Organizaciones no gubernamentales (ONG), comuneros e indígenas de Jalisco dieron a conocer por separado en Guadalajara diversas violaciones a sus derechos humanos y territoriales en la región wixárika (huichola), en las comunidades de indígenas cocas, en la ribera del lago de Chapala, y en el sur del estado, donde habitan nahuas. La Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) aseguró que una peligrosa tensión prevalece entre habitantes del municipio de Catorce, San Luis Potosí, donde se ubica Wirikuta, territorio sagrado de los wixaritari, promovida por la minera canadiense First Majestic Silver en contubernio con el presidente municipal. “La empresa y el gobierno local han emprendido una campaña de desinformación en las comunidades y ejidos de la región, incitando a la violencia y el hostigamiento entre el pueblo wixárika con el falso argumento de que al declararse reserva de la biosfera el territorio ceremonial con una superficie de 191 mil hectáreas, a los wixaritari les arrebatarán sus tierras y no los dejarán siquiera sembrar. Los convocan a ‘defender sus derechos’, pero en realidad promueven la violencia en contra del pueblo wixárika”, sostuvo la AJAGI en un comunicado. Según la ONG, la campaña de odio y desinformación dirigida a los pobladores de Catorce se inició con una reunión celebrada el 26 de octubre en la localidad de Estación Catorce. Allí citaron a ejidatarios de la región para escuchar primero una exposición de personal de la empresa minera y para reunir firmas en contra del Decreto de Reserva de la Biosfera, y los llamaron a oponerse a esta medida. Siguió un recorrido de las autoridades municipales por los ejidos de Wirikuta, donde repitieron información falsa. Esto ha provocado mucha confusión entre los habitantes del desierto, aseguró. La AJAGI solicitó al gobierno federal que ofrezca información veraz sobre las implicaciones de elevar a rango federal la protección de Wirikuta mediante la figura de reserva de la biosfera, y garantizar la libertad de las poblaciones del desierto para emitir su opinión de manera libre, sin miedo y sin presiones. Comuneros cocas de Mezcala, municipio de Poncitlán, informaron que el gobierno de Jalisco construye una caseta de cobro para cobrar peaje a los visitantes a esa isla del lago de Chapala en el embarcadero, lo que demuestra el afán de la administración del gobernador panista Emilio González por privatizar la ínsula, donde se construyó un fuerte durante la guerra de Independencia y se formó un bastión rebelde.

No intenten privatizar ni poner una caseta de cobro para acceder a conocer y disfrutar de este sitio. Declaren públicamente y por escrito que no se privatizará la isla de Mezcala, señala el documento.

En tanto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería exigió a autoridades federales y de Jalisco dar seguridad a los nahuas de la costa sur, hostigados por talamontes, mineras y delincuentes, quienes han amenazado a sus líderes y secuestraron el 23 de octubre a uno de sus defensores, Celedonio Monroy Prudencio, cuyo paradero se ignora.

Piden cancelar el proyecto Cuzcatlán, en Oaxaca

Integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso exigieron en la capital de Oaxaca a las autoridades federales y estatales que se cancele el proyecto minero de la empresa Cuzcatlán en dicha comunidad, por los daños ambientales y sociales que ha provocado su operación, la cual consideran ilegal.

Aseguraron que desde la llegada de la minera ha habido agresiones y homicidios contra opositores al proyecto minero; además, el presidente municipal Alberto Mauro Sánchez confrontó a integrantes de la misión y culpó de la violencia a la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán.

Asimismo, más de 200 integrantes de unas 30 organizaciones de varios estados de México, así como de Guatemala, Ecuador y Bolivia, iniciaron ayer en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Foro popular por la defensa de la tierra, el territorio y la soberanía alimentaria.

El acto, que concluirá el sábado, tiene como propósito poner en evidencia y hacer un juicio a los gobiernos y empresas trasnacionales, entre ellas las mineras, responsables del deterioro ambiental y del despojo de la tierra, dijo Alma Padilla, representante del Centro de Derecho de la Mujer de Chiapas.