Número 115    octubre2013
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La libertad de expresión en Bolivia, presa de grupos de poder, medios y Estado

El atentado contra un periodista tras su denuncia sobre el destino de millonarias ganancias generadas por los hidrocarburos, evidencia la tensión latente entre poder, política y medios de comunicación en Bolivia, donde los grandes ausentes son los ciudadanos.

Verónica Rocha
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Bolivia. La libertad de expresión en Bolivia se encuentra bajo ataque; el atentado incendiario contra un periodista en Gran Chaco es solamente el último episodio de la tensa relación entre Estado, medios y grupos de poder, en la que los ciudadanos solamente tienen un papel de espectadores.

El pasado 29 de octubre, el periodista Fernando Vidal sufrió uno de los más cruentos episodios de violencia de los últimos tiempos en Bolivia, en lo que atañe a agresiones contra la libertad de expresión.

Vidal sufrió un atentado con bombas incendiarias en el que también resultó afectada la operadora Karen Delgado, de la Radio Popular de Yacuiba, el medio donde ambos trabajan. Ambos comunicadores se encuentran en recuperación médica; el periodista Vidal acaba de salir de su cuarta intervención quirúrgica en las últimas semanas y presenta una mejora clara en las quemaduras de segundo grado que sufrió en rostro, abdomen y otras partes del cuerpo.

Un grupo de cinco encapuchados irrumpió en las cabinas de transmisión en el momento en que Vidal trasmitía su programa informativo. Los agresores lo rociaron con gasolina y posteriormente le prendieron fuego. Luego de ello, lanzaron bombas molotov a las instalaciones del medio de comunicación, provocando daños y pérdidas materiales de consideración al inmueble y a los equipos.

A pesar de que todavía se investigan los móviles de la agresión, el afectado señaló que el ataque podría haber sido motivado por denuncias que difundió en su programa de radio. Fernando había cuestionado el destino de los millonarios ingresos percibidos por el municipio de Yacuiba, derivados de las regalías petroleras de la región y bastante necesarios para el progreso de la misma.

“Aquí son tres grupos de poder los que están detrás del intento de asesinato, y todo esto es por dinero de las regalías por hidrocarburos que percibe Yacuiba. Uno de esos grupos son los intelectuales que se gastaron 200 mil dólares para intentar callarme; esto tiene relación con Poder Autonómico Nacional (PAN) y el alcalde de Yacuiba, Carlos Bru. No acuso de manera directa al alcalde, pero él debe saber lo que hace su gente”, declaró Vidal al periódico El País.

A inicios del mes de noviembre, el ministro de gobierno, Carlos Romero, declaró que el gobierno pondría todos sus buenos oficios para la investigación del atentado. La tarea fue entregada a la Fiscalía General del Estado Plurinacional. El 7 de noviembre, el fiscal de la materia recibió la instrucción de tomar las declaraciones necesarias en Yacuiba y Santa Cruz (donde se recupera Vidal) e imputar a los cuatro presuntos agresores. El vocero de Vidal declaró que, de no realizarse la investigación necesaria y pertinente, elevará una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las investigaciones de este hecho todavía siguen.

Ciudadanía, medios y poder

La relación entre los medios y el poder se encuentra en un semestre muy activo. En agosto se inició un juicio contra tres medios de comunicación -desde el ministerio de la Presidencia- por supuestas distorsiones a declaraciones del presidente Morales. En octubre, el vicepresidente Álvaro García Linera acusó al periódico Página Siete de torcer declaraciones suyas respecto al código penal en elaboración. En noviembre, el caso del periodista Vidal está en plenas vicisitudes e investigación.

En este período, el gobierno boliviano ha dedicado sendas acusaciones -por parte de algunas de sus máximas autoridades- tanto hacia medios de comunicación en general, como a algunos titulares o a informaciones en particular. Varios episodios evidenciaron un renovado protagonismo de la relación entre poder, política y la información en la agenda política-coyuntural.

No es una novedad que la relación entre democracia, política y medios de comunicación es histórica y sistémica. Sin embargo, más allá de hacer públicas las tensiones derivadas de esta dinámica, es necesario que se retomen preguntas esenciales que tienen que ver tanto con la política como con el trabajo mediático.

El sistema político-democrático y el mediático idealmente cumplen una función de representación, se proponen dar cuenta de la realidad. Es cuando menos curioso, aunque no novedoso – precisamente por la dicha función ideal de ambos sectores -, que en la pugna entre los medios y el gobierno haya estado ausente un tercer actor, imprescindible para la estructura y perpetuación de la democracia. Se trata de la ciudadanía. En este juego, a los ciudadanos les ha sido reservado el papel de meros espectadores, obligados a convivir en un sistema que amenaza a su libertad de expresión y a su derecho a la comunicación y a la información. Los responsables de estas amenazas son los mismos actores del conflicto -Estado y medios de comunicación-, que confinan a los ciudadanos tanto a través de su acción como de su omisión.

Galeano retrata en una de sus ventanas, en el Libro de los Abrazos, lo siguiente: “Me lo contó Rosa María Mateo, una de las figuras más populares de la televisión española. Una mujer le había escrito una carta, desde algún pueblito perdido, pidiéndole que por favor le dijera la verdad: ‘Cuando yo la miro, ¿usted me mira?’. Rosa María me lo contó, y me dijo que no sabía qué contestar”.

Esta interpelación tendrá alguna respuesta por parte de los comunicadores o de los políticos cuando, desde ambos flancos, dejemos de pensar en clave de “ellos, nosotros, ustedes” y pensemos en un único cuerpo político-mediático histórico, sistémico y democráticamente intercultural, donde quepamos todos: también los y las ciudadanas.



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