México D.F. Aunque los discursos oficiales señalan que las comunicadoras y defensoras de derechos humanos agredidas en el país son violentadas por cárteles o por redes de la delincuencia organizada, un informe del Centro de comunicación e información de la mujer A.C. (CIMAC) señala que en la mayoría de los casos las violaciones a los derechos de las periodistas y activistas provienen de funcionarios públicos, policías, militares, autoridades estatales o locales y representantes de partidos.

En 1981, en el marco del primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Colombia, se declaró al 25 de noviembre como el Día de la no violencia contra la mujer. Hasta 1999 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su asamblea general,  aprobó la institución del día a nivel internacional. La fecha conmemora el asesinato de las hermanas Marina, Teresa y Minerva Mirabal cometido en 1960 a manos de sicarios contratados por el entonces dictador dominicano Leonidas Trujillo.

Las hermanas Mirabal fueron incansables luchadoras sociales en su país. Se opusieron siempre a la dictadura de Trujillo, así como a cualquier injusticia social que se diera en su región y en su país. Siendo mujeres debieron enfrentar diversos tipos de violencia, desde la ejercida por su oposición a la dictadura hasta aquella en los ámbitos de participación política. Con sus acciones abrieron brecha, denunciando y sobreponiéndose a las violencias que les fueron infligidas.

En el marco de la celebración del Día internacional de la no violencia contra la mujer es importante visibilizar la situación de las comunicadoras en México en un intento por desnaturalizar cualquier tipo de violencia y que ésta sea vista como un riesgo profesional. Para esto retomamos el Informe diagnóstico presentado por el CIMAC hace ya un par de meses y que recaba la información de 2002 a 2011.

Abordar el tema de violencia contra mujeres periodistas y comunicadoras es de vital importancia, pues pasa por el respeto de los derechos humanos a comunicar y acceder a la información. Cualquier violencia contra periodistas es una agresión al pueblo porque vulnera los derechos ya mencionados, además los derechos de las mujeres.

La invisibilización y naturalización de la violencia

Hasta el año 2005 las estadísticas y reportes sobre violencia contra periodistas en México no aportaban datos desagregados por sexo, por lo que existía un vacío respecto a la situación de las mujeres, quienes de acuerdo con el Reporte global de la situación de las mujeres en las industrias de la comunicación están presentes en una relación de uno a dos respecto a los hombres en los medios de comunicación.

En su Informe diagnóstico, CIMAC declara que para las periodistas y comunicadoras la “invisibilidad las dejaba excluidas de la protección y la justicia, el derecho a la debida investigación y a la reparación integral”.

La violencia contra mujeres comunicadoras es una violación al artículo 19 de la Declaración universal de los derechos humanos, relacionado al derecho a la comunicación. Así como al artículo 3 de la Convención Belem do Pará, referente a una vida libre de violencia. Los tipos de violencia incluyen la física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, profesional y feminicida. Se trata de una cuestión estructural porque involucra la forma como funciona la sociedad, y en ello entra la aceptación de la violencia en todas sus formas bajo el argumento de que “es natural.” Se llegan incluso a tratar los casos de violencia contra mujeres periodistas y comunicadoras como anécdotas, restándole así el costo que tiene para toda la sociedad.

Contar con información desagregada por sexo, edad, etnia, tipo de medio y ocupación específica en él, número de hijos y estado civil permite ubicar a las mujeres en sus condiciones específicas, rompiendo así el silencio respecto a la violencia a la que se enfrentan en su día a día.

La investigación

Para realizar el Informe diagnóstico CIMAC siguió una rigurosa metodología que retoma la experiencia de diversas organizaciones que trabajan en torno a la libertad de expresión a nivel mundial, además de contar con el apoyo de la Red nacional de periodistas y la asesoría de la feminista Marcela Lagarde y de los Ríos.

Dada la gravedad del tema, se priorizó la seguridad y la situación emocional y psicológica de las periodistas entrevistadas. Sin embargo, también se consideró la seguridad para el propio CIMAC y para las integrantes que contactaban, registraban, documentaban y acompañaban a las periodistas violentadas. Para realizar un diagnóstico completo, se contempló si la periodista había tenido acceso a asesoría jurídica y atención por parte de las autoridades competentes, para establecer el tipo de seguimiento a dar, y para ubicar el nivel de impunidad.

