El combate al latifundio y el cumplimiento de las funciones sociales y ambientales de la tierra son los objetivos de la Ley de Tierras, una propuesta de organizaciones indígenas ecuatorianas, que se encuentra detenida por los poderosos intereses de los grupos empresariales.

La Ley de Tierras se presentó oficialmente el 20 de marzo de 2012, y “llevó casi dos años de construcción participativa”, menciona en entrevista con Desinformémonos Luis Andrango, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador (FENOCIN), impulsora de dicha iniciativa.

Esta propuesta fue presentada con la figura de Iniciativa popular, amparada en la Ley de Participación, que es uno de los mecanismos que marca la Constitución ecuatoriana para permitir que organizaciones sociales presenten proyectos de ley con un apoyo mínimo de 25 mil ciudadanos.

Para la aprobación de la iniciativa se recolectaron más de 41 mil firmas, recogidas a lo largo de la Ruta por la Tierra, marcha realizada en marzo pasado. “La recolección de firmas hace que el proyecto sea mandatorio para los legisladores, quienes tenían 180 días para aprobarla y discutirla. De lo contrario, se aceptaría la propuesta ciudadana”, señala Andrango. Sin embargo, siete meses después, la Ley de Tierras se encuentra en impasse.

Desde abril hubo una gran discusión sobre los puntos que se encuentran en la Ley de Tierras, pero meses después se comenzaron a cerrar esos foros de discusión. “Nos encontramos con algunos asambleístas que no están vinculados a las demandas de las organizaciones y del pueblo en general”, refiere el presidente de la FENOCIN.

En esas discusiones había asambleístas que consideraban que no era pertinente una Ley de Tierras, menciona Andrango, y añade que la postura de algunos asambleístas no era democratizar los medios de producción, sino elevar los niveles de productividad en el campo; además, había otro grupo con poca información y conocimiento del tema agrario.

El problema del agro en el Ecuador, indica el presidente de la FENOCIN, es un problema histórico “donde los sectores rurales fueron despojados de sus tierras ancestrales”. Por otro lado, los pequeños productores se encuentran en tierras poco productivas; hay falta de acceso a riego y a infraestructura en general, lo que genera problemas

La gente de FENOCIN, para exponer el problema agrario, utiliza un documento llamado Atlas de la Tierra, “donde argumentamos que en Ecuador había un alto índice de concentración de tierras en pocas manos, y que si queríamos combatir la pobreza en el campo, era necesario combatir el latifundio”, indica Luis Andrango. Después de varias investigaciones, se llegó a la conclusión de que había grandes propiedades en manos individuales, “y eso nos llevó a plantear que la Ley de Tierras tenía que generar un proceso claro de redistribución de la tierra”.

El espíritu de la Ley de Tierras se resume en tres puntos. El primero define el término de latifundio que se encuentra en la Constitución; en un punto “no negociable” de la propuesta de Ley de Tierras, se menciona que se establecerán límites máximos para la tenencia individual de la tierra. En el apartado de regulación de la propiedad, el primer punto dice que se debe definir un límite máximo para la gran propiedad. “Planteábamos que en la sierra no se dieran más de 300 hectáreas en propiedad individual, y en la costa y la Amazonía no más de 500”, aclara Luis Andrango, y añade que para un campesino, esa cantidad de hectáreas constituye propiedades inmensas. Sin embargo, esa medida ha sido criticada por sectores vinculados a los floricultores, a las bananeras y a los grandes empresarios de la industria de la exportación.

El segundo punto se refiere a la función social y ambiental de la tierra, como lo dice la Constitución ecuatoriana. En la ley se plantea que los elementos para la función social debían incorporarse si las tierras están en producción, por ejemplo, el respeto de los derechos de los trabajadores en esas formas de producción. En el caso de la función ambiental, se debe garantizar el cuidado de los ciclos ambientales. Se prohíben, por ejemplo, los cultivos transgénicos, y se debe controlar el uso de pesticidas.

