(Especial Día de la Mujer) México, veinte años de lucha contra el feminicidio

Amaranta Cornejo Hernández Foto: Clayton Conn

Entrevista con Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001

Realización: Clayton Conn

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Ciudad de México. A veinte años de que salieran a la luz pública los feminicidios en Chihuahua, las madres y miles de solidarios salieron a las calles para denunciar que el fenómeno no sólo no ha parado, sino que se ha extendido a todo el país, y que las legislaciones creadas para combatirlo no han sido suficientes.

El viernes 8 de marzo de 2013 se realizó la marcha por el Día Internacional de la Mujer, convocada por  la Coordinadora 8 de Marzo Combativo, un grupo de organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos, estudiantes, sindicatos y activistas a título individual, para denunciar todos los casos de feminicidios en el país.

La consigna este 2013 fue que si el Estado no ha podido garantizar a las mujeres el respeto de sus derechos, nosotras nos organizamos, movilizamos y actuamos sororalmente para denunciar la alarmante situación en el país, a la vez que se hace sentir el apoyo a todas las mujeres que han sido víctimas del feminicidio.

Pasadas las cuatro de la tarde, llegaron desde Chihuahua algunas madres que integran el Comité de Madres de Juárez. En el Ángel de la Independencia ya había varios grupos y personas esperándoles entre performances, mantas, cartulinas y música. Minutos más tarde comenzó la marcha. La primera parada fue frente a la representación oficial del estado de Chihuahua, para después dirigirse a las oficinas centrales de la Secretaria de Gobernación. Así como en la Ciudad de México se realizó una marcha, en otras ciudades mexicanas, como Ciudad Juárez, Puebla y Xalapa se realizaron sendas marchas con la misma consigna.

¿Por qué el feminicidio?

El feminicidio es definido como el extremo de un continuo de terror contra mujeres y niñas, que incluye diversas formas de humillación, de abandono, de terror y la aceptación de que las mujeres y niñas mueran como resultado de actitudes misóginas y de prácticas sociales de desprecio, de maltrato físico y emocional, de hostigamiento, de abuso sexual, de incesto.

A partir de 1993, Ciudad Juárez, Chihuahua, cobró notoriedad internacional por las decenas de casos de asesinatos de mujeres. En esos años circularon diversas hipótesis que intentaban explicar los motivos para tales asesinatos. Parecía haber un perfil de mujer que era más vulnerable. Entre una teorización y otra, más y más mujeres desaparecían. A veces se encontraban los cuerpos sin vida de algunas de estos cientos de mujeres. Diversos grupos de mujeres, feministas o no, comenzaron a movilizarse para hacer visible esta situación. Se exigía la búsqueda de las mujeres desaparecidas, así como la investigación de los asesinatos de aquellas que habían sido encontradas muertas, el castigo a los responsables y la reparación del daño. En suma, se exigía justicia.

“Feminicidio institucionalizado, negocio de Estado.”

A la fecha se calcula que en el estado de Chihuahua han sido asesinadas más de 500 mujeres. El panorama empeora cuando se revisan los números a nivel nacional. El 61 por ciento de los feminicidios son perpetrados en los estados de México, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz.  El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)  documentó “entre enero de 2007 y diciembre de 2008, mil 221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades, y en el 2009 se documentaron  459 asesinatos  en 16 entidades de la República Mexicana durante el periodo de enero a junio”.

La Coordinadora 8 de Marzo Combativo declara que entre 2010 y 2012, 3 mil 976 mujeres han desaparecido. De estas, mil 200 desaparecieron en el estado de Chihuahua. Sin embargo, se presume un subregistro ya que las informaciones divergen según la fuente. Por ejemplo, el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”, realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, Organización de las Naciones Unidas (ONU)- Mujeres y el Instituto Nacional de Mujeres de México, reporta que en los últimos 25 años se han registrado en México 34 mil 176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio. Según este informe, alrededor de 7 mil  muertes ocurrieron entre 2005 y 2009.

Esta violenta realidad se afianza con la actitud omisa del Estado mexicano. En 2009  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoCIDH) lo condenó por el llamado “Caso del campo algodonero”, llamado así por un lugar donde en 2001 fueron encontrados los cadáveres de ocho mujeres. A la fecha, el Estado mexicano no ha reparado el daño a las víctimas. Otro grave ejemplo es la situación que llevó a diversos grupos de mujeres y feministas a exigir que se declarara la alerta de género en el estado de México durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, actual presidente el país. Él se negó. Lo que sí hizo fue apoyar la propuesta de tipificar al feminicidio como delito. Esto ha quedado como letra muerta: los casos de feminicidios en esa entidad suman 955 por año.

