Panamá. Como un gran triunfo ha sido calificada por el pueblo colonense y las organizaciones populares panameñas la derogación de la Ley 72, que permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón (ZLC).

La provincia de Colón estuvo paralizada por una jornada de resistencia popular que se prolongó por más de 10 días, y por un paro de cinco días al que se sumaron trabajadores y comerciantes de ese sector atlántico del país.

También formó parte de las protestas una huelga de obreros de la construcción a nivel nacional que fue convocada por el poderoso Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y respaldada por educadores, indígenas, campesinos, trabajadores y grupos comunitarios aglutinados principalmente en el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO).

Las múltiples muestras de repudio a la Ley 72 llevaron a la paralización total del país, el 26 de octubre pasado. Fue una intensa jornada de movilizaciones, piquetes y tranques, y, como consecuencia de la acción de elementos infiltrados por el gobierno para desprestigiar la lucha, se presentaron también algunos casos de saqueo.

El saldo de la jornada de lucha, fue de al menos cinco muertos, cien heridos y 500 detenidos, de los cuales aún 100 están tras las rejas sin justificación alguna, por lo que se exige su liberación inmediata.

El emporio comercial de Colón, la segunda zona franca del continente, tiene una actividad comercial que supera los mil 600 millones de dólares al año. Sin embargo, los beneficios económicos que deja a la provincia son mínimos: ésta una de las provincias con mayores índices de pobreza. De allí, que se ha dicho que la ZLC es una isla de riqueza en medio de un mar de miseria, y por ello, los colonenses rechazaron rotundamente la venta de los terrenos en esta área que consideran parte de su patrimonio.

El plan mediante el se planeaban vender las tierras de la ZLC era un negocio enorme para los poderosos. Estaban en juego más de 2 mil millones de dólares, y los beneficiados iban a ser los grupos privilegiados de siempre, los allegados al gobierno, incluido el propio presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien de manera irresponsable se mantuvo fuera del país en los momentos más álgido de la crisis. Apenas retornó al país, el 28 de octubre, firmó una nueva ley con la que se deroga la venta de los terrenos de la ZLC.

En cadena nacional de radio y televisión, Martinelli trató de justificarse señalando que con la Ley 72 “buscaba lo mejor para Colón y que estaba triste por todo lo acontecido”. Advirtió que se procederá judicialmente contra los implicados en los saqueos, pero calló frente a la responsabilidad del gobierno y de la policía en los asesinatos y los numerosos casos de violación a los derechos humanos.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), partido en formación respaldado por el SUNTRACS y FRENADESO, respondió así a las palabras del presidente:

“Esta noche el presidente se ha burlado nuevamente de todos los panameños. Él es el principal factor de desestabilización y zozobra del país. Prefirió viajar dejando al país ardiendo. Y demuestra que luego de cuatro masacres (Changuinola, Comarca Ngäbe – Buglé, Centro de Cumplimiento de Menores y Colón), de cuatro leyes derogadas (Ley “Chorizo”, que buscaba aniquilar los sindicatos, Ley sobre Recursos Mineros e Hidroeléctricos, creación de la Sala V de la Corte Suprema de Justicia y Ley 72 sobre la ZLC), aún no aprende la lección. El Presidente no tiene un corazón triste, lo que tiene triste es su bolsillo”.

Esta lucha deja muchas lecciones para el movimiento popular panameño. Entre ellas que la unidad y la claridad de objetivos de un pueblo, apoyado por la solidaridad de las organizaciones populares a nivel nacional, lograron frenar una ley nefasta, al punto de que nunca se bajó la guardia a pesar de la fuerte represión y los engañosos acercamientos ofrecidos por el gobierno y empresarios para montar mesas de diálogos que en el pasado han significado mediatización de las luchas y nuevas decepciones para el pueblo.

Las fuerzas vivas de Colón siempre plantearon como condición para el diálogo la derogación de la Ley 72. Ahora se espera el inicio de negociaciones de las cuales surjan un plan consensuado de desarrollo social para esta provincia tan maltratada por las políticas de los sucesivos gobiernos.

El pueblo de Colón no baja la guardia y se mantiene atento del curso de los acontecimientos.El pueblo celebra su victoria, pero sigue reclamando justicia.

Publicado el 5 de noviembre de 2012