El tercer punto busca generar un Fondo Nacional de Tierras. El apartado de regulación de la propiedad dice que “tierras administradas por el Estado pasan al Fondo Nacional de Tierras”; éste es uno de los 22 puntos no negociables. Luis agrega que este Fondo no será de compra-venta de tierras, sino un fondo económico que permitiría el acceso oportuno a la tierra para los campesinos, pero además, además de establecer políticas de fomento de la cultura agroecológica y de sistemas de comercialización más solidarios.

El proceso

La Comisión de Soberanía Alimentaria, que lleva el tratamiento de la Ley de Tierras en el pleno de la Asamblea Legislativa en Ecuador, “ha incumplido el mandato legal y constitucional de elaborar el primer informe; han pasado más de dos meses del tiempo que tenían como límite”, denuncia el integrante de la FENOCIN. El incumplimiento de plazos para la entrega del informe por parte de la Comisión preocupa a los sectores campesinos.

Luis menciona que desde abril se ha vivido un proceso de debate constante con los parlamentarios, que trabajan de martes a jueves. “El procedimiento es que una vez que la ley fue entregada a la Comisión de Soberanía Alimentaria, ésta tenía 65 días para trabajar el primer informe, el cual debía pasar al Pleno de la Asamblea para hacer las observaciones correspondientes y regresarlo a la Comisión. Después debían pasar 60 días más y regresar al Pleno para la votación”.

A medida que se acercaban los 65 días que tenía la Comisión para entregar el informe, “planteamos la necesidad de construirlo y presionamos varias veces”, indica Andrango. “Sin embargo, la agenda legislativa priorizó un par de temas, entre ellos la agenda electoral para febrero de 2013”, por lo que temas como la Ley de Tierras se quedarán para después del proceso de elecciones.

“Nosotros insistimos para que la Asamblea incluya la Ley de Tierras en la agenda legislativa como tema prioritario, pero por desgracia pesó más el contexto electoral que el tema de las tierras, que es un tema de conflictos muy fuertes”, señala el presidente de la FENOCIN, que considera que “en un momento electoral, el gobierno tuvo miedo a generar un encono que no le convenía”.

La estrategia de las organizaciones sociales ante la coyuntura fue retornar a las calles y realizar eventos en las provincias de todo Ecuador para informar la falta de voluntad política de los asambleístas y del gobierno para tratar el tema.

El contexto electoral se convirtió en una amenaza contra la Ley de Tierras, “pero nuestra responsabilidad es darle la vuelta y convertir el escenario electoral en una oportunidad para exigir a los candidatos, tanto a asambleístas como a los que quieren un puesto mayor, que se posicionen respecto al tema”, dice Luis, de nacionalidad kichwa. Agrega que la verdadera batalla no sólo se gana en el espacio legislativo, sino en el espacio de la conciencia de la gente.

Los opositores a la ley

El presidente de la FENOCIN ubica tres grupos opositores a la ley. El primero es el grupo vinculado a la exportación, en especial las grandes bananeras, “que en Ecuador no son más de seis familias”, aclara, y son los que históricamente han acaparado la tierra para la exportación. Es el caso de Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador, que se postulará por cuarta ocasión como candidato a la presidencia por el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN). “Varias de sus haciendas rebasan las 70 mil hectáreas por cada plantación; hablamos casi de pueblos enteros”, apunta Andrango.

Además, están los grandes floricultores y el sector de grandes ganaderos, que cuentan con enormes extensiones de tierra, “que a veces sólo se ocupan para la producción de pasto para el ganado”, denuncia Luis Andrango.

Pero, “sin duda”, señala Luis, “en el gobierno encontramos a un sector que está dentro del poder ejecutivo, que históricamente ha tenido inversiones en todo el proceso de comercialización de alimentos en el Ecuador, y que son la misma gente que financia la campaña de Noboa, como el grupo Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA)”. Argumenta que, además, estos grupos tienen vínculos en el Parlamento.

Para concluir, Luis Andrango menciona que, en general, las organizaciones plantearon con mucha fuerza la necesidad de una ley redistributiva de las tierras y territorios, sin embargo, algunos asambleístas se oponen, “en la visión de que estamos afectando un derecho constitucional, que es la propiedad privada”.