Colombia. Aspiramos a que las negociaciones entre la insurgencia armada (por ahora las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pero muy seguramente pronto con el Ejército de Liberación Nacional, ELN) y el Gobierno de Colombia, concluyan rápidamente con la firma de un acuerdo que garantice el cese al fuego definitivo y permanente entre las partes. El contexto, la correlación de fuerzas, las condiciones y los alcances reales de esta negociación y acuerdos y de quienes en ellos participan, deben examinarse frente a los objetivos estratégicos del capital global y sus dinámicas y contrapartes en Colombia, de una parte, y frente a las luchas indígenas y populares de otra, para ayudar a ubicarlos en el lugar que les corresponde e intentar con ello contribuir a evitar caer en una trampa que le permita al capital no solamente consolidar, legitimar y profundizar el modelo de despojo, esta vez a nombre de la paz, sino continuar además con el terror y la guerra por otras vías. De manera esquemática, este texto esboza apenas unos argumentos en el espíritu de la “Minga de Resistencia Social y Comunitaria”(1) cuando nos convocó a transformar “un país con dueños y sin pueblos, en un país de los pueblos, sin dueños”(2).

El Modelo se blinda y establece las condiciones

Colombia es un “país producto”(3) con una enorme riqueza y una ubicación estratégica para los intereses del capital. En lo fundamental, el país existe en función de transferir valor hacia los grupos económicos que controlan el poder corporativo transnacional. La historia reciente y actual de Colombia es determinada por objetivos estratégicos del capital para abordar y superar la profunda crisis que lo afecta. El terror, la propaganda y las políticas de Estado han sido diseñadas e implementadas de manera articulada desde y para el beneficio de grupos económicos globales y de las corporaciones transnacionales que los conforman. La doctrina central que organiza este proyecto estratégico corporativo es la del “Libre Comercio”, que se ejecuta bajo el marco coordinado de los “Tratados de Libre Comercio” (TLC) y del “Plan Colombia” (PC). En esencia, a través de los TLC y del PC se ha conseguido convertir a las corporaciones transnacionales en sujetos de derecho y protegerlas de los derechos individuales y colectivos de ciudadanos y pueblos. Una combinación de biopolítica y geoestrategia(4), someten la actividad económica y productiva, el imaginario social, los territorios y las instituciones al propósito de extracción “re-primarizada” de riqueza en condiciones de despojo y explotación sistemáticas de manera que las ganancias de procesos de producción, legales e ilegales, se transfieran a los grupos económicos transnacionales.

En las últimas cinco décadas, la agenda legislativa y los Planes de Desarrollo de gobiernos sucesivos, han ido generando un marco legal-institucional de ajuste que desmonta derechos y libertades para garantizar intereses extractivistas y corporativos en preparación para la firma y ratificación de los “TLC”. Ignorada y sometida la oposición creciente y sólidamente argumentada que demuestra sus efectos nefastos, los TLC suplantan la Constitución Política de 1991 por una serie de constituciones supra-nacionales(5) que convierten a Colombia y a sus pueblos en un ámbito sometido de la conquista corporativa global. Esta conquista jurídico-legal, no habría sido posible sin el sometimiento de todo el país a través de estrategias de coerción (terror) y consenso (propaganda). Selvas, campos, litorales y ciudades miseria dentro de las grandes ciudades, vienen siendo transformados  en campos de concentración, de exterminio y de trabajo bajo el poder de grupos armados, mafias y violencia al servicio de la acumulación, bajo un estado de terror permanente. Con el pretexto de las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo, coordinadas y dirigidas desde el Pentágono, se diseñan e implementan las diversas fases del PC, que orientan la guerra y se sirven de sus actores (estatales y para estatales, legales e ilegales) como instrumentos al servicio del “Libre Comercio” para provocar, entre otros impactos estratégicos, la extensión del conflicto armado y del terror a todos los rincones del país, el despojo, reclutamiento, sometimiento y desplazamiento masivo de la población en una de las mayores crisis humanitarias del mundo, la “liberación” y entrega de territorios, trabajo, ahorro y recursos a proyectos extractivos, especulativos y productivos transnacionales.

