Río Blanco, Honduras. En agosto de 2009, en medio de la crisis institucional generada por el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, un deslegitimado Congreso Nacional aprobó la Ley General de Aguas, con la que se garantizó la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país.

Un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. En diciembre del mismo año, la empresa concluyó el proceso con la apertura de 50 ofertas.

Fue hasta abril de 2010, pocos meses después de asumir la presidencia Porfirio Lobo, que el Ministerio de Recursos Naturales (SERNA) procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, más del 70 por ciento de las cuales miembros de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), es decir los mismos grupos económicos que ya controlaban – y siguen controlando – casi la totalidad de la generación térmica en el país.

La concesión de decenas de ríos en manos de empresas privadas fue considerada “turbia y amañada” por varios expertos del sector, entre otros, Juliette Handal, en aquel entonces presidenta de la CPN (Coalición Patriótica Nacional), mientras en el Congreso se preparaban las condiciones para nuevas licitaciones y un total de casi 300 proyectos hidroeléctricos.

Fue así que entre junio de 2010 y noviembre de 2011, los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobaron 24 proyectos1 más de generación de energía renovable, con una inversión aproximada de casi unos mil millones de dólares. Entre ellos el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integración Económica) por 24.4 millones de dólares.

Resistencia

El proyecto Agua Zarca, que se propone la generación de 21.3 MW (Megawatt) y que se está desarrollando en la zona noroccidente de Honduras, específicamente entre los Departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, ha sido fuertemente cuestionado por varias comunidades indígenas lencas, las cuales han votado en contra de su ejecución durante los cabildos abiertos organizados por los gobiernos municipales de la zona, así como en el marco de la Asamblea Indígena, que se ampara en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

Es por eso que más de 300 habitantes de cinco comunidades de la zona, miembros del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y personas solidarias, han subido el tono de la protesta y han puesto tranques en la carretera que conduce al sector de Río Blanco, donde se desarrolla el proyecto hidroeléctrico.

En un primer comunicado, las comunidades exigen el “retiro inmediato del proyecto Agua Zarca” y acusan a varias empresas y a instituciones municipales y estatales de no haber querido escuchar “la decisión de nuestras comunidades de rechazo total y reiterado a este proyecto”, que de hecho “privatiza el sagrado Río Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales, desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización y amenazas contra miembros de las comunidades”, se lee en el comunicado.

Sobre este caso ya fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía de Etnias, el Congreso y Serna, sin embargo, hasta el momento dichas instituciones no se han pronunciado al respecto.

Según el Copinh y las comunidades indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.

Entre las empresas que estarían ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china Sinohydro – la cual fue recientemente sancionada en Ecuador por graves irregularidades en cuanto a su trato a los empleados del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair –, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.

“Nos reunimos en asamblea y la gente decidió continuar con la toma de carreteras hasta que la empresa (DESA) no se retire de la zona y cierre el proyecto. Estamos expuestos a la intemperie, nos están amenazando de muerte y la militarización de la zona ha venido creciendo con el pasar de las horas, sin embargo la gente está animada y con mucho entusiasmo”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh, a la LINyM.

Cáceres señala que los alcaldes de la zona, miembros de las empresas involucradas en la ejecución del proyecto, así como los guardias de seguridad y los cuerpos de policías, estarían organizando un desalojo violento, involucrando a miembros de otras comunidades, para hacer creer a la opinión pública que las comunidades indígenas están a favor del proyecto Agua Zarca.

“Hemos visto un gran despliegue de vehículos de la empresa y mucho movimiento de ejército y policía alrededor de la toma. Quieren desalojarnos, sin embargo nos vamos a mantener firmes, porque no podemos permitir que sigan acaparando y depredando nuestros territorios y los recursos naturales”, apuntó la dirigente indígena.

