robo de unas armas que nunca aparecieron), y de la relación cronológica entre los hechos y las actividades de Patishtán ese día, con testigos consistentes que lo ubican en Simojovel y Huitiupán; con excepción de uno, Rosemberg Gómez Pérez. Éste, herido y entre cadáveres, identificó por la voz, según su declaración ministerial del 15 de junio, a uno de los atacantes armado y encapuchado, que le habría ahorrado el tiro de gracia inexplicablemente, y resultó ser el maestro bilingüe, importante crítico y público opositor de su papá, el entonces alcalde Manuel Gómez Ruiz; sí, el líder comunitario de integridad reconocida hasta por quienes, fuera del PRI, estaban entonces en la resistencia, como era el caso del profesor Martín y muchos más.
Patishtán acababa de acudir a la capital del estado, con un grupo de indígenas, a demostrar con documentos la corrupción imperante en el ayuntamiento de este municipio. Tenía una jefatura magisterial y organizaba con respaldo de distintos barrios de la localidad una de aquellas sociedades productivas oficialistas denominadas triple S, o SSS. Cuando lo detuvieron, nadie lo creyó, recuerda Ramírez López. Centenares de personas salieron a la calle, ocuparon la alcaldía y mandaron una delegación a Tuxtla Gutiérrez, de paga (eran priístas), que fue neutralizada por el gobierno, y otra de voluntarios, que sí presionó, logró una minuta sobre su liberación, y el plantón se levantó.
El gobernador Roberto Albores Guillén prometió que liberaría al profesor. Al no cumplir, los indígenas insistieron, y se les amenazó con culparlos también del crimen. Vieron que estaba duro, vino el miedo. Muchos se echaron atrás. Con la amenaza del presidente municipal salieron corriendo, refiere Ramírez López. Éramos unos seis maestros que seguíamos insistiendo, junto con la esposa de Patishtán. Al paso del tiempo, ella se cansó y lo abandonó, pero eso ya es parte del daño personal causado por los años de cárcel que siguieron.
En mayo de 2000, un mes antes de la emboscada en un paraje de Las Limas, municipio de Simojovel, los priistas inconformes entregaron un documento que sólo pudo ser escrito por Patishtán, y el edil lo vio como un peligro. Según el profesor Martín, ya estaba a punto de caer, ya no bastaba la protección del diputado Ramiro Miceli Maza ni del gobierno de Albores Guillén. Así que lo salvó la masacre, y más aún la aprehensión de su principal crítico y denunciante. El peligro era Patishtán, no el movimiento opositor. Preso él, la protesta se vino abajo.
El desaseo ministerial en las primeras declaraciones que lo inculpaban (del policía sobreviviente Belisario Gómez Pérez y el joven Rosemberg, del alcalde y de otro profesor, Martín Gómez Culebro, 14 y 15 de junio), así como las de policías municipales a quienes se indujo abiertamente la mención de Patishtán como atacante, y aún la declaración del diputado Miceli Maza (19 de junio, día de la aprehensión del acusado), no impidió que se dieran por buenas en los tribunales. Y se estiraron milagrosamente para inculpar, un mes después, al transportista base de apoyo del EZLN Salvador López González.
La gente aquí siempre supo que Gómez Culebro se prestó a falsificar sus declaraciones por órdenes del presidente municipal. Ya luego él ha dicho que nunca declaró, que le inventaron todo, comenta Ramírez López.
El Bosque es un pueblo relativamente pequeño. Todos se conocen. Actualmente, el ex alcalde Gómez Ruiz y su hijo Rosemberg viven enfrente de la familia Patishtán. La madre de Alberto, María, prima hermana de Gómez Ruiz, es una persona muy enferma y no participa mucho en el movimiento actual por la liberación de su hijo, que en El Bosque cuenta con centenares de seguidores, empezando por los hermanos de María, Carmen, Julia, Manuela, Demetrio de Jesús y Juan, todos Gómez Gómez, y sus cuñadas Andrea y María. Los respaldan la mayor parte del magisterio oficial, las iglesias, comerciantes, familias, incluso niños y jóvenes que no conocen todavía al profe.
Muchos recuerdan, por ejemplo, cómo era Rosemberg antes de la emboscada que sobrevivió. De 15 o 16 años, un intocable. Llevaba una escolta en todas las fiestas y ferias a las que gustaba ir. Por eso andaba siempre con los policías, bien cuidadito, comenta otro miembro del movimiento ciudadano de El Bosque que insiste en la inocencia del profe. Comienzan a llegar varios indígenas, campesinos y mujeres con su hermosa vestimenta tradicional, para una reunión en el sitio donde Ramírez López habla con La Jornada.
La Jornada recogió aquí hace algunos años un testimonio según el cual el propio Rosemberg, al calor de las copas, habría expresado arrepentimiento por lo que le hicimos al profesor (su primo, por cierto), confesando incluso que por su declaración fue recompensado con una camioneta nueva.
Grandes promesas y olvido
Cuatro gobernadores (Albores Guillén, Salazar Mendiguchía, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello) se han pronunciado por la liberación del profe. Dicen casi las mismas frases, las tienen memorizadas, como los niños el Himno Nacional, ironiza Ramírez López, mientras llega a la reunión Manuel, hermano de Alberto Patishtán. Todos dicen estar de acuerdo. ¿Hacen algo? No cumplen. ¿Para qué hablan entonces?