El terror y la violencia garantizan y orientan a la vez, el control político sobre el Estado desde ámbitos locales, para imponer la agenda legal-institucional del “Libre Comercio”, a la vez que resultan fundamentales para consolidar el control territorial-poblacional y de las dinámicas económicas ligadas a la acumulación de grupos globales. Una sofisticada estrategia de propaganda, encubre y legitima este modelo de conquista (“for export”), fabricando una versión falsa de país democrático y respetuoso de la ley, señalando, eliminando o aislando a quienes develan verdades y proponen alternativas y promoviendo resignación y consenso pragmáticos y “realistas” bajo este “Modelo Colombia”(6), frente al que “no hay alternativas”. Una vez suficientemente consolidado este modelo de “país producto”, el poder del capital global se ha blindado contra resistencias y alternativas: las condiciones para la negociación con la insurgencia están dadas.

Es en este contexto, que “Alfonso Cano”, asesinado Comandante en Jefe de las FARC, envía una propuesta de paz que es, en lo esencial, la agenda de las negociaciones que se trabajó y se acordó entre las partes antes de instalarse en Oslo el proceso que hoy avanza en La Habana. Una agenda que, en lo fundamental, aborda temáticas en el marco del “Libre Comercio”, sin proponer, como condición esencial, la transformación de este modelo que concentra poder y beneficios para el capital transnacional. Retrospectivamente resulta evidente que mientras las FARC y el Gobierno negociaban la agenda, movimientos, organizaciones y procesos de resistencia, oposición y lucha indígena y popular, ajustaron visiblemente sus agendas en este mismo sentido. Se destacan la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y el Congreso de los Pueblos al que diera nacimiento la Minga. La agenda original cuyo “Mandato”(7) reconocía al modelo económico y al “Libre Comercio”, sus actores e impactos como el “desafío que nos convoca” quedó supeditado a otros temas similares y compatibles con los que se debaten en La Habana(8). Todo indica que el modelo económico se blindó para hacer posible la negociación y condicionar sus alcances.

Botín Colombia: La disputa por el poder

Las contrapartes nacionales de este modelo económico están constituidas por pequeños grupos exclusivos y excluyentes, necesariamente aliados y vinculados a la generación y transferencia de valor al capital corporativo global que los condiciona. Estos grupos constituyen y detentan el poder en Colombia, sustentado en el control sobre la riqueza: naturaleza, trabajo y ahorro. Son el Estado colombiano. Se trata de sectores que concentran privilegios asumiendo por principio que su bienestar es el bienestar de la nación y su codicia, es un derecho incuestionable.  No se trata, en la actualidad, de un sector monolítico y homogéneo.

La lucha por entrar a los ámbitos del privilegio y controlar para su beneficio la institucionalidad y los recursos de poder es dura y, en el caso colombiano, particularmente violenta y cruenta. El dominio sobre territorios, el gobierno y la población requiere de altos niveles de coerción, a la vez que de estrategias de generación de sometimiento y consenso. Esta estructura de poder vertical, basada en el privilegio excluyente, ha establecido una permanente contradicción entre lo legítimo y lo legal, la criminalización de la lucha por la supervivencia y la legitimación de la violencia y de la criminalidad como mecanismos para acceder tanto a la supervivencia como al poder, a bienes y beneficios. La estructura y dinámica sociales son violentas y promueven la violencia como condición tanto para mantenerse y proteger la concentración de poder como para lograr cambios. Los poderosos, a su vez, surgen y blindan su privilegio a través del apoyo corporativo-imperial, su afluencia económica, el terror, la propaganda y las políticas públicas para su beneficio. Las burguesías tradicionales, constituidas en “clases dirigentes” son dinastías hereditarias (Pastrana, Santos y otras) que se han visto obligadas a competir y hacer alianzas con clases y grupos emergentes (es el caso de Álvaro Uribe Vélez) que se abren paso controlando recursos, mercados (legales e ilegales), territorios y fuerzas (militares y paramilitares).

