4 de agosto de 2014
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La reelección de Barack Obama, positiva porque “ya sabemos cómo debemos luchar y contra qué rival”.

La lucha por vivir legalmente en Estados Unidos por parte de un sector inmigrante conocido como los dreamers, se reactiva con la continuidad de Barack Obama como presidente, pues prometió legalizar su estancia.

Sergio Adrián Castro Bibriesca
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La reelección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos para los próximos cuatro años, reactiva la demanda de un sector de inmigrantes que piden una oportunidad para vivir de forma legal en ese país, y que son conocidos como dreamers. “Yo puedo cumplir lo prometido (…) pero no hemos tenido nada de apoyo de los republicanos, y es hora de ponerse en serio con este tema”, afirmó Obama durante la campaña electoral, lo cual le dio dividendos con el voto latino (arriba del 70 por ciento).

Para Giovany Gómez Revelle, de padres mexicanos, aunque nació en Estados Unidos, el hecho de que Barack Obama continúe en el poder, es positivo sólo porque “ya sabemos cómo debemos de luchar y contra qué rival”. Giovany es miembro de Fuerza Juventud, parte de la organización Centro Sin Fronteras, en Chicago, y organiza a los estudiantes que buscan una estancia legal en ese país. “Los dreamers quieren una reforma para poder estudiar, y posteriormente, trabajar en sus áreas profesionales, para tener un permiso de trabajo, un seguro social y vivir de forma legal en el país”, argumenta Revelle.

Alrededor del 20 por ciento de los indocumentados en Estados Unidos son menores de 18 años. Estos estudiantes son parte activa de la sociedad en Estados Unidos y consideran ese territorio como suyo. Los dreamers son poco más de millón y medio de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, y hoy son jóvenes que buscan ser legales en la que consideran es su tierra. Hablan más inglés que español, han visto pasar su vida en las tierras norteamericanas más que en las de su origen, quieren una oportunidad y aportar sus conocimientos a su comunidad.

El término dreamers, proviene de la Dream Act, en español, La Ley de los Soñadores, la cual es una propuesta de ley que no ha conseguido nunca los votos necesarios para ser aprobada y que fue introducida en el Senado de los Estados Unidos en agosto de 2001. Su objetivo es crear un camino hacia la residencia permanente legal para los dreamers que reúnan ciertas condiciones.

El 15 de junio de 2012 fue anunciada la Acción Diferida por la Administración Obama, la cual, según el portal web del gobierno de Estados Unidos, “permite que ciertas personas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran pequeñas permanezcan en el país y obtengan un permiso de trabajo renovable cada dos años”. La página de gobierno dice al pie que “es importante recalcar que los beneficiarios del programa no recibirán ningún tipo de estatus legal ni estarán encaminados para solicitar la ciudadanía estadounidense”. La acción diferida comenzó a funcionar el pasado 15 de agosto, y en el primer mes fueron más de 82 mil los solicitantes.

“Logramos la acción diferida, pero queremos lograr la aprobación de la Dream Act”, dice Gómez, quien nació en Texas pero arribó a Chicago teniendo un año de edad, y agrega que la acción diferida no es una acción contundente. Acepta que pudo ser un golpe de Barack Obama para generar simpatía y traducirlo en votos para él, sin embargo, “es un arma que nos dan a los jóvenes para poder organizarnos y poder demandar más”, recalca Revelle.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) cobra 465 dólares por la solicitud de este beneficio, pero a esta cifra se le suman varios cientos de dólares en documentación y honorarios de abogados autorizados. Giovany y el grupo de Fuerza Juventud, recorren algunas ciudades, platican e informan a los estudiantes de origen latino, “para ayudar en los trámites, mismos que un abogado cobra a mil 500 dólares, o incluso hay quienes cobran hasta 3 mil”. En muchos casos, Fuerza Juventud -que cuenta con entre 30 y 40 jóvenes-, ayuda a realizar los trámites de los dreamers para aplicar a la acción diferida, ya que hay familias donde cuentan hasta con tres jóvenes candidatos y el dinero no alcanza a cubrir esos gastos.

La acción diferida pide como requisitos que el aspirante debió haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años de edad; residir en el país por un periodo mínimo de cinco años antes del 15 de junio de 2012 (los viajes cortos fuera de los Estados Unidos por razones humanitarias no afectan este requisito); ser mayor de 15 años para presentar la solicitud y no ser mayor de 30 años de edad; haberse graduado de la escuela secundaria o equivalente; estar inscrito en la escuela o ser veterano militar; someterse a una verificación de antecedentes penales y tener un historial limpio respecto de delitos graves, delitos menores o cualquier evidencia que represente una amenaza para Estados Unidos.

Para Giovany, de 22 años, la acción diferida no es la solución a las demandas: “necesitamos que haya un cambio sustancial. Estamos llevando a cabo una moratoria que pondrá alto a las deportaciones para tener un plazo de tiempo y platicar con el gobierno y con los republicanos”.

Los dreamers se organizan alrededor de todo el país, y están en la búsqueda de una reforma migratoria, que abarque a toda la población de inmigrantes y no sólo a los estudiantes, debido a que a pesar de que se “regularice la situación de los jóvenes, los padres de los mismos siguen siendo criminales para el gobierno, y porlo tanto, se separen las familias”, sostiene el joven.

Era muy fácil para los políticos decir que los estudiantes no son legales, pues llegaron al país cuando eran unos niños de cuatro años, sin embargo, esa ley no alcanza a ver por sus padres, por lo que buscan que la reforma en el sector migratorio sea más sustancial para un espectro más amplio de gente sin papeles en los Estados Unidos. “Los padres que acompañan a los hijos a llenar las aplicaciones deben de llenarlas también”.

Se estima que si se abriera un paso hacia la legalidad para las personas menores de 35 años y que llegaron antes de cumplir 16, podrían beneficiarse más de dos millones de indocumentados.



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