Madrid, España. Ante las modificaciones legales que en la práctica arrebatan el derecho a la atención sanitaria a amplios sectores de la sociedad española, profesionales del sector y usuarios decidieron no obedecer y organizarse para hacer efectivo su derecho.

Con la aprobación del nuevo marco regulatorio para la prestación sanitaria, recogido en el “Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones”, el Gobierno español arrebata a muchas personas (migrantes sin permiso de residencia principalmente, aunque hay otros grupos poblacionales afectados) el derecho a recibir asistencia médica.

Con base en una argumentación falaz apoyada en la supuesta necesidad de buscar ahorros, el Ejecutivo, que dirige Mariano Rajoy, decidió que a partir de ahora, en España las personas se distinguirán entre las que merecen acceder al Sistema Nacional de Salud sin que ello les suponga un coste adicional al que ya afrontan con el pago de sus impuestos, y las que, por el contrario, tienen que sufragar los gastos de cada consulta, de cada radiografía o cada análisis.

Y aunque en un primer momento quedaron libres de la facturación tanto la atención de urgencias como la asistencia a menores de edad, así como a embarazadas (para adaptar formalmente la normativa a lo que dictan los tratados internacionales), lo cierto es que con el paso de los meses se ha podido comprobar que esto sólo era un guiño de cara a la opinión pública, y que los servicios de salud de algunas comunidades autónomas van a hacer todo lo posible para poner límites a la universalidad de la atención.

En este sentido, se ha detectado en algunos centros sanitarios de distintas partes del país una serie de indicaciones, bien a través de notas informativas colocadas en las dependencias de dichos centros o bien en sus páginas web, dirigidas a disuadir a estas personas de reclamar la atención médica que por ley les corresponde, bajo la amenaza de que tendrán que pagarla. Una vuelta de tuerca más a una disposición que es ya de por sí inmoral.

Como resultado de todo este proceso, las personas excluidas han quedado en una situación de desamparo total. Se les cierran las puertas (no formalmente, pero sí en la práctica) del sistema sanitario público y se les obliga a pagar por la asistencia, aun a sabiendas de que muchas de ellas no van a poder asumir dicho pago. Esto podría poner en peligro su integridad física e incluso podría dar lugar a un problema mayor para la salud pública, como en el caso de las enfermedades infecciosas. Pero, ¿qué importancia tiene eso, en comparación con el rescate de un banco?, se preguntan los miembros de nuestro Gobierno.

Pues bien, llegados a este punto, y en base a la firme convicción de que el sistema sanitario español era perfectamente sostenible y no necesitaba una transformación de este calado (el gasto público de España en sanidad –que no es gasto, sino inversión- era del 7.6 por ciento sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en 2010, frente al 9.6 por ciento que destinó Alemania, según datos de la OCDE* y la Comisión Europea), varios colectivos y algunas organizaciones sociales decidieron ponerse manos a la obra para hacer frente a la injusticia y tratar de restablecer la sanidad universal.

La mejor manera de dejar sin efecto una ley injusta es desobedecerla masivamente.

Algunas de estas organizaciones han optado por la puesta en marcha de dispensarios de medicamentos para atender la demanda de la población excluida, y también planean como posibilidad la construcción de una red de atención paralela, al estilo griego, en caso de que se agrave la situación.

Al mismo tiempo, se impulsan campañas para promover la objeción de conciencia por parte de las y los profesionales que operan en el seno del sistema sanitario, sirviéndose de la idea de que para dejar sin efecto una ley no hay nada mejor que desobedecerla masivamente.

Esta es precisamente la vía de acción por la que se ha decantado el colectivo Yo Sí Sanidad Universal, conformado por profesionales de la sanidad, por usuarios y usuarias del sistema y gente de toda índole que ha decidido aglutinar fuerzas para hacer frente a la exclusión y, en la medida de lo posible y con el apoyo de otros actores, obligar a que el Gobierno dé marcha atrás y derogue la reforma sanitaria.

Para conseguirlo, se ha articulado una estrategia consistente en buscar complicidades dentro del propio Sistema Nacional de Salud, en el que, por cierto, conviven profesionales con distintas sensibilidades. La idea, en todo caso, es generar conciencia contra la exclusión, informar de las posibilidades que ofrece la ley para que ninguna persona se quede sin asistencia sanitaria y aportar información relacionada con las consecuencias que se podrían desprender de una actitud desobediente, la cual está amparada plenamente por nuestro ordenamiento jurídico, que garantiza el derecho a la objeción.

Con esa intención se han diseñado y publicado una serie de materiales, accesibles en la página web del colectivo, los cuales están en proceso de actualización constante debido a la improvisación que ha marcado la puesta en marcha de la nueva normativa y que ha obligado al colectivo a adaptar sus tácticas a los volantazos que ha ido dando el Gobierno.

La segunda vertiente de la estrategia de desobediencia de Yo Sí Sanidad Universal está dirigida a la implicación de usuarios y usuarias. Para ello se inició una red de grupos de acompañamiento, cuya función principal es la de dar apoyo a las personas excluidas en el denigrante proceso de reclamar un derecho que debería pertenecerles por el mero hecho de tener la condición de seres humanos.

La idea, en este caso, es que los grupos de acompañamiento sirvan de avanzadilla para realizar una labor de tanteo de los centros sanitarios, identificando los más proclives a dar una asistencia universal e informando al personal sanitario de las estrategias a su disposición, a la vez que acompañan a la gente excluida durante la fase de admisión, atención y prescripción de fármacos, y evitar así que se les facture.

Frente a lo que pueda parecer, la intención es no caer en el paternalismo y, aunque a veces la gravedad de los casos hace difícil escapar de esa actitud, la idea es siempre la de favorecer la autonomía de las personas excluidas. A este respecto, merece la pena destacar los avances que se están produciendo, con ciudadanos y ciudadanas a las que la nueva normativa les deniega la atención, pero que con base en el apoyo recibido por los grupos se convierten en acompañantes de otras pacientes de su mismo círculo social. ¡Todo un éxito, ya que es justo eso lo que se pretende transmitir!

Aunque para ser justos en la evaluación de la campaña, además de hablar de los éxitos también habría que hacerlo sobre las asignaturas pendientes. En este apartado se encuentra la extensión de la red de desobediencia a nivel estatal, para que se puedan compartir experiencias y conocimientos y mejorar las tácticas a seguir. De momento las fuerzas están muy concentradas en Madrid, aunque existen ya iniciativas de este tipo, que actúan en colaboración con Yo Sí Sanidad Universal, en las ciudades de Zaragoza (Aragón), Murcia, Valencia, Fuerteventura (Canarias) y Santander (Cantabria).

En todo caso, y mientras la red se extiende, hay lecturas que ya se pueden realizar. Una de ellas, quizás la más importante, es que la ciudadanía no siempre tiene que doblegarse ante las decisiones injustas de sus gobernantes y que el recurso a la desobediencia, le pese a quien le pese, es a veces la única alternativa para que no nos arrebaten nuestra dignidad.

Publicado el 04 de febrero de 2013