Se consolidan mafias desde arriba y desde abajo, jerárquicas y verticalmente articuladas, con capacidad de someter entre sí al país y a su población dominada a su imagen y semejanza. Todo esto se encubre con discursos, rituales y hábitos que generan una apariencia de civilidad, democracia y respeto por la ley, el “honor” y el debate abierto de ideas y argumentos de modo que, los buenos modales y el respeto por las instituciones se constituyen en dispositivos de selección, inclusión excluyente y normas de sometimiento. Vale todo para llegar arriba donde el código de formalidades y las apariencias encubren-difícilmente, la corrupción y el terror. Sentarse a la mesa desde la que se controla el poder en el marco del país-producto del capital transnacional, es una disputa cruenta entre contradictores y enemigos hasta establecer equilibrios frágiles y temporales, según convenga más la alianza o la coexistencia que la eliminación del contrincante. Tal es el ejercicio de la política y del poder en Colombia: la disputa por un botín entre unos pocos que manipulan bases para su beneficio, bajo toda clase de pretextos y argumentos (paz, democracia, desarrollo, progreso, etcétera). Desde la perspectiva de estos grupos, la Mesa de Negociación con la insurgencia es simultáneamente, un intento de esta por acceder al poder a través de un acuerdo y una disputa entre quienes calculan que, al permitir a la insurgencia un espacio restringido, consolidan la institucionalidad y defienden (o incrementan) su parte del botín con el cese al fuego y quienes insisten en eliminarla con el mismo propósito.

Re-legitimación con condiciones y grietas

La Marcha por la Paz del 9 de abril de 2013, día de las víctimas, ha sido convocada visible y desde el gobierno Santos y sectores políticos y económicos de la burguesía tradicional, así como por la insurgencia y sectores cercanos a la misma. Generan un hecho político, visible, para exhibir capacidad de convocatoria y así, una correlación de fuerzas en favor del proceso de negociación. Su éxito brinda el pretexto para la instalación de una mesa Gobierno-ELN(9). Los sectores fascistas, liderados por Uribe Vélez declaran su oposición a la marcha  y a la negociación que señalan como un proceso que ofrece impunidad a “bandidos y criminales” promoviendo el terror y de la guerra. Probablemente, la mayoría de quienes marcharon a favor de la paz, no se identifican con quienes la convocan desde posiciones opuestas, sino con el fin del conflicto armado, evidenciando su limitada autonomía política. A pesar de las condiciones de privacidad y discreción establecidas, los diálogos han abierto espacios para el debate restringido de temas normalmente excluidos de la agenda política. El agro, la concentración de tierras, las “Zonas de Reserva Campesina”, la participación político electoral con garantías, los derechos de las víctimas del conflicto armado, el respeto a derechos y libertades que se vienen restringiendo y negando a medida que se consolida el poder transnacional-mafioso, entre otros. Estas aperturas son beneficiosas, pero su alcance es limitado.

Si el gobierno consigue controlar a las fuerzas de la ultraderecha incrementando la acumulación y  garantizando estabilidad al régimen, mientras la insurgencia consigue un mínimo de garantías y reformas para su inserción formal en la dinámica institucional como organización político-electoral con una base de apoyo significativa, el resultado será una ampliación del ámbito del poder y del contenido del debate político, bajo el modelo actual del “Libre Comercio”. El establecimiento se relegitima con la inserción e incorporación de nuevos actores, a cambio de reformas que no lo amenacen y, por el contrario, lo consoliden. La negociación aparece ante sectores de la sociedad como una oportunidad que debe aprovecharse para no quedarse por fuera. La paz se convierte en botín electoral y en opción de ascenso, pero también es una promesa distante e incierta, de realizar las postergadas transformaciones, desde dentro de la estructura de poder. Para otros esta es una amenaza intolerable. Las negociaciones se dan en medio de una guerra en la que el Estado, sin derrotarla, ha demostrado su efectividad para ubicar y eliminar altos mandos de la insurgencia. La perpetuación del terror y de la guerra, el potencial desmantelamiento y descomposición de parte de los actores armados en bandas criminales y la consolidación de estructuras mafiosas locales y nacionales, establecen una cultura de coacción asfixiante que presiona a la población a exigir resultados y a aceptar con resignación los acuerdos posibles aunque estén lejos de ser los necesarios.

