4 de agosto de 2014
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Los mariachis callaron

El gobierno del Distrito Federal persiste en la eliminación de los vendedores ambulantes del Centro Histórico por medio de operativos policiacos. El último episodio tuvo lugar en la famosa plaza Garibaldi.

Sergio Adrián Castro Bibriesca
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La multiplicación de los “changarros” será la prioridad del gobierno

de México en los próximos seis años.
Vicente Fox, 2000.

México, DF. Integrados a la economía informal por falta de oportunidades, vendedores ambulantes, músicos y trabajadoras sexuales sufren la política de “limpieza” de espacios públicos que realiza el gobierno capitalino por medio de operativos policiacos, multas y reubicaciones.

Entrevistadas por Desinformémonos, dos trabajadoras ambulantes defeñas coinciden en que se arriesgan a trabajar en la calle por necesidad económica y en denunciar la represión y los robos de los que son objeto por parte de las fuerzas policiales encargadas de los operativos en la denominada “Ciudad de Vanguardia”.

La informalidad en cifras

En México aumenta, la población que se ocupa en el sector informal de la economía, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La dependencia sustenta que tres de cada diez personas obtienen sus ingresos en actividades informales y, por ende, no tienen acceso a un salario fijo ni a prestaciones de seguridad social, como atención médica.

Hasta septiembre de 2012, la población económicamente activa en el país rebasó los 51 millones de personas, de las que más de 48 millones están ocupadas. De ese sector, poco más del 29 por ciento -arriba de 14 millones de personas- se desempeñó en las llamadas actividades informales, de acuerdo con los datos reportados por el organismo.

En México se generan 650 mil empleos formales por año, cuando la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo genera una demanda de alrededor de un millón de empleos anuales. Las cifras finales del sexenio de Felipe Calderón en cuanto a empleo dejan 867 mil 271 desempleados -más de los que había cuando comenzó como mandatario-, lo que significa que se perdieron, en promedio, 396 empleos cada día del sexenio; una de sus promesas de campaña fue la generación de un millón de empleos al año.

En la Ciudad de México, cerca del 25 por ciento de la economía la constituye el sector informal. Sin embargo, las personas que subsisten de este tipo de empleo son borradas paulatinamente del mapa capitalino. Las plazas públicas más representativas de la ciudad han visto desaparecer los tianguis, que en algunos casos, han sido reinstalados en otros espacios. Se calcula que en la Ciudad de México hay 500 mil vendedores ambulantes, 30 mil de ellos en el Centro Histórico.

La “limpia” del Centro Histórico

Desde 2007, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) informó de la prohibición del comercio informal en espacios públicos del Perímetro “A” –que comprende la zona del Zócalo-. Esto lo ratificó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno electo del Distrito Federal que tomará posesión el primero de diciembre de 2012.

El GDF hizo un acuerdo con algunas organizaciones de ambulantes del Centro Histórico para la entrega de plazas comerciales con el fin de que los vendedores ejerzan “una actividad comercial en orden y legalmente establecidos”. Sin embargo, hay dirigentes que señalan la insuficiencia e ineficiencia de esos espacios para ejercer sus actividades comerciales.

Un informe de la Policía Auxiliar – que abarca de 2007 a 2011- menciona que 54 mil 769 vendedores ambulantes fueron arrestados y presentados al juez cívico durante el “Operativo Blindaje”, nombre bajo el que se realizan las acciones contra los ambulantes. El número de uniformados asignados al retiro de comerciantes se ha incrementado en los últimos cinco años, de cien en 2007 a 500 en 2011. Hoy en día participan hasta 766 policías en las acciones que comienzan cada día a las seis de la mañana.

Laura tiene ocho años trabajando vendiendo ropa en la calle; ella señala que hoy en día se criminaliza a quien vende de manera ambulante, que el gobierno los reprime mucho y que existen pocas salidas. “¿A dónde nos quieren llevar? No hay apoyo por parte del gobierno”.

