Periodistas en la mira

Adazahira Chávez

Ciudad de México. Tras el regreso del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, las agresiones –muchas veces mortales- contra los periodistas aumentaron y ahora abarcan también a los organismos defensores de la libertad de expresión, como Artículo 19.

Una de las amenazas más fuertes en lo que va de 2013 fue contra Jorge Carrasco, reportero de la revista Proceso y coadyuvante en la investigación por el asesinato en Veracruz de su colega Regina Martínez, que cumplió este 28 de abril un año, señala a Desinformémonos el periodista de la misma revista semanal, Jenaro Villamil.

Precisamente, una veintena de organizaciones de comunicadores y periodistas realizaron manifestaciones simultáneas en 14 ciudades de México en el aniversario del asesinato de la corresponsal de Proceso. El acto principal, en Xalapa, Veracruz, fue encabezado por reporteras del estado y por el escritor Juan Villoro, quien declaró: “Quienes escribimos no podemos ser rehenes de nuestro miedo”.

“Que las amenazas a Carrasco vengan por investigar o por hacer denuncias de la mala investigación del caso Regina preocupa mucho, porque en lugar de que los funcionarios se pongan a trabajar y a tratar de esclarecerlo con pruebas contundentes, él recibe una amenaza”, señala por su parte Marcela Turati, reportera e integrante de la Asociación Periodistas de a Pie.

Carrasco señaló –en el aniversario del asesinato- que Regina Martínez trabajó casos que involucraron malas actuaciones del ejército, como el caso de la violación y asesinato de la indígena Ernestina Asensio.

“Están también las agresiones al periódico Mural, de Guadalajara”, agrega Villamil, “y la amenaza a Artículo 19, una organización dedicada a defender los derechos de los periodistas, justo por haber indagado en los casos de Veracruz, en especial el de Regina”.

El 19 de abril, la organización civil internacional Artículo 19 -que trabaja a favor de la libre expresión y la libertad de prensa- recibió una amenaza de muerte contra su presidente, Darío Ramírez, y los colaboradores, que “hace referencia al trabajo de defensa de libertad de expresión que realiza la oficina”, señala su página. “A alguien estamos incomodando con nuestro trabajo”, valoró Ramírez.

La amenaza preocupa a Turati, quien ha cubierto decenas de casos de desapariciones por la violencia en México: “Aunque ya habían recibido amenazas, es la primera vez que se hace pública y eso nos habla de la gravedad. Además de las amenazas contra los periodistas, ahora amenazan a los defensores de los periodistas”.

Para los reporteros, explica, Artículo 19  “es la organización más visible y con más peso en la defensa de la libertad de prensa. En algunas zonas, es la única con capacidad para sacar a la gente amenazada y brindarle medidas de protección”.

Los números de la amenaza

Entre 2000 y 2012, Artículo 19 contabilizó 122 asesinatos, 138 amenazas, 324 agresiones físicas y 196 agresiones contra medios de comunicación. El pico más alto sucedió en 2009, cuando pasó de menos de una decena de casos en cada uno de los nueve años anteriores, a 246. En 2012 se registraron 207 agresiones.

Las entidades que se registran como las más violentas para el ejercicio periodístico son Coahuila (9 agresiones), Tlaxcala (8), Veracruz (6), Oaxaca (5) y Sonora (5).

El caso más preocupante es Veracruz, estado que ocupa el primer lugar a nivel nacional en asesinatos de periodistas, donde “están más expuestos y censurados, y donde reina la impunidad”, advierte una de las fundadoras de Periodistas de a Pie. Paradójicamente, a inicios de abril, la empresarial Asociación Mexicana de Editores de Periódicos le otorgó un premio por ser supuestamente “protector de periodistas” y “defensor de la libertad de expresión”.

Candelaria Rodríguez, periodista asentada en Chiapas y compañera de Regina Martínez en los inicios de su carrera, precisó en el aniversario del asesinato que Martínez “pagó con su vida el hablar y escribir sobre lo que pasaba en Veracruz”. La Procuraduría de Justicia del estado resolvió que el móvil del asesinato fue el robo.