Las condiciones mínimas para que se firme un acuerdo de cese al fuego definitivo y permanente, desde el establecimiento, incluyen, por ejemplo, mantener o incrementar la inversión presupuestal post-conflicto en las fuerzas armadas, re-lanzar la guerra con otros pretextos, garantizar los intereses de las transnacionales y proteger los monopolios económicos, incluido el agro negocio y la inversión especulativa, a expensas de la redistribución y el incremento de la inversión social. Procesos indígenas y populares que han venido movilizándose contra el modelo con independencia de los actores armados, optan por modificar sus agendas transformadoras para participar de las negociaciones con propuestas político-electorales, reivindicativas y de reformas. En estas circunstancias, el riesgo de transformar los acuerdos en una repartición del botín Colombia a cambio del cese al fuego, no debe perderse de vista. Riesgo ante el que las víctimas del conflicto han exigido sus derechos proponiendo mecanismos para que la verdad, justicia y reparación integral definan el resultado y los alcances de los acuerdos.

Ni Estado ni insurgencia armada pueden construir la paz en nombre de Colombia

Las organizaciones de la insurgencia armada, surgidas en los últimos 50 años, son una respuesta al ilegítimo Estado colombiano y el régimen al que sirve. Las FARC-EP, nacen como ejército de campesinos, víctimas organizadas para para protegerse y proteger al pueblo de la violenta agresión de las fuerzas del Estado al servicio de terratenientes e intereses externos. Ejército que sufrió como y con los pueblos, además de los efectos de la política pública y de la propaganda, el terrible accionar de las fuerzas armadas y de los escuadrones de la muerte apoyados por el Pentágono, que vienen dejando huellas de terror e impunidad imborrables. Cabe recordar el exterminio del movimiento político Unión Patriótica, y las centenas de masacres cometidas contra el pueblo colombiano y sus procesos organizativos de oposición y resistencia, que son muestra de la forma en que el régimen masacra a quienes dejan las armas o asumen la lucha popular sin ellas. Infortunadamente, este “Ejército del Pueblo”, desde décadas atrás, es víctima y victimario. Se convirtió en un agresor más, particularmente en los territorios donde tiene presencia.

En la dinámica de la guerra y en su afán de reclutar y financiarse para acceder al poder, someten al pueblo colombiano a la ley de sus armas, a sus imposiciones, autoritarismo, sectarismo, crueldad y al terror, cuyos fines retóricos, contradicen con sus actos, en contraposición a las muchas propuestas y movilizaciones desde abajo y colectivas, de autonomía territorial, de gobiernos propios, de resistencia, transformación y alternativas al modelo. Rechazan la libertad ideológica y política y, a la vez que luchan contra las fuerzas del Estado, actúan contra procesos indígenas y populares. Las FARC-EP, sujetas a las consecuencias de una guerra prolongada en circunstancias y dinámicas cambiantes desde la intolerancia inherente al rígido modelo y estructuras de guerra revolucionaria que les dio orígen en un contexto particular, señalan, persiguen, declaran objetivo militar y convierten en sus víctimas a quienes, por principio, deberían estar protegiendo: luchadores populares y comunidades empobrecidas. Lejos de proteger las iniciativas populares de transformación y resistencia, han pretendido someter al pueblo a su organización político-militar. Se transformaron por ello, en otro factor de terror contra los pueblos, generando uno de los pretextos de los que se sirven los intereses de control extractivista para acceder, a través del terror y de la represión a territorios y pueblos para su despojo y sometimiento al servicio del capital. Logra así el capital un objetivo estratégico: convierte la guerra, venga de donde venga, en un instrumento para el desmantelamiento de la resistencia popular y para la parálisis de la insurrección indígena y popular autónoma y transformadora, aplastada en medio del fuego cruzado de la insurgencia y del régimen. En consecuencia, los pueblos en resistencia, exigen que salga la guerra de sus territorios  y la insurgencia ha perdido legitimidad como vocera de la lucha popular.

Son estos señores de la guerra: Estado colombiano mafioso y transnacional e insurgencia armada de las FARC (por el momento), los que están sentados negociando en La Habana, “la Paz de Colombia” bajo la condiciones del modelo del “libre comercio”. No tienen la legitimidad para hacerlo.