Cuando hay operativo, “nos arrebatan las mercancía como si fuéramos delincuentes, y nos quieren llevar a la 50 (agencia del ministerio público), cuando lo único que hacemos es trabajar de forma digna”, comenta.

La mercancía decomisada es entregada 15 días después, previo pago de una multa, pero “siempre está incompleta”, acusa Laura. El pago depende de la mercancía que se venda; “si son pepitas te sacan unos 150 pesos, pero si te ven una cantidad importante de mercancía, te sacan de 300 a 600 pesos”, indica Laura, madre soltera de cuatro hijos. “Tengo la necesidad de salir a torear, si no, no comemos”, concluye la vendedora.

Torear es un término que se usa para la gente que vende en la calle, y que esquiva a los policías para poder trabajar, “con la manta en el piso y la mercancía lista para correr cuando viene la policía”, señala Monserrat, que se dedica al trabajo sexual y trabajó 11 años como vendedora ambulante.

A Monserrat la retiraron de la zona del centro donde vendía en 2007. “Nos dijeron que nos quitarían de la calle por 15 días para ‘descansar’, y después de ese plazo nos dejarían instalarnos de nuevo, cosa que no pasó”, señala.

La hoy trabajadora sexual indica que por medio de las cámaras de vigilancia instaladas en el Centro Histórico, la policía hace el seguimiento de los vendedores ambulantes que escapan de las pesquisas para sacarlos de donde se escondan. “Los operativos empezaban a las seis de la mañana. Cuando comenzaban las corretizas, tomabas tu manta y tratabas de meterte a establecimientos o vecindades, pero la policía se metía también y a quien nos escondía le decían que estaba cometiendo un delito”, relata Monserrat.

Monserrat coincide con Laura en que cuando le decomisaban mercancía, por ejemplo 50 piezas de ropa, le regresaban 20 ó 30. “Muchas veces tomábamos un taxi para seguir a la camioneta de la policía y checar que no nos quitaran nada. En el caso de la gente que vendía comida, los policías se la comían en el camino y llegaban con las arcas vacías”. Monserrat cuenta que hubo vendedores que cuando veían la camioneta tiraban su comida en la calle, “pues preferían tirarla a que se la comieran los granaderos”.

“Pago renta, luz, comida, tengo familia. No nos dejan muchas alternativas para subsistir, porque si intentamos torear a los policías, nos llevan al Ministerio Público y las multas llegan a mil 200 pesos para que nos liberen”, concluye Monserrat.

Garibaldi, el episodio más reciente

La limpieza de las plazas públicas más representativas de la capital tuvo su último capítulo en la Plaza Garibaldi, también en el Centro Histórico del Distrito Federal, plaza famosa por ser un espacio de convivencia con música en vivo y consumo de alcohol.

El 25 de octubre arrancó el operativo “Cero tolerancia contra el ambulantaje y venta de alcohol adulterado” en Plaza Garibaldi. El discurso oficial es que se evitará la venta de alcohol adulterado, sin embargo, personas que se dedicaban a la venta de flores, o los personajes más representativos de la plaza, los mariachis, también sufren esta medida.

Algunos días después del desalojo, alrededor de 80 personas que vendían bebidas alcohólicas alrededor de la Plaza se manifestaron por el retiro del ambulantaje en la explanada.

Fuera de micrófonos, algunos músicos señalan que ya no sacan ni la mitad de lo que ganaban hace unos días. Días después del operativo, la plaza Garibaldi luce vacía, fría y silenciosa, no hay gente conviviendo y el mariachi dejó la música para otra ocasión.

 Publicado el 24 de diciembre de 2012



1 comentario en “Los mariachis callaron”

Una muestra de cómo las políticas públicas de rescate de los centros históricos, obliga a muchas ex-vendedoras ambulantes a recurrir al trabajo sexual y otras ex-trabajadoras sexuales, a regresar a su antiguo oficio.


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