Pisa, Italia, El pasado 28 de febrero, el gobierno italiano decidió acabar con el programa de refugio y asilo político puesto en marcha hace dos años, ante la crisis humanitaria provocada por la llamada Primavera Árabe, y sobre todo por la guerra civil en Libia. Este hecho ha provocado una nueva crisis humanitaria, invisibilizada por los medios masivos de comunicación, ocupados exclusivamente en el complicado escenario postelectoral italiano. Se trata de más de 20 mil migrantes que han sido desalojados de las estructuras de acogida en todo el país, sin garantías de inserción social y laboral. No obstante, en Pisa y otros lugares de Italia la sociedad civil se organiza junto con los migrantes para defender sus derechos, a pesar de las amenazas por parte del gobierno.

La historia

Desde el inicio de la Primavera Árabe, y sobre todo tras el estallamiento de la guerra civil en Libia, miles de personas se vieron obligadas a escapar de sus países buscando refugio en Italia. Ante la emergencia humanitaria, el gobierno creó un programa nacional que preveía la creación de estructuras para la acogida de los refugiados, en los que se llevaban a cabo los trámites necesarios para legalizar su estancia como asilados políticos o de otro tipo. Dichas estructuras son principalmente de propiedad pública o de entes a los que el gobierno otorgó la concesión del servicio, como la Cruz Roja Internacional, la Cáritas y otras cooperativas sociales. Dichos entes y organizaciones recibían del Estado una contribución de 46 euros diarios por cada persona a la que le ofrecían asistencia dentro del programa.

Es importante subrayar que, además de ofrecer alojamiento y alimentación, el programa de acogida del Sistema de Protección para los solicitantes de Refugio y Asilo (SPRAR por sus siglas en italiano), contempla también la eventual integración social de los refugiados, a través de la enseñanza de la lengua italiana y la formación para el trabajo. Este aspecto es fundamental, pues garantiza al migrante una perspectiva de vida al término el programa nacional. Sin embargo, el programa ha sido cancelado sin alcanzar sus objetivos, dejando en el desamparo a poco más de 20 mil migrantes en toda Italia, y desatando con esto una nueva y silenciosa emergencia humanitaria.

El caso de Pisa

En Pisa, el campo de refugiados más grande se encuentra en la periferia de la ciudad, y ha sido administrado por la Cruz Roja local en un terreno de propiedad pública. Durante los dos años que duró el programa, han sido múltiples los problemas que han sido señalados por los propios refugiados. En un primer momento, por ejemplo, no se les permitía salir de la estructura, aunque posteriormente “obtuvieron” la libertad de movimiento, visto que quedó demostrada la inexistencia de impedimentos legales al respecto. Por otro lado, los responsables del campo obstaculizaron reiteradamente la entrada de otras asociaciones de voluntarios que ofrecían asistencia legal y de otro tipo a los refugiados. Finalmente, gracias a la presión de la sociedad civil de Pisa, esa barrera también fue derribada.

Sin embargo, la mañana del 28 de febrero los operadores de la Cruz Roja decidieron cerrar el campo de refugiados, luego de recibir una circular del Ministerio del Interior que decretó la cancelación definitiva del programa de asistencia. Ante ello, los migrantes, junto con algunos activistas, colectivos y asociaciones de voluntarios protestaron porque se trataba claramente de una acción prematura que atentaba contra los derechos de los refugiados al incumplir con los objetivos que el mismo programa de emergencia se había impuesto. Así, decidieron oponerse al desalojo, organizándose de manera autogestiva para mantener el funcionamiento del campo.

La ocupación del campo

En un clima de cooperación y solidaridad, muchos estudiantes de la Universidad de Pisa, en particular provenientes de la licenciatura de Ciencias para la Paz, comenzaron a organizarse con los migrantes en el mantenimiento del campo de refugiados. Tras el cierre del programa y el abandono de la Cruz Roja, los operadores de esta organización regresaron a la estructura para llevarse camas, muebles y todos los utensilios ahí presentes, pidiéndole a los migrantes y a la gente que se solidariza con ellos de dejar libre el espacio. Lo hicieron sin ofrecer ninguna garantía con respecto a las reivindicaciones de los migrantes, por lo que éstos decidieron quedarse e impedir el desmantelamiento del centro a pesar de los engaños y las amenazas.