Nos robaron con la guerra. Que no nos roben la paz 

Lo que deben negociar son las condiciones para el cese al fuego definitivo y permanente, para poner fin a la guerra entre ellos y contra los pueblos. Los acuerdos deben garantizar que los pueblos recuperen o no pierdan más espacios de lucha autónomos, restringidos ya por el modelo con el terror y la guerra y que ahora podrían limitar aún más con la “paz” del régimen. La solución del conflicto social y político que ha generado la guerra, supera la capacidad y legitimidad de quienes participan en las mesas, así como supera el alcance de los acuerdos. Ni el Estado ni la insurgencia tienen legitimidad para negociar la paz en nombre y representación del pueblo colombiano. Colombia, su transformación, sus pueblos y la paz no caben en esa negociación entre el Estado y la insurgencia. No puede ni debe negociarse el país en esas mesas, aun ampliando la participación a otros sectores, ya que estos y el futuro quedarían sujetos tanto a los actores armados y sus intereses, como a aceptar las condiciones estructurales impuestas por el modelo económico bajo las que se negocia. Así lo demostró el reciente Paro Cafetero  que abarcó la mayor parte del país, poniendo en evidencia que ante la inviabilidad y crisis del modelo económico y del Estado, el camino de resistencia y transformación es autónomo y desde las bases, porque la paz es la libertad de los territorios con sus pueblos.

Los acuerdos de cese al fuego, una vez ratificados, deberían respetar y generar condiciones mínimas para promover procesos incluyentes, autónomos, participativos y amplios de construcción de una Colombia otra, retomando, por ejemplo, el camino propuesto inicialmente por la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos y tantas otras luchas sociales y populares. En el marco de la movilización para la construcción colectiva de un país-otro, el Estado en proceso de transformación y la insurgencia, en tanto movimiento político, caben en Colombia. Por el contrario, pretender que Colombia quepa en las negociaciones entre la insurgencia y el Estado, en las condiciones actuales, o pretender meter la agenda del país-otro y a los sectores y luchas populares en la Mesa, no solo complicaría y estorbaría el proceso en curso sino que, muy seguramente terminaría legitimando al régimen, generando falsas expectativas y frustraciones, consolidando el modelo mafioso de terror y control político-territorial, repartiendo el país como un botín, a la vez que incorporando al proyecto de acumulación extractivista nuevas burguesías con discursos de transformación social y dando pie a que el sector fascista que se opone a las negociaciones tenga tiempo para reagruparse y actuar cerrando a sangre y fuego, una vez más, el camino al diálogo y la negociación.

El requisito que no puede cumplirse

La paz que exige la Colombia ultrajada y violada , desde sus víctimas, reclama, primero al Estado pero también a la insurgencia, que cumplan con un prerequisito de respeto impostergable, en un gesto sincero de humildad, generosidad y grandeza que hasta el momento no parece caber en la agenda de negociación. Algún día tendrán que comprender y asumir sus crímenes y la consecuencia de sus actos, cometidos bajo la premisa patriarcal, egoísta y arrogante, pilar del orden social que nos somete y que debe transformarse: la misma que les ha llevado a usurpar, a esclavizar, a eliminar con el poder, lo colectivo, lo común; aún la vida y el territorio, para acumular sometiendo. Algún día, deberán estar dispuestos a pedirle perdón sincero a Colombia, para poder sumarse desde allí a la construcción colectiva de otro país.

Comprometerse en serio con la verdad, la justicia y la reparación integral frente a cada una de las víctimas, para que el ¡Nunca Más! no vuelva a ser mentira y  asuman las consecuencias. Esta es una condición fundamental para la paz y un resultado concreto de las luchas transformadoras. Los procesos indígenas y populares que luchamos contra este “País con dueños y sin pueblos”, por el “País de los Pueblos sin Dueños” defendemos desde esta perspectiva la negociación y el cese al fuego definitivo y permanente entre el Estado y la insurgencia, porque sabemos que la paz es colectiva, sin la explotación del capital y viene desde abajo.