De 2002 a 2011 CIMAC ha registrado y documentado 94 casos de violencia cometida contra mujeres periodistas, de estos, el  85.4 por ciento son casos de violencia directamente ligada con el ejercicio profesional. Entre 2002 y 2007 los casos denunciados de violencia contra mujeres periodistas y comunicadoras iba de uno a dos casos por año. En 2008 se registraron cinco casos, en 2009, 13; en 2010, 39 y en 2011, 31.

De 2002 a 2007 la mayoría de los casos de violencia ocurrieron en contra de mujeres en edad reproductiva, entre los 22 y 40 años. Muchas de estas mujeres son madre solteras, es decir, que de ellas dependen de uno a tres hijos. A nivel laboral, una mínima parte de ellas contaba con un contrato laboral formal, y poco a poco se ha incrementado en esos años la agresión a periodistas freelance.

En 2010, de los 39 casos registrados por CIMAC, 76 por ciento corresponde a reporteras, 2.6 por ciento a directoras y 10 por ciento a periodistas freelance. De aquí más de la mitad trabajaba en prensa escrita, 13 por ciento en radio, 13 por ciento en televisión y 10.5 por ciento en medios digitales. Todos estos casos quedaron impunes.

Durante el 2011 hubo un descenso en los casos registrados, sin embargo, la violencia se presentó de forma más encarnizada: hubo agresiones físicas en el 27 por ciento de casos. El estado de Veracruz “saltó a la escena” como el más violento, una tendencia que se hasta este años.

De los 31 casos registrados en 2011, el 51 por ciento eran reporteras, el 12 por ciento conductoras o locutoras, 9 por ciento corresponsales y jefas de información, 6 por ciento editoras y 3 por ciento columnistas o directoras.

Los responsables

El discurso oficial relaciona la violencia contra periodistas con los temas que cubren. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones realizadas por CIMAC, Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), la mayoría de las y los periodistas que son violentados, e incluso asesinados, cubren diversos temas que van desde política hasta movimientos sociales. Así, volvemos al punto de que la violencia es parte del sistema, que utiliza a la violencia como una forma de represión social.

Una de las hipótesis que sostienen al Informe diagnóstico realizado por CIMAC cobra relevancia, porque la “guerra contra el narcotráfico” del presidente mexicano, Felipe Calderón, ha servido de cortina de humo para no atender situaciones estructurales que están detrás de la violencia contra mujeres periodistas y comunicadoras. Es así que en la mayoría de los casos las agresiones provienen de funcionarios públicos, policías, militares, autoridades estatales o locales y representantes de partidos. En menos proporción se señala al crimen organizado como responsable de la violencia infligida.

En la mayoría de los casos de violencia contra periodistas, las amenazas han sido un tipo de violencia constante. En el caso de violencia feminicida, el asesinato fue la culminación de una serie de agresiones que continuaron hasta que fueron asesinadas.

El horizonte

De acuerdo con la Comisión Internacional de Derechos Humanos  (CIDH) y a la ONU, México es el segundo país más peligroso en el mundo para ser periodista. Ante este panorama, CIMAC junto a otras organizaciones, ha declarado que de manera general es urgente que el Estado mexicano se haga responsable del cumplimiento de los derechos humanos, que incluyen el derecho a la comunicación, garantizando un ejercicio profesional libre de violencia para las y los periodistas.

Por otro lado, es vital que las estadísticas sobre violencia contra periodistas desagreguen la información por sexo para poder planear mejores mecanismos de acción, como atención y procuración de justicia.

Como sociedad, tenemos la tarea de preguntar quién era y qué hacía una mujer periodista o comunicadora al momento de ser violentada. De esta forma rompemos la invisibilización de las condiciones específicas que refuerzan discursos de que “se lo merecía”. De esta manera aportamos elementos para exigir justicia.

Publicado el 26 de noviembre de 2012