En toda Italia, cerca de 20 mil migrantes han sido desalojados de este tipo de estructuras. En todos los casos, los operadores de los diversos entes encargados del programa hicieron firmar a los migrantes un documento de conformidad con el cierre de los centros y del programa, dándoles un “apoyo” de 500 euros como bono de “salida cordial”. Los migrantes del centro de Pisa, sin embargo, se opusieron a esta formalización tramposa, argumentando que seguían sin cumplirse los dos objetivos principales del programa: en primer lugar, responder a la emergencia ofreciendo alojamiento a los refugiados y, en segundo lugar, ofrecer perspectivas de integración social de los migrantes (enseñanza del italiano y formación para el trabajo, principalmente).

Crónica de una jornada en el campo de refugiados de Pisa

El domingo 3 de marzo, con un sol casi de primavera, la jornada en el campo de refugiados transcurría de manera “regular”. Había quien se dedicada a escribir una carta a los periódicos locales, otros que jugaban fútbol, reparaban bicicletas o se ocupaban de la cocina. El campo se encuentra muy cerca de Muncipio de los Bienes Comunes, un centro social también amenazado de desalojo, cuyos miembros se han solidarizados con la resistencia de los migrantes.

A las 15:30, funcionarios de la Cruz Roja se acercaron pidiendo hablar con los italianos y luego con los refugiados, por separado. En la primera comunicación exigieron que se desalojara el campo porque “había problemas de seguridad” (sin especificar cuáles), y que los italianos tenían que irse primero “por el bien de los migrantes”. Los italianos respondieron que lo harían sólo después de que las instituciones locales, provinciales y de la región, junto con todas las asociaciones y entes competentes ofrecieran una alternativa concreta para la inserción laboral y social de los refugiados. Ante ello, los funcionarios respondieron que se estaba trabajando en una propuesta para garantizar tales garantías, pero que aún esperaban respuesta por parte de las autoridades locales; y que de momento se limitarían a declarar ante a la policía la falta de voluntad de los ocupantes italianos de abandonar la estructura, propiedad del ayuntamiento.

Posteriormente, los funcionario pidieron hablar con los migrantes, pero uno de los activistas hizo notar que no era posible debido a la ausencia de traductores. Una vez que el traductor estuvo presente, los funcionarios se limitaron a reiterar que aún esperaban una respuesta por parte del ayuntamiento sobre alternativas de inserción social y laboral, pero que de momento lo urgente era que desalojaran las instalaciones. Ante la falta de claridad, los migrantes se negaron a abandonar el lugar y subrayaron la importancia de la presencia de los activistas italianos para presionar a las autoridades a ofrecer una solución verdadera.

Los funcionarios se retiraron del lugar a las 18:30, al ver la determinación de los migrantes y de los activistas. Antes de irse, sin embargo, amenazaron con valorar la posibilidad de presentar una denuncia por la ocupación ilegal de la infraestructura ante la prefectura de Pisa, afirmando que una acusación de este tipo podría tener consecuencias graves para el estatus migratorio de los refugiados, todos ellos con un “permiso de tránsito” o a la espera de una legalización definitiva. Sin embargo la resistencia continúan a pesar de las amenazas: esa misma noche migrantes y activistas cenaron juntos, y a partir de entonces se han dedicado a trabajar en el mantenimiento de la infraestructura de forma horizontal y autogestiva.

¿Humanidad antes que nada?

Los funcionarios de la Cruz Roja se han mostrado sorprendidos por la resistencia que encontraron en el campo de refugiados de Pisa. Continúan afirmando que el programa nacional ha concluido formalmente y que no hay razones para semejante actitud por parte de los migrantes. Uno de los activistas italianos les hizo notar que dichos procedimientos no pueden estar por encima de la solidaridad humana y los valores éticos fundamentales para cada sociedad. Sin embargo las amenazas continúan y el 7 de marzo se registró mucha tensión en el campo pues se notificó que en los próximos días el ayuntamiento cortará los servicios de luz y agua.

Las instituciones no han respondido todavía a las numerosas solicitudes de diálogo por parte de los activistas y los migrantes. La Cruz Roja insiste en que primero se deben cumplir los procedimientos formales, los tiempos burocráticos y, sobre todo, las órdenes del gobierno nacional; pero no reconoce, al menos hasta ahora, ninguna responsabilidad ante el incumplimiento del programa de inserción social y laboral que surgió tras la emergencia humanitaria hace dos años. Afortunadamente son las asociaciones y los voluntarios quienes están dando actualmente un ejemplo de humanidad en el territorio de Pisa y en otros lugares del país, ofreciendo cursos gratuitos de italiano, solidarizándose con ellos y acompañándolos en su lucha.

Publicado el 11 de marzo de 2013