Convocamos “a quiénes nos atrapan entre dos machismos que no quieren escuchar a la Madre Tierra. Un machismo que habla palabras y realiza acciones de guerra, de violencia, de fuerza y ayuda a reclutar para la muerte a nuestros hijos e hijas de la armonía. Otro machismo que nos condena a plegarnos ante el mandato de los poderosos con razones prácticas y afanes autoritarios y egoístas”(10), a escuchar a nuestros pueblos y pueblas y a nuestra Madre Tierra, para que esa otra palabra que está silenciada emerja desde la penumbra y se convierta en el camino que necesitamos para nuestra paz. Una vez más, les decimos que apoyamos la propuesta de cese al fuego que están negociando y que esperamos que los acuerdos se firmen pronto, para que este paso nos permita levantarnos en libertad a caminar palabra y acción emanada de la Madre Tierra sin patriarcados, corporaciones transnacionales, élites, vanguardias iluminadas, extractivismos, monocultivos mentales y territoriales y sin más agendas de muerte que privilegian la codicia. Exigimos el cese al fuego para hacer la paz de todas y todos.

Texto escrito por Emmanuel Rozental y Vilma Almendra para la Revista Contrapunto, Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, Montevideo, 2013.

El contenido de este texto recoge en lo fundamental los aportes y posturas de comuneras y comuneros indígenas del Cauca, de colectivos de comunicación indígenas de diversas regiones de Colombia y de algunos representantes de procesos indígenas y populares. Los autores reconocen de manera especial los aportes colectivos de varios miembros del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). La responsabilidad por el contenido final es exclusiva de los autores.

Emmanuel Rozental es activista, escritor, militante de movimientos indígenas y populares. Fue el primer Coordinador y Miembro Fundador del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida

Vilma Almendra es Comunicadora Social y Periodista. Comunera Indígena Nasa-Misak del Norte del Cauca. Miembro Fundador del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la ACIN

Referencias:

(1)Para contrastar la agenda de 5 puntos de la Minga modificada ver. Vieira, Constanza. Los 5 puntos de la agenda con Álvaro Uribe siguen vigentes. 2008-10-26. http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=206 . Consultado 2013-04-10

(2)Diálogo con el ELN más pronto que trade. El Espectador 2013-04-10. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-415022-dialogo-el-eln-mas-pronto-tarde . Consultado 2013-04-10

(3)Francisco Santos, tal como Uribe, pide no marchar el 9 de abril. El Espectador, 2013-04-07. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-414514-francisco-santos-tal-uribe-pide-no-marchar-el-9-de-abril consultado 2013-04-10

(4)La paz con las FARC costaría 18 billones de pesos. RCN Noticias, 2013-03013. http://www.canalrcnmsn.com/noticias/ministerio_de_defensa_prepara_estrategia_si_se_logra_un_acuerdo_con_las_farc Consultado 2013-04-10

(5)Santos anunció guerra contra “Ollas” del país. El Tiempo, 2013-04-01. http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12719853.html . Consultado 2013-04-10

(6)MOVICE. Propuestas mínimas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 2013-03-06. http://www.movimientodevictimas.org/images/archivos2/folleto1A_1_68.pdf . Consultado 2013-04-10

(7)Ver, González-Posso, Camilo. Desde el Cauca, desarmar la guerra. 2012-07-24. http://www.censat.org/articulos/10024-analisis/10519-desde-el-cauca-desarmar-la-guerra. Consultado 2013-04-10

(8)Montoya Suárez, Aurelio. Las razones estructurales y coyunturales del Paro Cafetero. Entrevista, equipo Desde Abajo. 2013-03-22.http://www.moir.org.co/Las-razones-estructurales-y.html . Consultado 2013-04-10

(9)Rozental, Emmanuel. La crisis de ellos es en sentido inverso a la nuestra. En Palabras para Tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo. Gutiérrez, Raquel Ed. Pez en el árbol. Septiembre de 2011. Páginas 179-202

(10)Almendra Quiguanás, Vilma. La paz de Mama Kiwe en libertad, de la mujer sin amarras ni silencio. En Palabras para Tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo. Gutiérrez, Raquel Ed. Pez en el árbol. Septiembre de 2011. Página 146

Publicado el 6 de mayo de 2013