La periodista Jesusa Cervantes, también en ocasión de la jornada en defensa de los periodistas, señaló que no solamente hablar sobre el crimen organizado puede llevar a que asesinen a los reporteros, sino que “cualquier poder, como una empresa, te puede amenazar o mandar asesinar si tocas intereses muy fuertes”.

En 2012, en un lapso de 47 días, fueron asesinados 5 trabajadores de medios de comunicación en la ciudad de Xalapa y el puerto de Veracruz. Tan sólo en lo que va del periodo de gobierno de Javier Duarte, que inició en 2010, se acumulan nueve asesinatos. “Nadie controla ese estado”, resume Turati.

El cambio de gobierno federal no parece traer una mejoría. En el primer trimestre del 2013 se denunciaron 51 agresiones, 12 más que en el mismo periodo del año anterior.

La coautora del libro Entre las cenizas no aventura causas del repunte, pero señala que “lo que cuentan los reporteros de los estados es que, tras el triunfo priista (en el gobierno federal), los gobernadores se sienten muy protegidos y compran el silencio de la prensa; en varios estados los propios gobernadores llaman y señalan qué reportero es incómodo o a cuál hay que correr. Es  como si el mensaje que hubiera dado el regreso del PRI  es que todo se permite a los gobernadores”.

La reportera –ganadora de premios internacionales por su trabajo, como el de la Universidad de Harvard y el Walter Reuter, de Alemania- señala que se dejó de hablar de la violencia después de la llegada del PRI  por muchas razones, como la línea editorial o la compra de publicidad.

Los periodistas en su defensa

Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso en Chiapas y quien también sufrió hostigamiento durante el sexenio del gobernador Juan Sabines, señaló durante Jornada Nacional por el Periodismo del 28 de abril que “el Estado no ha garantizado las libertades, nosotros las conquistamos a pulso en contra de las inercias del gobierno”.

Villamil señala que con la nueva presidencia de la República no se ha modificado el nivel de agresiones a los periodistas, sobre todo en los estados dominados por la batalla campal del crimen organizado y por la corrupción.

Para el experto en medios no hay un nuevo PRI, sino jóvenes priistas pero con ideas antiguas: “Veamos a Javier Duarte, quizá uno de los gobernadores más jóvenes junto con Beto Borge, de Quintana Roo, que son igual o más tiranosaurios y autoritarios que los anteriores gobernantes de sus estados. El caso de Duarte es dramático y escandaloso porque a su juventud, su intemperancia y su autoritarismo, se suma la ineficacia”.

Uno de los grandes problemas que abonan a la impunidad de los crímenes contra periodistas, considera Jenaro Villamil, es que hay un vínculo estrecho de complicidades entre el crimen organizado y las autoridades ministeriales. “Generalmente, los cárteles tienen comprados a los ministerios públicos, a los jueces y a los policías, que son a final de cuentas los que deberían investigar las agresiones contra periodistas. Es un sistema de colusión y de corrupción muy fuerte”, señala.

Juan Villoro declaró que en las investigaciones sobre los ataques contra periodistas, hay un doble trabajo que hacer: “que en este camino no se detenga a inocentes o presuntos culpables”.

Las agresiones directas al reportero –amenazas, intimidaciones, desapariciones, asesinatos- son las más comunes, pero también está el acoso a los medios críticos vía el boicot publicitario o el acoso a la circulación de sus ejemplares, agrega Villamil.

Los perjudicados

La principal víctima de las agresiones a medios y periodistas es la democracia, señala Villamil. “No hay democracia sin información; las agresiones tienen como objetivo cerrar los circuitos de información para que no se socialicen los datos, los hechos ni los expedientes que resulten incómodos para el poder. A final de cuentas son agresiones desde el poder político regional o desde el poder criminal -generalmente vinculado a los poderes políticos-. No puede haber democracia en un esquema así”, precisa.

