4 de agosto de 2014
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Guatemala de cara a la impunidad estatal

En Guatemala, el contexto actual no es tan distinto al genocidio, la política de tierra arrasada, y el exterminio de manera sistemática de ciertos grupos de la población.

Gabriela Cruz/ Centro de Medios Independientes de Guatemala
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Guatemala. Durante los primeros 11 meses de gobierno del exmilitar Otto Pérez Molina, entrenado en la Escuela de la Américas en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, en el año de 1985, según archivos de la National Security Archive (NSA), la represión ha golpeado fuertemente a mujeres, hombres, niñas, niños, ancianas y ancianos por igual.

Cabe destacar que la Escuela de las Américas ha entrenado a más de 56 mil soldados provenientes de 18 países de Latinoamérica, en las áreas marciales de guerra de baja intensidad, operaciones psicológicas (PSYOPS), técnicas de contrainsurgencia, operaciones de comando, métodos de interrogación y recolección de información.

En el contexto actual en Guatemala, en estos primeros meses de gobierno, existe un constante saqueo de los recursos naturales y la imposición de megaproyectos disfrazados de aparente desarrollo.

De cara a la impunidad estatal, quedan claros los ejemplos de cómo el gobierno ha respaldado totalmente cada una de las acciones impulsadas en función de que las empresas transnacionales tengan las condiciones necesarias para que hagan lo que quieran. Uno de estos casos es la imposición de un Estado de Sitio para que el saqueo sea más eficaz. El pasado orimero de mayo, en la comunidad de Santa Cruz Barillas, ubicada en el departamento de Huehuetenango, los encargados de la seguridad de la empresa Ecoener Hidralia – Hidro Santa Cruz agredieron a Sebastián Bernabé y a Pablo Antonio Pablo, y asesinaron a Andrés Francisco Miguel, líderes de la comunidad, y quienes constantemente habían denunciado la apertura de operaciones de la empresa hidroeléctrica; a pesar de la negación de la municipalidad a la solicitud de licencia de construcción presentada el 16 de noviembre de 2010.

El proceso de consulta comunitaria o de buena fe se realizó el pasado 23 de junio de 2007, con la participación de 46 mil 481 habitantes, de los cuales 4 mil 472 rechazaron cualquier proyecto minero, hidroeléctricas u otro que atente contra la naturaleza del municipio.

La represión estatal y el terrorismo de estado se ejerció días después. El 3 de mayo de 2012, Otto Pérez Molina huzo pública la implantación de el Estado de Sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas, que implicó un fuerte despliegue militar, y para la población perder en su totalidad las garantías constitucionales, golpes a mujeres, niñas y niños, y el aborto de Olivia Argueta, de la comunidad Las Brisas, esposa de Joel Gaspar Mateo, preso político, quien después de sus tres meses y ocho días de embarazo perdió a su bebé a raíz de “la profunda tristeza, impotencia y preocupación que generó la detención ilegal de su esposo”, a la salida de su trabajo.

El Estado de Sitio es equivalente a la guerra, en la que se le otorgan a las fuerzas armadas las facultades para los actos de represión que puedan cometer. Esto implicó el gasto de 5 millones 302 mil 300 quetzales durante los 18 días que duró el estado de terror.

Desde el 2 de mayo se giraron más de 33 órdenes de captura, sobre las cuales el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en declaraciones públicas en medios visuales y escritos argumentó: “…deberán ser ejecutadas con carácter de urgencia”, debido a los supuestos hechos delictivos que no tienen respaldo ni argumento, así como ningún proceso de investigación que pudiera comprobar verazmente la implicación directa de los barillenses.

Ese mismo día, procedieron las capturas de Saúl Méndez, de 39 años de edad; Joel Gaspar Mateo, de 36; Diego Juan Sebastián, de 34; Antonio Velásquez López, de 40; Amado Pedro Miguel, de 31; Andrés Juan Andrés, de 28; Ventura Juan, de 28; y de Pedro Vicente Nuñez Bautista y Marcos Mateo Miguel, ambos de 38 años.

El 3 de mayo capturaron a Ader Ríos Juárez, de 22 años; Carmelita Aurora López, de 43; y Esperanza Concepción Herrera, de 74 años; a quienes se liberó por falta de pruebas.

En estos momentos hay once personas detenidas de manera ilegal, que llevan ya más de seis meses sin que se pueda comprobar que las acusaciones que se les adjudican tienen sustento real.

