México. El territorio en el que tiene presencia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC–PC) de Guerrero, se declaró en alerta y movilizó a más de 800 policías comunitarios “por lo que pueda pasar”, señaló Valentín Hernández, asesor y abogado de la CRAC, en entrevista con Desinformémonos, luego de que las autoridades del municipio de San Luis Acatlán detuvieron a uno de sus representantes regionales y, como consecuencia, la asamblea dispuso la detención de cinco funcionarios del ayuntamiento.

La policía ministerial de San Luis Acatlán detuvo el 28 de agosto a Máximo Tranquilino Santiago, miembro  y coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC, acusado de privación ilegal de la libertad, cuando salía de su casa en la comunidad de Yoloxóchitl y se dirigía a sus oficinas en San Luis Acatlán. Momentos después, la asamblea regional, autoridad máxima de los pueblos, ordenó a su policía comunitaria detener al juez de lo penal, al Ministerio Público de San Luis Acatlán y a otros tres funcionarios.

Una de las experiencias autónomas más notables en México, en cuanto a sistemas de impartición de justicia comunitarios, la protagonizan más de 80 comunidades de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, quienes desde hace casi 17 años se hacen cargo de su seguridad, logrando disminuir la delincuencia hasta en un 90 por ciento.

En este contexto, Abel Barreda, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, advierte en entrevista telefónica que “existe una intención deliberada para acabar con el trabajo que han realizado a pulso los pueblos de la Montaña y para colocar a los integrantes de la  CRAC como personas que violentan los derechos humanos”.

En un comunicado difundido por la Coordinadora Regional se explica que “la agencia del Ministerio Público y el Juzgado de Primera Instancia con sede en esta ciudad, le dieron curso a una averiguación previa y a la causa penal 76/2012-II, en contra de los compañeros coordinadores regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco, y los comandantes regionales Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomas, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente Quintero, acusados de privar de la libertad a Silvino Encarnación Gabino, vecino de la comunidad de Yoloxóchitl, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario, acusado de haber asesinado a un vecino de la comunidad de Yoloxochitl. Derivado de esta denuncia, el juez liberó las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros, y hoy la policía ministerial llevó a cabo la detención de nuestro compañero Máximo Tranquilino Santiago”.

Como respuesta, la organización de la Montaña y Costa Chica ordenó la detención de Filomeno Vázquez Espinoza, José Luis Bernabé Fernández, Omar Sandoval León y Napoleón Hernández Garibo, juez mixto de Primera Instancia, secretario de acuerdos penales del Juzgado Mixto de Primera Instancia, agente titular del Ministerio Público y agente auxiliar del Ministerio Público, respectivamente, “ya que han incumplido los acuerdos de no agresión a nuestro sistema comunitario, violentando el derecho y cultura de los pueblos y comunidades originarias del estado de Guerrero”.

“No existe la intención de reconocer el aporte profundo de estos pueblos en el tema de la procuración de justicia y de sus sistemas normativos. Siempre están al acecho los policías ministeriales y el ejército para desarticular esta experiencia”, explica Abel Barrara, defensor de los derechos humanos de la Montaña.

En los últimos meses se ha agudizado el hostigamiento a los pueblos de la CRAC, y como ejemplos están el encarcelamiento de  Agustín Barrera Cosme, las amenazas de muerte en contra de Cirino Plácido Valerio, el desconocimiento como asesor de Valentín Hernández Chapa; el agudizamiento del conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada, que ocasionó la muerte del comisario municipal de Tilapa, Crisóstomo Bruno Peñaloza; la presencia creciente de grupos de la delincuencia organizada que están sembrando el terror y la inseguridad en toda la población. “Todo esto lo vemos como partes de una estrategia del gobierno y las empresas mineras para debilitar a nuestros pueblos y así lograr consolidar su establecimiento en territorio comunitario para el saqueo y el despojo de nuestros recursos minerales y naturales”, se advierte en el comunicado.

Barrera expone: “están entrando otros actores, como la violencia organizada, para generar conflictos en las comunidades con la finalidad de que la Policía Comunitaria tenga que enfrentar a estos actores armados solapados por las autoridades estatales. La Comunitaria se ha visto orillada a asumir una responsabilidad contra el crimen organizado al detener a personas con droga y quemarla, negando la entrega de estas personas al ejército”.

La reciente detención del integrante de la CRAC se da en el marco de la próxima incorporación de siete comunidades de la Montaña Alta al sistema de justicia autónoma, el 2 de septiembre, y de otras treinta comunidades que asistirán para solicitar su ingreso. En recientes comunicados, la Coordinadora Regional anunció que en total aproximadamente 60 comunidades estarían solicitando su incorporación a la organización este año.

Para Abel Barrera, las detenciones no son un acto aislado, sino “parte de la lógica de año y medio del gobierno de Ángel Aguirre, de una estrategia de desdibujar a las organizaciones criticas e independientes que defienden sus derechos con las protestas”.

“Es la misma política de los gobierno de Partido de la Revolución Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es decir, ofrecen una mano abierta y con la otra el puño, dan un saludo y con la otra un golpe, establecen acuerdos pero dan traición. Es un juego maquiavélico de un estilo de gobernar”, denuncia Barrera.

“Nosotros sabemos que con la movilización y el apoyo solidario de las organizaciones sociales fraternas podemos parar esta ofensiva”, señala por su parte Valentín Hernández Chapa, asesor de la CRAC.