Altamira, Brasil. Cerca de 200 indígenas que habitan los ríos Xingu, Tapajós y Teles Pires, afectados por la construcción de plantas hidroeléctricas, ocuparon por una semana el mayor sitio de la obra de la presa Belo Monte para reivindicar la reglamentación de la consulta previa y la suspensión inmediata de todas las obras y estudios relacionados con las presas de los ríos donde viven. La autoridad ordenó su desalojo el 10 de mayo, pero ellos salieron antes.

En conjunto con un centenar de habitantes munduruku de las villas de Jacareacanga y Itaituba, en el oeste de Pará, indígenas juruna, kayapó, xipaya, kuruaya, asurini, parakanã y arara, además de pescadores y ribereños de Volta Grande do Xingu, llegaron al local de construcción el 2 de mayo -en el municipio de Vitória do Xingu, a 50 kilómetros de Altamira- y paralizaron el trabajo de cerca de 6 mil obreros del sitio.

Militares de las Rondas Ostensivas Tácticas Metropolitanas (ROTAM) ya estaban en el local cuando los indígenas llegaron. Un agrupamiento de la fuerza de choque también fue enviado al sitio. No hubo confrontación.

“Nuestra selva y nuestro río son uno de los últimos patrimonios de Brasil. Es triste pensar: ¿Por qué tantas presas en un solo río?”, cuestiona Saw Exebu, portavoz del cacique general de los munduruku. Es la primera vez que Saw ve la construcción de una presa en persona. “Veo el peso de esta obra. No queremos que eso suceda en nuestras tierras. Nosotros no queremos que se construyan presas en nuestra casa”, afirma.

Para Saw, el gobierno quiere construir esas obras como si no hubiera vida en los lugares y resalta que “en verdad, aunque pueda haber desierto, también ahí hay vida, y hay que respetarla”. El munduruku recuerda las enseñanzas de sus antepasados sobre la naturaleza: “el no indio no entiende nuestro mundo y nuestra visión. El blanco viene y dice ‘el indio ya tiene demasiada tierra, el indio es flojo, no es productivo’. Nosotros entendemos que la naturaleza no existe para que acumulemos grandes riquezas. Aprendemos con nuestros antepasados. Sabemos que tiene que ser respetada, que un árbol es útil para nosotros, que el río es importante, la naturaleza, los animales, pequeños insectos. Nosotros dependemos de ella. La selva nos da vida, nos da alimento. Por eso decimos que la naturaleza es nuestra madre”.

La sabiduría de Saw es confrontada cuando sus ojos recorren el sitio de la presa. “La sociedad del no indio no comprende, no puede entender que tenemos nuestros propios alimentos, no tenemos supermercados, centros comerciales, no tenemos universidades. Tenemos la naturaleza, ella es quien nos enseña y nos da todo”, añade.

El portavoz cree que, con la construcción de las presas, los munduruku perderán, además de la naturaleza, parte de sus tierras. “Nuestros antepasados cuentan que nuestras tierras iban de Belém hasta las cabeceras del río Tapajós. Era grande nuestro mundo. Nosotros tuvimos demasiadas pérdidas de tierras. Ya estuvo bueno”, defiende.

Alianza

“Los munduruku tenemos una leyenda que dice que no debemos luchar solos. Por eso vinimos hasta acá, junto con nuestros parientes del Xingu, a hacer una alianza. La población indígena y el pueblo de todo Brasil tienen que hacer esta alianza para combatir los proyectos que nos quitan nuestros territorios. El gobierno tiene que respetarnos”, afirma Saw.

Los munduruku viajaron cerca de 900 kilómetros hasta la presa de Belo Monte. “Vinimos hasta aquí para hacer alianzas, para luchar contra los planes del gobierno de violar los derechos de los indígenas. Aquí es el momento de reivindicar, porque nadie nos escucha. Es nuestro derecho el de ser escuchados”.

Luis Gonzaga, indígena xipaya y vecino de Volta Grande do Xingu, el tramo del río más afectado por la obra, subraya la alianza establecida entre los pueblos indígenas de los ríos Teles Pires, Tapajós y Xingu. “Nosotros nos juntamos aquí, pedimos el apoyo de los parientes munduruku para unirnos y luchar juntos. La situación no es mala sólo para nosotros aquí en el Xingu. Allá también están intentando construir presas, en el río Tapajós. Ellos vinieron para acá para que podamos luchar juntos, así como nosotros estamos listos para luchar en casa con ellos”, concluyó.

Sobre las acusaciones de que los munduruku están declarando la guerra contra el Estado brasileño, el portavoz es enfático. “Nosotros sólo queremos nuestros derechos. Nuestro pasado de cazadores de cabezas ya pasó. Nuestra lucha ya no se hace así, y los modos de los blancos también cambiaron mucho. Hoy nosotros sólo queremos ver nuestros derechos garantizados por la Constitución”, explica Saw.

Cerca de 2 mil trabajadores aplaudieron a un grupo de indígenas que fue a sus alojamientos a dialogar con ellos. “Los trabajadores que viven en los alojamientos nos apoyan”, afirma la segunda carta de los indígenas.