De la misma forma en la que se dieron las detenciones ilegales, se impuso el Estado de sitio de manera ilegal e inconstitucional, por el cual el abogado Benito Morales presentó el pasado 14 de mayo un recurso de inconstitucionalidad en contra de dicho decreto, argumentando lo siguiente: “…el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido una serie de jurisprudencia de acuerdo a los estados de excepción, siendo éste el último recurso que un gobierno puede establecer en un momento determinado. Lo que aquí es sorprendente es que no hubo ningún diálogo previo, para que se respeten los derechos de los pueblos.

La primera audiencia para el caso de los 11 presos políticos se realizó el 19 y 20 de septiembre, en el Juzgado de Primera Instancia Penal, de Narco Actividad y Delito Ambiental, a cargo del juez Luis Fernando Pérez Zamora, en el Juzgado de Santa Eulalia, Huehuetenango. Luego de dos días en que los comunitarios detenidos ilegalmente dieron sus testimonios, el resultado de esta primera audiencia fue favorable para Marcos Mateo Miguel, dejándolo en libertad en la madrugada del 21 de septiembre, por no tener ninguna prueba. Hasta el día de hoy, a su hermano Amado Pedro Miguel aún se le niega la libertad.

A pesar de las constantes amenazas para muchas de las comunidades de las micro regiones de Santa Cruz Barillas, por la presencia de personeros de la Hidroeléctrica Santa Cruz en su territorio, el 30 de octubre de 2012 se realizó la primera audiencia, a cargo del juez Miguel Ángel Aguilar, por el caso del asesinato de Andrés Francisco Miguel, comunitario de Santa Cruz Barillas, y el intento de asesinato de los líderes comunitarios Esteban Bernabé y Antonio Pablo Antonio. Luego de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se formuló la audiencia, requiriendo acusación y apertura de juicio en contra de Ricardo García López y Oscar Ortíz Solares (seguridad de la empresa) por asesinato y homicidio en grado de tentativa.

El proceso se entrampó una vez más, y la querellante del caso, María Francisco Marcos, esposa de Andrés Francisco Miguel, se presentó a la audiencia con un supuesto abogado de defensa de nombre Manuel Rodolfo Sánchez Díaz, quien llegó con personeros de la empresa, entre ellos un exmilitar capitán del ejército de nombre Juan Garrido, que al principio tenía a su cargo la seguridad de la empresa y ahora finge ser un empleado más, a cargo del área social de la Ecoener – Hidro Santa Cruz.

Juan Roberto Garrido Pérez es uno de los operadores políticos clave en este caso, que también se encuentra en la mesa de diálogo instalada por parte de la empresa en donde pretenden que las y los comunitarios de Barillas, firmen un convenio para mal informar acerca de su verdadero interés; para que pueda iniciar operaciones y se apruebe el proyecto Cambalam.

En Guatemala, el contexto actual no es tan distinto al genocidio, la política de tierra arrasada, y el exterminio de manera sistemática de ciertos grupos de la población.

Aquí se vive la falsa idea de la “inseguridad”, disfrazada con el discurso de la doctrina de seguridad nacional (DSN). Por un lado, están los militares, la policía y las nuevas fuerzas de tarea que se empiezan a crear; y, por otro, los presos políticos de Barillas, de Alta Verapaz, de San Juan Sacatepequez, de Chiquimula, persecuciones políticas, ejecuciones extrajudiciales y la masacre de Totonicapán. En Guatemala hay un Estado que no escucha, que no dialoga, que no tiene voluntad política. No hay un Estado que nos represente.

La respuesta del gobierno sigue siendo infundir el miedo, del uso de la violencia, las constantes agresiones, las armas, la ocupación, el reordenamiento territorial en función de la apertura y aprobación de las concesiones y licencias para que opere el capital extranjero. Una vez más la respuesta es la violencia política, la represión estatal, el terrorismo de Estado, el Estado como el enemigo del pueblo. Una vez más, es la imposición de un modelo para continuar con el exterminio de las formas originarias de vida.

El 14 de noviembre de 2012 se llevó a cabo una de las audiencias decisivas de la resistencia de los pueblos, de los 10 hombres que se encuentran detenidos de manera ilegal por más de seis meses.

1www.nsa.gov
2 http://resistenciadlp.webcindario.com/consultas.html
3Testimonio de Olivia Argueta
4 https://www.facebook.com/video/video.php?v=250096755097450

Publicado el 30 de diciembre de 2012



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