Madrid, España. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es criminalizada y acusada de tener vínculos con la organización armada vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) porque decidió hacer una campaña de escraches, cuyo objetivo es señalar a los políticos que quieren rebajar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para terminar con los abusos de la banca en los desahucios de vivienda.
El Consejo General del Poder Judicial habla de 350 mil ejecuciones hipotecarias. Se calcula que hasta 570 familias son expulsadas todos los días de sus casas por deudas hipotecarias, que se ven imposibilitadas de pagar debido a la crisis económica. Las reacciones sociales ante los suicidios provocados por la desesperación ante la ley que apoya esta situación -considerada ilegal por la Unión Europea porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas- han obligado a los bancos a suspender sus desahucios en casos de extrema necesidad.
La PAH ha logrado más de 600 mil firmas que apoyan una iniciativa legislativa popular que solicita la paralización de los desahucios y que ningún deudor habitacional pueda ser condenado a una deuda perpetua derivada de una hipoteca; también pide que las familias que no puedan pagar su vivienda puedan permanecer en ella pagando un alquiler que no supere el 30 por ciento de la renta familiar. Junto a esto, plantean que los responsables de la crisis que son principalmente las entidades financieras y sus consejos de administración- sean llevados ante la justicia para que respondan por los delitos que han cometido.
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PAH=ETA. La comparación estaba tardando en llegar, y ha terminado saliendo de la boca de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que las ha dirigido contra la portavoz estatal de las PAH, Ada Colau: La señora Colau y personas en la plataforma han manifestado su apoyo en determinadas ocasiones a Bildu, a Sortu y a todos estos grupos que, a mi modo de ver, tienen mucho que ver con el entorno de ETA», ha declarado en la cadena SER.
No ha sido la primera en su partido en vincular a las plataformas de afectados por la hipoteca con acciones violentas. Esteban González Pons anunció que denunciaría a PAH Valencia por coacciones durante el escrache a que fue sometido el diputado valenciano la semana pasada. Tanto Colau como la PAH de Valencia han anunciado a su vez posibles querellas en respuesta. Colau ha declarado que después de las declaraciones de Cifuentes ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales, y ha aclarado que jamás ha hecho declaraciones públicas acerca del conflicto vasco.
Fuera del Partido Popular (PP), este tipo de acciones han encontrado el rechazo de la diputada y portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez. Su partido también ha anunciado su rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria presentada por la PAH y por lo tanto es objeto de esta campaña de señalización pública. El secretario general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha criticado este aspecto de la campaña de la PAH en dos ocasiones, la última justo después de la acción frente al domicilio de González Pons, cuando declaró a Europa Press que no es partidario de ello, pero que respeta la campaña porque entiende que la gente está muy cabreada. Izquierda Unida sí ha anunciado su apoyo parlamentario a las tres medidas incluidas en la ILP.
Mientras, las PAH y asambleas de vivienda del 15M mantienen su campaña de escraches como parte de las iniciativas que impulsan para apoyar la ILP hipotecaria, que aún se discute en el Congreso. Según una encuesta publicada por El País el domingo 17, tres días antes del escrache a González Pons, el 88 por ciento de las personas encuestadas afirmaba apoyar la campaña, pese a que un 67 por ciento decía no conocerla.
El daño de la sentencia europea
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo una cosa falsa y una verdad a medias sobre los desahucios en su comparecencia ante la prensa después del Consejo de Ministros del 15 de marzo. La primera, que no sabía lo que era un escrache. La pregunta se la hizo una periodista porque ese mismo lunes Sáenz de Santamaría tuvo que salir por la puerta trasera del Hotel Ritz para evitar a varias decenas de personas que habían acudido a la puerta a escrachear (señalar públicamente en protesta) a la plana mayor del PP que se reunía en el hotel madrileño, debido a la negativa anunciada hasta la fecha por su partido a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) antidesahucios.
La verdad a medias: el Gobierno se plantea limitar por ley los llamados intereses de demora, por los que los bancos penalizan los impagos hipotecarios a tres veces el interés legal del dinero, hoy situado en el 4 por ceinto. No se podrá pactar un interés de demora por encima de tres veces ese porcentaje, señaló la vicepresidenta.
De hecho, la limitación por ley de los intereses de demora ya había sido anunciada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en su intervención en el Congreso el 30 de enero. No tuvo que esperar a que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 14 de marzo declarara ilegal el procedimiento español de ejecución hipotecaria que se ha aplicado en 400 mil hogares desde que comenzara la crisis, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La sentencia sí varió el ritmo del ejecutivo en dos ocasiones: la primera, al retrasar el procedimiento de tramitación de la ILP hipotecaria, y la segunda cuando creó dos grupos de trabajo de los ministerios de Economía y Justicia para adaptar la propuesta del Gobierno a la sentencia europea.
Europa da un aldabonazo
La sentencia es todo un aldabonazo, afirma a Diagonal Rafael Mayoral, abogado de la PAH madrileña. El dictamen del tribunal europeo es una respuesta a un caso específico, el de Mohamed Aziz, ante una consulta elevada por el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona.
Destaca Mayoral, la sentencia deja claro que el procedimiento de ejecución hipotecaria vulnera una directiva del año 1993 sobre protección del consumidor. En el caso de Aziz, la clásula considerada abusiva por el TJUE era la que le imponía unos intereses de demora del 18 por ciento. La directiva europea especifica en un anexo hasta 17 cláusulas abusivas que pueden vulnerar la protección del consumidor al firmar cualquier contrato.
Nosotros consideramos que la propia inclusión por parte del banco del principio de responsabilidad universal del deudor ya es abusiva, declara Mayoral. Este principio es el que hace que todos quienes han adquirido una hipoteca para la compra de una vivienda tengan que responder con la casa y con sus bienes presentes y futuros en caso de impago. Se debe declarar la nulidad de todos los procedimientos, prosigue Mayoral.
Para ello las PAH prepararon para el martes 26 la entrega masiva de solicitudes de suspensión en los juzgados. Una tarea, remacha el abogado, que no es sólo jurídica ni procesal, sino que tiene que ir acompañada de la movilización popular para que más jueces se decidan a aplicar los criterios de la Unión Europea.
Lo que diga el Tribunal Supremo, que está preparando un dictamen sobre la sentencia, también tendrá peso sobre la aplicación práctica de la sentencia. Hay que estar atentos porque en la sala que lo va a interpretar está Sebastián Sastre Papiol, un hombre muy próximo a la banca, señala Mayoral. Según informó Andrés Muñiz en Público.es, el nombramiento de Sastre Papiol en noviembre estuvo marcado por su cercanía con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y su amistad personal con Isidro Fainé, presidente de La Caixa.