Acelerando este relato, cabe mencionar que el zapatista Salvador López González fue liberado durante el mandato de Salazar Mendiguchía quien como candidato se comprometió a liberar a Patishtán; heredaba de Albores Guillén y el gobierno zedillista muchos presos del EZLN, y terminó liberándolos a todos. Así resultó que un acusado por la matanza de policías fue liberado con base en inconsistencias y contradicciones en las declaraciones ministeriales del segundo sobreviviente, Belisario Gómez Pérez. Lo que los jueces consideraron insostenible para el caso de Salvador lo dieron por bueno para condenar reiteradamente entre 2002 y 2004, más allá de amparos y apelaciones, al profesor, intachable líder comunitario (según incontables testimonios), y hoy activista de los derechos humanos en las prisiones chiapanecas.
Posteriormente, el ex policía Belisario, al igual que las viudas de los demás policías, desaparecieron de la escena, y ni siquiera hay constancia de que hayan sido indemnizados adecuadamente. La Jornada ubicó al primero para este reportaje, pero considerando su situación actual en la localidad donde se encuentra, se optó por no buscarlo en esta ocasión.
¿Por qué sigue preso Patishtán?
Al menos desde 2007, una pregunta ronda entre abogados, obispos, activistas de derechos humanos y observadores del proceso jurídico de Alberto Patishtán Gómez: si es tan abrumadora la evidencia de que él no participó en la emboscada que costó la vida de siete policías entre El Bosque y Simojovel el 12 de junio de 2000, ¿por qué sigue preso, condenado a 60 años? Si casos más flagrantes, pero con procesos basados en montajes y prácticas ilegales, al ser confrontados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivaron en la libertad de criminales capturados in fraganti o incluso confesos, ¿qué muralla impide que el profe salga libre? ¿A quién beneficia su encarcelamiento? ¿A quién afectaría su absolución?
¿Por qué no surtió ningún efecto el interés expresado por Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, quien en dos ocasiones recibió en Los Pinos a familiares de Patishtán y les aseguró que haría lo posible por lograr la justicia para el profesor? Ya no se diga el abundante respaldo internacional.
Según se desprende de la reconstrucción periodística de lo ocurrido hace cerca de 13 años en un paraje carretero en el norte de los Altos de Chiapas (La Jornada, 22 y 23 de marzo), y los efectos subsecuentes la fabricación de cargos, el desaseo policiaco y ministerial, la coacción contra cualquier resistencia, habría que empezar buscando en el gobierno estatal a la sazón. Aunque por la gravedad de los delitos imputados se trata de un caso federal, su elaboración judicial y administración posterior han corrido a cargo de autoridades estatales, salvo el periodo en que Patishtán fue enviado a un penal federal en Guasave, Sinaloa, por solicitud del secretario de Gobierno sabinista, y ahora velasquista, Noé Castañón León.
En 2000, el mandatario estatal, interino de otro interino, era Roberto Albores Guillén, quien llegó al cargo después de la matanza de Acteal. Para el tiempo de la masacre de sus agentes, tenía ya graves cuentas pendientes con el municipio oficial El Bosque y el autónomo San Juan de la Libertad. Semanas después del crimen, su partido, el PRI, perdió las elecciones. No obstante, nunca dejó de tener poder, pese a los pobres intentos de su sucesor, Pablo Salazar Mendiguchía, por investigarlo. Con la llegada de Juan Sabines Guerrero, Albores Guillén recuperó espacio y pudo ver preso a su sucesor. Hoy, su hijo, del mismo nombre, es senador de la República, miembro de la Cocopa y precandidato precoz para gobernador.
El actual secretario de Gobierno, Noé Castañón León, a cargo de la política interna de la entidad desde hace cuatro años, miembro del grupo político de Albores Guillén y padre del actual líder del Congreso estatal, del mismo nombre, presidía el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) durante la captura, proceso y reclusión definitiva de Patishtán. Como magistrado, también apoyó la remunicipalización de facto en las llamadas zonas de influencia del EZLN. Se le recuerda como uno de los orquestadores de las deserciones de presuntos zapatistas (impostores y hasta delincuentes), con todo y entrega de armas, en horario estelar televisivo entre 1999 y 2000, en escenarios naturales.
El actual secretario de Gobierno ocupó la titularidad del STJE de 1995 a 2001. Años turbulentos en Chiapas. Sobrevivió a tres gobernadores (Javier López Moreno, Julio César Ruiz Ferro y Albores Guillén); el cuarto, Salazar Mendiguchía, antes del primer año de su gobierno lo acusó de peculado, abuso de confianza y otros delitos que habría cometido durante la administración precedente. No prosperaron las cuatro averiguaciones previas que le iniciaron, pero fue destituido y dejó la entidad en diciembre de 2001. Volvería como secretario de Gobierno de Sabines Guerrero en 2009, cargo que conserva con Manuel Velasco Coello.
Habiendo estado a la cabeza de los tribunales chiapanecos antes y después de los hechos en Simojovel y El Bosque, los abogados de Patishtán se preguntan si no implica algún conflicto de intereses su actual posición como responsable estatal de la política interna, toda vez que la revisión del caso será decidida próximamente por un tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez. Ha mostrado interés particular en el caso. Según documentó el Frayba, el funcionario tramitó el traslado de Patishtán al penal de alta seguridad en Guasave (pedía las islas Marías) para sacarlo de ser el vocero de una huelga de hambre que realizaban los presos de la otra campaña en octubre de 2011.
Serie de reportajes publicados en La Jornada por el autor los días 23, 24 y 25 de marzo de 2013.
Publicado el 1 de julio de 2013
