México, DF. Después de 12 años, la posibilidad de que se libere a Alberto Patishtán, preso político tzotzil de El Bosque, Chiapas, sentenciado por homicidio, parece cerca, quizá solamente a unos meses de distancia. La estrategia jurídica que busca el reconocimiento de su inocencia, y la organización y lucha de organizaciones solidarias y del propio Patishtán, están cerca de demostrar “que la organización da frutos”, dice un miembro Cruz Negra Anarquista, colectivo que sigue el caso y acompaña su defensa.

Después de que se agotaron las vías judiciales nacionales (el proceso, la apelación y el amparo directo), la defensa del preso político llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la petición de reconocimiento de inocencia, un recurso “excepcional” planteado a partir de la aparición de nuevos documentos públicos que juegan a favor de Patishtán y que aparecieron “después de que se dio la sentencia”, informa Sandino Rivero, abogado del caso. La petición de indulto, el otro recurso excepcional que existe, no aplica porque el profesor está sentenciado por un delito contra la vida.

Aunque la Suprema Corte ha resuelto ya otros recursos de inocencia –recientemente, el de uno de los perpetradores de la masacre de Acteal-, este caso es distinto. El abogado explica que su defensa se basa en las reformas constitucionales del año pasado en materia de derechos humanos, que permiten la una interpretación jurídica retroactiva y favorable al preso; y en la presunción de inocencia a partir de la falta de pruebas.

Sandino expone que al mismo tiempo, tanto el ministerio público federal como el del fuero común le tomaron la declaración a uno de los sobrevivientes de la matanza en El Bosque. “¡Eso es ilógico! Las autoridades le dieron valor a la que les convenía” aunque fueran contradictorias; se vulneró el principio de legalidad y certeza jurídica y se considerarían nulas las dos diligencias, señala el defensor.

También perdería valor  la declaración de otro testigo, que queda como el único que declaró aunque varios presenciaron los hechos. La tercera situación tiene que ver con irregularidades en el testimonio de un testigo no presencial, al que las autoridades indujeron  a reconocer –“de una manera ni siquiera contundente”, aclara el abogado- una fotografía del profesor, proporcionada de manera ilegal. Y por último, se plantea el hecho de que aún antes de que éste terminara de hacer su declaración, se haya ordenado hacer la prueba de rodizonato de sodio para comprobar si el profesor disparó, lo que vulneró también la presunción de inocencia y el derecho a la integridad personal de Patishtán.

“Es un planteamiento serio, justo y con buenos fundamentos”, señala Rivero. “Por eso es que decidimos promoverlo antes de ir al sistema interamericano”.

Procesos viciados, a lo largo de todo el país

Emilio Jiménez, integrante de la Cruz Negra Anarquista de México –organización de apoyo a los presos y lucha contra el sistema carcelario-, explica que los procesos viciados no son privativos de Chiapas, sino una característica del sistema penitenciario y carcelario mexicano. “La mayoría de los presos están inmersos en procesos amañanados, cuando no inventados”, expone, “porque muchas veces no tienen los recursos económicos para sobornar inmediatamente a un juez”.

La diferencia en el caso de Chiapas, considera, es la denuncia que hacen los presos. “Alberto, Rosa (López), Francisco Santiz –base de apoyo zapatista-, Rosario (Díaz), están organizados, forman parte de una organización política” y sus denuncias ponen los reflectores en esta situación, considera Jiménez. Otros presos, por miedo o porque no tienen la conciencia o la politización, no denuncian, aceptan la irregularidades y lo toman como algo normal, aclara el activista.

De ganarse el caso de Patishtán, se generarían nuevos criterios que beneficiarían a miles de sentenciados que podrían promover estos incidentes con base en la reciente reforma constitucional. “Creo que hay un temor de los ministros porque no saben si tendrían la capacidad de recibir miles de incidentes de gente que está presa por un mal proceso”, valora Sandino. La reparación del daño, ya sea en forma de indemnización o reconocimiento público, no es una obligación del Estado, señala el abogado, y explica que todo podría quedar en unas disculpas “o ni eso”.

Patishtán como emblema

En el 2000, el profesor Alberto Patishtán Gómez fue detenido sin orden de aprehensión y obligado a rendir declaración sin abogado ni traductor presente. En marzo de 2002 fue sentenciado a 60 años de prisión acusado de asesinar a siete policías en una emboscada en el paraje Las Limas, municipio de El Bosque. A pesar de las pruebas razonables ofrecidas por su defensa de no haber participado en la emboscada y de las inconsistencias en el juicio, se dictó pena máxima al profesor, quien apeló la sentencia y recibió un amparo directo, pero fue sentenciado en mayo de 2003 acusado de homicidio y lesiones calificados; robo calificado; daños y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.

El 20 de octubre de 2011, mientras Patishtán y otros presos realizaban una huelga de hambre en el reclusorio de San Cristóbal de la Casas para exigir justicia por sus casos, el profesor fue trasladado arbitrariamente al CEFERESO 8 Norponiente en Guasave, Sinaloa. Allí vivió en condiciones de tortura permanente que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó y denunció ampliamente. Posteriormente, tras muchas protestas, le fue concedido un amparo y pudo volver a Chiapas. La larga permanencia de Patishtán en la cárcel se explica por el papel que ha jugado como organizador y fundador de las organizaciones de presos, considera Emilio.

Los tres niveles de gobierno estarían involucrados en su castigo, considera Emilio, “lo que se demuestra con su traslado a Guasave, que se hace argumentando que es una cuestión federal, pero posteriormente se descubre que fue el gobierno estatal quien solicitó el traslado”, valora el miembro de la Cruz Negra. “Alberto es una persona con mucha espiritualidad y fortaleza”, por lo que se ha convertido en vocero y guía de los presos organizados.

Es este papel “activo y propositivo” y la claridad en su lucha, “que no empieza con las campañas por su libertad, sino que viene desde antes de ser encarcelado”, lo que hizo que muchas organizaciones se solidarizaran con él y se convirtiera en un emblema “de un problema que el Estado mexicano se ha negado a reconocer por décadas: la existencia de presos políticos, personas encarceladas por razón de su militancia, su pensamiento y sus acciones”, apunta Jiménez, “por lo que no se puede hablar de democracia y estado de derecho en México”.

Los plazos y los frutos

El abogado Sandino no asegura un plazo para la resolución completa del incidente de inocencia, pero considera que para marzo de 2013 podría estar completo el proceso. Si no funcionara el recurso, el siguiente paso sería el sistema interamericano de justicia; pero si se gana, sería un gesto de la Suprema Corte de una voluntad “de sentar criterios progresistas y hacer justicia a una persona a la que se le ha negado por 12 años”.

Para Emilio Jiménez, es importante ganar este proceso por todo el nivel de difusión, expectativa y solidaridad que ha generado, pero sobre todo para “decir que sí se puede, que a través de la luchas solidarias, la organización y el acompañamiento se pueden lograr frutos”.