La sociedad civil, considera el autor de Peña Nieto, el gran montaje, debe elevar el reclamo de protección a los periodistas entre sus principales demandas porque también es afectada. Las agresiones perjudican a las audiencias porque cierran canales de información y “son una invitación permanente a la autocensura, porque es muy difícil que cada medio y cada periodista las enfrenten sin tomar restricciones propias”.

Periodistas y activistas

Villamil, también académico, valora que el gremio periodístico no está acostumbrado al activismo, “pero ha sido tan constante, intensa y sistemática la agresión que quedó ya muy claro para todos que cada ataque a un periodista es hacia todos”.

Los colegas de los periodistas amenazados “tenemos que estar vigilantes y difundir todo lo que se sepa; en estados como Veracruz la gente tiene miedo hasta de mandar un correo electrónico o llamar por teléfono”, indica Turati. “Por eso marchamos en ese estado este domingo 28 de abril, porque queremos mandar el mensaje claro de que los periodistas de Veracruz no están solos, que tienen a más reporteros atrás y que estamos vigilando al gobierno para que realmente cumpla sus funciones y proteja a los periodistas”.

El apagón simbólico de cámaras durante la marcha de Xalapa, el pase de lista a los periodistas asesinados y la pintura roja en la Secretaría de Seguridad Pública, así como las consignas “Gobierno de Duarte, amigo de la muerte” y “Regina amiga, tus colegas no te olvidan”, confirmaron el mensaje del gremio.

Las movilizaciones se realizaron en Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Chiapas, entre otros estados, y fueron convocadas por la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 queremos vivos, Periodistas de a Pie, Asociación Mexicana de Derechos a la Información, Centro Nacional de Comunicación Social, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Fundación Manuel Buendía , Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones.

Las empresas

Turati informa que al periodista que es amenazado, muchas veces lo corren del medio en que trabaja o en lugar de protegerlo, lo que lo coloca en mayor peligro. “Cuando están amenazados, tienen que huir por su propia cuenta. En el último año hubo más de 20 periodistas desplazados de Veracruz”.

Los medios de comunicación no apoyan a sus reporteros, señala la periodista, salvo unos cuantos. “Les dan la espalda y les dicen que se arreglen solos, como si fuera un asunto de ellos y no de su profesión”, declara.

Villamil señala que hace falta que la defensa de los reporteros se vuelva una causa de los propios medios masivos. “A Televisa le han agredido a varios camarógrafos y reporteros y no ha tomado estas agresiones como un asunto de empresa, a tal grado que uno de los reporteros agredidos por Genaro García Luna ya pidió asilo en Canadá. No tuvo el apoyo de la empresa”.

“En la medida en que los grandes medios no tomen esto como un asunto prioritario para la democracia y para la información, los poderes que agreden a los informadores se seguirán sintiendo impunes”, agrega el periodista. “Tenemos que darle la connotación necesaria a las agresiones: son ataques al Estado de derecho, a la libertad de información y a la democracia”.

La salida

Turati argumenta que las instituciones de gobierno dedicadas a defender a los periodistas “no funcionan o la gente no confía en ellas; no han funcionado la fiscalía de la Procuraduría General de la República especializada en delitos contra la libertad de expresión, ni el mecanismo de la Secretaría de Gobernación para protección a periodistas; incluso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha habido una buena respuesta”.

Jenaro Villamil señala que hay medidas que representan un avance, como la federalización de los delitos cometidos contra periodistas, porque cambian de foco el asunto, “pero no se modificará esta grave escalada de violencia si no se toman en serio la lucha contra la corrupción, y que el combate al crimen organizado no es por la vía policiaca, militar ni violenta, sino institucional”.

“Hay que limpiar de corrupción los ministerios públicos, las policías y lo gobiernos estatales. Eso es un asunto de derechos, no de balas”, finaliza el especialista en medios, autor también de El sexenio de Televisa.

Publicado el 29 de abril de 2013

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