El cerco popular de decenas de miles de personas al Congreso español no ha logrado aún sus objetivos de dimisión del gobierno en pleno y abolición de la actual Constitución, pero la acción demostró que “el terror que desde el 18 de julio de 1936 (fecha del golpe de Estado franquista) genera el régimen español en sus súbditos está disipándose rápidamente”, evaluó Juan Domingo Sánchez, filósofo español y uno de los miles de adherentes a esta acción.

La convocatoria, llamada “Ocupa el Congreso”, fue lanzada por la Plataforma ¡En Pie! La convocatoria fue a mantener un cerco indefinido en el Congreso de los Diputados “hasta conseguir la dimisión del gobierno actual, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado y la apertura de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, social y económica, haciendo de éste, el llamamiento de unión de todas las luchas por una sociedad más justa y democrática”.

Pese a las duras cargas policiales, los participantes no solamente aguantaron en los alrededores del Congreso la noche de la convocatoria, el 25 de septiembre, sino que convocaron a salir nuevamente a las calles al día siguiente. Para Alberto Pradilla, corresponsal en Madrid del diario vasco Gara, la resistencia “evidencia que se ensancha la grieta entre una sector de la población española y buena parte de su clase política, aferrada a un régimen que padece una crisis estructural”.

El origen del malestar esté en las medidas gubernamentales ante la crisis y en lo que se percibe como el agotamiento del modelo político de la Transición. El blog de noticias Madrilonia se posiciona: “el gobierno no ha dejado de obedecer las órdenes de los poderes financieros, que permanentemente obligan a profundizar la crisis social. En este marco, no hay más salida posible que la recesión y el empobrecimiento”.

La plataforma convocante, autodefinida como social, antineoliberal, anticapitalista, antipatriarcal y democrática, aglutina a “corrientes republicanas de izquierda, corrientes de izquierda social, corrientes libertarias, movimiento 15M, movimiento antiglobalización, corriente antipatriarcal, movimiento obrero, movimientos ecologistas”, entre otros, como informa en su página web.

El inicio de la convocatoria fue entorpecido por las acusaciones de políticos del gobernante Partido Popular (PP), que acusó de “golpistas” a los convocantes. Además, la Audiencia Nacional, heredera del franquista Tribunal de Orden Público y que juzga principalmente delitos de delincuencia organizada, imputó a ocho convocantes de la manifestación por delitos contra las instituciones del Estado. Pese a ello y al despliegue de fuerza pública, los manifestantes llegaron a la cita.

Leónidas Martin, participante de la acción, relata que “nunca antes había visto algo así: miles y miles de personas cogidas de la mano rodeando el Congreso”, que eran de todo tipo: familias, mayores, jóvenes. Poco después de este cerco –que las fuentes oficiales cifraron en 6 mil personas, mientras que los participantes calcularon hasta en cinco veces más- comenzaron las cargas policiales, que se saldaron con al menos 65 heridos y más de 30 detenidos.

Aunque las imágenes de las cargas policiales y las golpizas circularon profusamente por las redes, el trending topic de la noche tuvo que ver con Alberto Casillas, encargado de la cafetería Prado y votante del derechista PP, que refugió en su negocio a manifestantes perseguidos por los antidisturbios y encaró a las fuerzas policiales. “El pueblo, cuando ve que atacan al pueblo, tiene que protegerse entre sí”, declaró a los medios.

La actuación policial fue calificada como “desproporcionada” por jueces progresistas y congresistas del partido Izquierda Unida. El politólogo Jaime Pastor escribía en Viento Sur que: “Es ya el gobierno, consciente de su creciente desgaste social, el que está empezando a tenerlo (miedo) al ver que ni siquiera su campaña y su despliegue policial han conseguido intimidar a decenas de miles de personas en la denuncia del secuestro de la presunta ‘sede de la soberanía popular’ por la dictadura de los mercados”.

Para el académico y activista Raimundo Viejo Viñas, la jornada de protestas “marca un nuevo punto de tránsito en la ruptura constituyente del régimen político español”. La protesta, señala, es de gran intensidad crítica y contra el régimen en su conjunto. Y compara: “Al igual que en Grecia, llega ahora aquí el desbordamiento del régimen instaurado en 1978”.

El también editor señala que hay una crisis no solamente de un gobierno, sino del parlamentarismo y la democracia liberal en su conjunto, que se vio en esta jornada donde en el parlamento “sólo estaban presentes uno de cada siete diputados, y una calle bajo el estado de excepción”. A esta crisis contribuye que la monarquía se encuentra “más deteriorada que nunca” debido a los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrada.

La organización Juventud Sin Futuro valoró al día siguiente de las protestas y la represión que “lo que ayer era indignación es hoy, para toda la generación golpeada en las calles, rabia y voluntad de cambio”. Y valoran los logros de la jornada: “Primero, que el Gobierno pierda su legitimidad porque ya nadie se cree que represente al pueblo, sino a los poderes financieros. Segundo, que al mismo tiempo que la lucha ya no es contra ellos (por mucha policía que nos envíen), conseguimos recuperar esa herramienta que nos han arrebatado, la democracia”.

Para Raimundo Viejo, lo más previsible para el futuro es que haya “más políticas de austeridad, más incremento de la tensión entre instituciones del régimen y movilizaciones en la calle, más disociación entre las constituciones formal del régimen y material de la sociedad”.

El gran reto para los movimientos es ver si, además de la protesta “emerge la articulación de un régimen de poder alternativo”, señala Viejo Viñas, “sólo así los esfuerzos movilizadores de la multitud podrán ser realmente productivos”.

Publicado el 01 de Octubre de 2012