La historia evidencia una serie de etapas cuyo objetivo es deshacer el tejido social y la organización del pueblo contra la minería. Se trata de un patrón establecido, identificable en muchas comunidades en México y en otros países, y que tiene una profunda repercusión a nivel social.

Las empresas mineras empiezan actuando en colaboración con las autoridades municipales y evitando la consulta en la asamblea popular sobre la instalación del proyecto minero. Acto seguido, se crea una asociación que se dedica a repartir recursos a los elementos más vulnerables de la población con la condición de no oponerse al proyecto minero. Otras medidas basadas en el mismo patrón son la criminalización del movimiento, el hostigamiento y las amenazas a los líderes del movimiento contra la minería, ejecutadas por la policía o por gente ajena al pueblo.  Si todo esto no sirve para anular la inconformidad, como en el caso de San José del Progreso, se llega al asesinato.

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Publicado el 22 de abril de 2013