“Los obreros nos dieron decenas de testimonios sobre problemas que viven aquí. Son solidarios con nuestra causa y nos entienden. Tanto ellos como nosotros estamos en paz y queremos que los trabajadores sean llevados para la ciudad. El consorcio constructor Belo Monte necesita viabilizar la retirada de los trabajadores a corto plazo y garantizar abrigo para ellos en la ciudad”, afirma el documento.

Engañados

Según Gonzaga, los indígenas se sienten engañados por el gobierno federal. “El gobierno miente, y mucho, sobre nuestra situación aquí. Nos miente a nosotros en las reuniones y miente a la sociedad. Ninguna promesa se cumplió. No fuimos consultados. No es como el gobierno lo pinta. ¿Y por qué sólo escuchan al gobierno?”, pregunta.

Policías acompañaron al asesor de la Secretaría de Articulación Social de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Avelino Ganzer, hasta el sitio ocupado. Ganzer presentó a los indígenas la propuesta de que una comisión definida por ellos se reúna en Altamira el 6 de mayo con un grupo interministerial. Los indígenas rechazaron la propuesta y exigieron la presencia del grupo en el sitio de construcción ocupado, de modo que todos puedan participar de la negociación.

“Si quieren platicar, que vengan hasta aquí. No iremos a Altamira. Ya fuimos muchas veces detrás del gobierno y ahora queremos que ellos vengan hasta nosotros”, declaró Valdenir Munduruku.

Los indígenas reafirmaron que ocupan el sitio de construcción para exigir consulta previa, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la suspensión de las obras y y licitaciones en curso y el fin de operaciones policiacas en tierras indígenas. Entre las exigencias está también que la empresa retire a los trabajadores de los alojamientos –5 mil trabajadores duermen en el mismo sitio de construcción de la planta.

Incongruencias jurídicas

La Justicia Federal negó un pedido de la concesionaria Norte Energía para recuperar la posesión del sitio de construcción ocupado. La decisión consideró que “la desocupación impone uso de la fuerza policiaca, lo que representa riesgo de muerte para los supuestos indios y para los profesionales que participarían en el acto, incluso considerando la anunciada presencia de mujeres y niños”, y consideró que la pérdida financiera alegada por Norte Energía “no es razonable” ante la posibilidad de confrontación por parte de las fuerzas policiacas.

Para el juez Sérgio Wolney, autor de la decisión, “la cuestión indígena y los impactos sociales de la construcción de la hidroeléctrica generan la necesidad de tomar precaución en el uso de decisiones unilaterales y de la fuerza para cumplirlas”. La decisión exige que la Fundación Nacional del Indio (Funai) intermedie la negociación con la concesionaria, y que el Ministerio Público Federal y la Policía Federal apuren los hechos.

Otra decisión judicial, sin embargo, camina en sentido opuesto. En el día internacional de la libertad de prensa, 3 de mayo, se impidió que tres reporteros cubrieran la ocupación del sitio de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. La jueza Cristina Sandoval Collier, de Altamira, aprobó el pedido del Consorcio Constructor Belo Monte (CCBM) de recuperar la posesión contra los no indígenas que estaban en el lugar.

Los tres periodistas – Lunaé Parracho, fotógrafo de Reuters; Ruy Sposati, periodista del Consejo Indigenista Misionero (CIMI); y François Cardona, corresponsal de Radio France Internationale (RFI) en Brasil – hacen la cobertura diaria de los acontecimientos que involucran la acción de los indígenas contra la construcción de grandes presas que afectan sus territorios. Dos de ellos fueron retirados por cerca de cien hombres de la Policía Federal, Fuerza de Choque, ROTAM y Fuerza Nacional, y al tercero lo multaron con mil reales (cerca de seis mil pesos mexicanos). Un activista también fue expulsado del sitio.

“Esta decisión no tiene ningún sentido”, afirma el abogado de la Sociedad Paraense de Derechos Humanos (SDDH), Sérgio Martins. “Es técnicamente inconsistente. Es como si todo argumento del CCBM fuera suficiente para que la justicia dicta a favor de ellos”, comenta.

Para Sérgio, la decisión de la Justicia estatal fue política. “Esta demanda es del 2011, y pretende quitar todo el apoyo y solidaridad de las personas no indígenas, así como eliminar la cobertura periodística en campo. Fue una decisión estrictamente política desde el punto de vista judicial”, apunta. SDDH afirma que entrará con una demanda exigiendo que se garantice el acceso a los periodistas al lugar de la ocupación.

Los indígenas que ocupan el sitio se mostraron preocupados con la prohibición de la prensa en el lugar. Según el documento, “la cobertura periodística ayuda mucho a transmitir nuestra voz para el mundo”.

“Nuestra protesta es pacífica. Pedimos ser escuchados. ¿Por qué no quieren que los periodistas estén aquí?”, cuestiona el guerrero Valdenir Munduruku. “Si algo sucede, la responsabilidad es del gobierno”.

Publicado el 13 de mayo de 2013