En un segundo comunicado, el Copinh reportó las graves amenazas vertidas contra sus dirigentes de parte de personal de las empresas DESA y Sinohydro, así como la constante presión de sus guardias de seguridad que, como frecuentemente ocurre en Honduras, cumplen tareas semi-militares, amenazando y amedrentando a la población organizada.

Amenazas

Para el 6 de abril se esperaba la llegada de varios observadores internacionales y defensores de derechos humanos, para resguardar la incolumidad de las personas. Las comunidades lencas han informado que, de no ser escuchadas, profundizarán la protesta con acciones de mayor contundencia, para lograr la liberación de su territorio que ha sido invadido.

“Hay un cerco mediático de parte de los medios corporativos de información que ocultan nuestra lucha y nuestras razones. Desde ya estamos responsabilizando a las empresas, a los alcaldes, al Congreso Nacional, a SERNA y a la Policía por cualquier acto de represión, amenazas y violencia en contra de nuestra integridad física, psicológica y emocional”, aseveró Cáceres.

Finalmente, la dirigente indígena recordó que en ningún momento el Copinh y las comunidades han estado en contra del desarrollo, sino de los “proyectos de muerte”.

“El pueblo lenca hace un planteamiento proprio del concepto de ‘desarrollo’. Un planteamiento basado en la dignidad humana, en el respeto a la madre tierra, en el bienestar de las comunidades, en el delicado equilibrio entre los seres humanos y los bienes comunes, desde una visión de justicia social y económica.

Lo que no aceptamos – continuó – es la lógica de privatización y depredación de nuestros recursos para tener más ganancia. Lo que no aceptamos es la lógica extractivista del capitalismo”, concluyó.

Desalojan protesta de comunidades lencas contra proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» (Actualización del 12 de abril)

En la mañana del 12 de abril, cuerpos especiales de la Policía se hicieron presentes en el lugar donde, desde hace 11 días, varias comunidades indígenas lencas mantienen una fuerte protesta contra la implementación y ejecución del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarcas«, desalojando por la fuerza a los miembros de las comunidades, activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y a observadores internacionales.

A ellos, los policías les arrebataron sus cámaras fotográficas para no dejar evidencias del operativo.

«Llegaron unas siete patrullas repletas de antimotines al mando de Fredy Lagos, jefe regional de la Policía en Comayagua y Miguel Ponce Sorto, jefe de la Policía de Intibucá, y nos desalojaron.

“Han destruido nuestras carpas, secuestrado nuestras provisiones y el agua. Han irrespetado a los observadores internacionales, les han arrebatado violentamente las cámaras y se han llevado el equipo de comunicación del Copinh.

“Exigimos que se salgan de nuestro territorio, que nos dejen protestar contra un proyecto que las comunidades afectadas han rechazado de forma decidida», dijo hace pocos minutos a la LINyM, Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh.

Según el Copinh y las comunidades indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.

Entre las empresas que estarían ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china Sinohydro, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.

«Personeros de las empresas que están a cargo del proyecto llegaron con los antimotines e intentaron intimidar a la gente, sin embargo no lo lograron.

En este momento está llegando mucha más gente a reforzar la protesta y no nos hemos ido del lugar. Nos mantenemos a la expectativa y vamos a implementar otras estrategias y medidas de protesta, para defender nuestra tierra y nuestros recursos», aseguró Cáceres.

La dirigente indígena dijo también que hicieron un llamado a las autoridades centrales involucradas en el proyecto, para que se hagan presentes en aras de garantizar el respeto de los derechos humanos, así como el respeto del Convenio 169 de la OIT, y el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre proyectos en su territorio, incluso su derecho de rechazarlos.

En su planteamiento inicial, las comunidades lencas ratificaron su firme rechazo al proyecto y exigieron su retiro inmediato, ya que de hecho «privatiza el sagrado Río Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales, desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización y amenazas contra miembros de las comunidades».

«Queremos que se ponga fin al hostigamiento y la represión contra la población de este sector. De aquí no nos vamos a mover, no importa cuántas veces nos desalojen», concluyó Cáceres.