Entre quienes participaron en la marcha hubo quienes, como Isaura Castelao, reconocieron que en los feminicidios “específicamente de Ciudad Juárez, hay intereses políticos y económicos que son muy difíciles de romper.” Por su parte, Miguel señala que en el feminicidio “se mezclan intereses políticos de mafias y de corrupción, y las mujeres han pagado con su vida esos intereses políticos de narcos.”

La insuficiencia de los instrumentos legales.

En 2007, en México se decretó la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la cual, a grandes rasgos, busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Lo anterior implica erradicar todo tipo de discriminación que impida a las mujeres ejercer sus derechos y libertades fundamentales. No obstante la promulgación de esta ley, únicamente 14 estados del país han tipificado al feminicidio como un delito.

Jurídicamente el feminicidio está tipificado como un delito que afecta la libertad, integridad física, seguridad y vida de mujeres y niñas.

Si bien existen instrumentos legales, estos no son suficientes; es decir, las autoridades son omisas en el cumplimiento de la ley, lo cual se puede explicar como una falta de voluntad política, o bien como una cuestión cultural. Esto último quiere decir que en la cotidianidad la violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio, es considerado como una práctica “normal”. No hay una reflexión de que este tipo de violencia se da porque vivimos en sociedades injustas también en cuanto al género.

Obed, un joven que participó en la marcha, señala que “debemos dejar de ver lo que nos dice el sistema, de que debemos ver a la mujer como un objeto.” En este sentido, los medios de comunicación masiva son cómplices de la naturalización de la violencia feminicida. De acuerdo a la agencia de noticias Cimac, el 55 por ciento de las notas periodísticas presentan al asesinato de mujeres como casos de homicidio y no de feminicidio. Esta visión abona a la naturalización de la violencia de género porque invisibiliza las raíces del problema. En palabras de Diego, estudiante en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “el sistema nos está educando de forma patriarcal que implica no aceptar las diferencias entre hombre y mujeres, sino verlas como razones para que les peguen a las mujeres, que la violen.”

La solidaridad y la sororidad en la marcha.

El 8 de marzo de 2013 se conmemoraron 20 años de violencia feminicida en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo cual, dijeron las manifestantes, es también la conmemoración de 20 años de organización y lucha de grupos de mujeres y feministas en esa ciudad, en ese estado y en todo el país.

La marcha estuvo conformada mayoritariamente por hombres y mujeres jóvenes pertenecientes a diversos colectivos y organizaciones. Había mujeres que portaban cruces pintadas de rosa, otras que usaron su cuerpo como lienzo donde escribir sus demandas para exigir justicia, había hombres con faldas y vestidos como forma de protesta por la violencia feminicida y para hacer notar su solidaridad con las mujeres. Aunque era una marcha colorida y vistosa, la consigna principal era la denuncia de los feminicidios en Chihuahua y el resto del país, y la solidaridad con todas las mamás que han perdido a sus hijas.

Norma Carrillo explicó que asistió a la marcha para solidarizarse con las mamás de las mujeres asesinadas o desaparecidas, y también para conmemorar lo que otras mamás han hecho por sus hijas. En ese sentido, Isaura Castelao dijo que respondió a la convocatoria de la marcha como una forma de hacerles saber a las mamás de las mujeres asesinadas que las admira por “ser sumamente valientes al salir a las calles a luchar por sus derechos y que no están solas.” Por su parte, Edith reconoce que vino para “solidarizarse con las mamás que han perdido a sus hijas sin que el Estado haga nada.”

¿Qué hacer?

Ciertamente, como apuntó Luis Emilio, integrante del #YoSoy132 Tlalpan, la movilización social y la organización de las mujeres son formas que pueden ayudar a detener los feminicidios. Sin embargo, entre los manifestantes había quienes aportaban otras ideas. Al intentar decir sus ideas hubo quienes guardaron silencio unos segundos antes de hablar, y hubo quienes lloraron. Reconocieron que hay más de una solución que puede venir desde la gente, sin esperar nada del Estado.

Elizadek, quien iba acompañada de su pequeña hija, opina que uno de los pilares para cambiar la situación de violencia feminicida es educar a los hijos e hijas y concientizar a la gente sobre la violación a los derechos que implica el feminicidio. Diego opina que una forma de abonar al cambio es “informarse acerca de las reivindicaciones feministas y los derechos de las mujeres y esto conlleva una responsabilidad muy grande, que es llevarlo a la práctica. Esto es no caer en los machismo, micromachismos, misoginias.”

Por su parte, Miguel señala que la solución es cambiar todas las estructuras porque el problema es profundo. Siguiendo esta idea, Edith apunta que como servidora pública tiene un deber con los derechos de las mujeres, y que se debe unir a sectores como la academia, además de incluir a los hombres en la resolución de la problemática. Karina concluye diciendo que se debe involucrar a toda la gente para crear comunidad y resolver desde ahí el problema de los feminicidios.

Publicado el 11 de marzo de 2013

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