Chiapas, México. Hace exactamente 30 años, escapando de la violencia sistémica del Estado, miles de guatemaltecos llegaron a México con apenas la ropa que llevaban puesta, tras días y noches de caminar entre la selva, muchas mujeres con niños en brazos. Aunque México se organizó para dar auxilio a los refugiados, y se creó la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados (COMAR), en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las necesidades básicas de los miles de guatemaltecos fueron insuficientes en alimento, agua, vestimenta, atención a la salud, etcétera. Además, no se pudo garantizar la seguridad física de los refugiados, quienes fueron atacados en suelo mexicano por las fuerzas armadas de su país.

Para evitar las masacres en territorio chiapaneco el gobierno mexicano reubicó entre julio y diciembre de 1984 alrededor de 17 mil guatemaltecos en nuevos asentamientos dispuestos en Quintana Roo y Campeche; sin embargo, según testimonios recabados, el ejército mexicano actuó de modo similar al guatemalteco, pues los refugiados fueron trasladados por la fuerza y obligados a reubicarse tras presenciar la quema de sus casas.

El 29 y 30 de septiembre pasados, cientos de personas se reunieron en Nuevo Huixtan, municipios de Las Margaritas, para conmemorar el cruce de la frontera en la década de 1980, período en que se vieron forzados a busca refugio en México, huyendo del proceso conocido como “Tierra arrasada” que, impulsado desde el gobierno guatemalteco, condujo al exterminio de miles de hombres, mujeres y niños, principalmente de comunidades indígenas.

Este genocidio respondió a la urgencia del gobierno guatemalteco para reprimir el proceso de guerrilla que entonces pugnaba por la liberación nacional, bajo el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Para apaciguar el movimiento libertario el gobierno puso en marcha otras medidas para el control de la sociedad civil encaminadas a presionar a la guerrilla a rendirse, tales como las Aldeas Modelo, los Polos de Desarrollo, las Patrullas de Autodefensa Civil y los Comités de las Coordinadoras Intersectoriales, todas ellas organizadas, coordinadas e impuestas por la violencia y bajo vigilancia permanente del ejército.

Según informes de la Comisión de Derechos Humanos, para 1991 el saldo de la represión en territorio guatemalteco fue de 440 aldeas borradas del mapa, 250 mil huérfanos, 50 mil viudas, un millón de desplazados internos, cerca de 150 mil refugiados en países vecinos, un millón de hombres obligados a patrullar bajo las órdenes del ejército y 40 mil desaparecidos.

Ya para 1993 se contaban 43 mil guatemaltecos refugiados en México, la mayoría concentrados en 123 campamentos a lo largo de la franja fronteriza. Sin embargo las condiciones de vida de estas personas eran deplorables, pues muchos de ellos vivían en tierras “prestadas” a cambio de trabajo no pagado. Además padecían de falta de acceso a la salud, tenían (si es que tenían) una educación que los obligaba a adoptar la cultura mexicana, sin reconocernos como tales, pocas oportunidades de trabajo y no contaban con ningún tipo de reconocimiento jurídico que les permitiera cambiar su situación para la compra de tierras, la adopción de la nacionalidad mexicana y el acceso a servicios básicos formales.

En 1987 se creó la Comisión Nacional de Reconciliación que inició el proceso de negociación en Guatemala, el cual culminó con la firma de paz en 1996. Tras el acuerdo, miles de refugiados retornaron a su país. Otros miles, sin embargo, permanecieron en México, algunos por contar con carta de naturalización y otros en espera de recibirla.

Después de 30 años del refugio, ahora reunidos en torno a un acto conmemorativo, los sobrevivientes de la guerra y sus descendientes tuvieron la oportunidad de reencontrarse para discutir sus problemáticas actuales. Cientos de guatemaltecos cruzaron nuevamente la frontera para reencontrarse con sus hermanos del lado mexicano y dar continuidad a una organización social ya desdibujada.

Entre sus problemáticas, los ex refugiados asentados en México, señalaron que no todos cuentan con cartas de naturalización por lo que no pueden trasladarse libremente por el estado chiapaneco, pues temen ser deportados a Guatemala por el Instituto Nacional de Migración. Debido a la falta de papeles no tienen acceso a los servicios formales de salud, ni cuentan con el apoyo de programas como el de Oportunidades. A muchos de ellos, incluso nacionalizados, se les ha negado la compra de tierra y carecen de asesoría que les permita conocer sus derechos como ciudadanos mexicanos.

Entre muchos otros problemas señalaron que el grupo indígena kanjobal (origen mayoritario de los refugiados) no ha sido reconocido por el gobierno mexicano como parte de su diversidad cultural, por lo tanto son los más ignorados entre los marginados.

Por su parte, los ex refugiados que retornaron a Guatemala comentaron que padecen la marginación y la pobreza que el sistema capitalista ha impuesto en todo el mundo, además de que actualmente se ven acosados por las empresas hidroeléctricas que pretenden apoderase de su territorio, por lo que están reuniendo fuerzas para hacer frente al proceso de despojo que se avecina.

En conjunto coincidieron en que la cohesión entre ellos y los avances organizativos que habían logrado durante el período de refugio se han perdido, por lo que se nombraron representantes encargados de refuncionalizar la organización social. Los objetivos de esta nueva coordinación serían, entre otros: sanar la culpa que miles de guatemaltecos desarrollaron por no volver a su país de origen, lo cual será posible con la colaboración mutua para resolver problemáticas en ambos lados de la frontera; recuperar la historia ante el acallamiento de la sociedad, los medios de comunicación y los propios guatemaltecos, quienes se han visto limitados por el dolor para enfrentar dicha memoria; retomar el trabajo por un derecho a la salud, a la educación, al acceso a la tierra y sobre todo a la alimentación, así como fortalecerse para apoyar demandas de servicios y hacer frente a los megaproyectos que amenazan con volver a despojarlos de sus tierras.

Publicado el 15 de Octubre de 2012