México DF. El aumento de la presencia de fuerzas militares y policiacas a lo largo y ancho del país no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni los crímenes; al contrario, en ciertas ciudades, como Ciudad Juárez, la presencia castrense y policial ha desatado una ola de violencia sin precedentes y el número de ejecuciones, extorsiones y secuestros aumentó de forma alarmante desde la llegada de las “fuerzas del orden”, coinciden en entrevista con Desinformémonos el activista y miembro del Frente Nacional Contra la Represión, Julián Contreras Álvarez, y el estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos con especialidad en militarización, David Barrios.

En días pasados, los medios anunciaron con pompa y ceremonia la llegada de un convoy formado por dos helicópteros Black Hawk, 20 vehículos blindados, 30 camionetas pick up y cerca de 600 elementos de la policía al estado de Michoacán. Su objetivo, informó la Secretaría de Seguridad Pública, es “reforzar la seguridad de la entidad” debido al incremento de enfrentamientos entre policías y grupos del crimen organizado. Además, se prevé el arribo de al menos otros 400 agentes federales en días próximos.

Mientras tanto, en Coahuila, el director de Seguridad Pública, Amando Gómez Caballero, anunció que como “parte las acciones para combatir la inseguridad” cinco capitanes retirados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) operarán tres casetas policiacas –que ya estaban en desuso–, una en el Oriente, otra en la colonia Obrera y una tercera en la colonia Las Flores.

La llegada de elementos de la policía y el ejército a Michoacán y Coahuila forma parte de un operativo más amplio –que dicho sea de paso, ni siquiera tiene nombre– con el que el gobierno federal aumentará en 15 mil el número elementos de la policía federal que desde el 2007 –cuando inició la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón– patrullan el país. Los policías “reforzarán la seguridad” en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas, estados en los que durante las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre grupos de delincuentes y elementos de las fuerzas armadas o de la policía federal.

“La guerra al narco fue en un primer momento el argumento para desplegar las fuerzas federales en territorio nacional; ese discurso se fue modificando sobre la marcha hasta establecer que se trataba de un combate contra el crimen organizado”, señala en entrevista con Desinformémonos Julián Contreras Álvarez, quien también es miembro de la asamblea Ciudad Juárez Contra la Militarización.

De acuerdo con Contreras Álvarez, la militarización de nuestro país se da en el contexto de una crisis global multifactorial (económica, ambiental, alimentaria y energética) que ha debilitado la hegemonía norteamericana. “A partir del 9-11¹, se dan una serie de modificaciones en la legislación de Estados Unidos que traen consigo un retroceso civilizatorio al desplazar el respeto incondicional a los derechos humanos (Ley patriota) que formalmente estaban garantizados; al mismo tiempo, Estados Unidos inicia un incremento acelerado de su presencia militar en zonas geoestratégicas (aquellas con recursos naturales, petróleo, ubicación comercial, etcétera) estableciendo y/o afianzando su colonialismo.

“México no escapa a la política imperial norteamericana. Su proceso de militarización está engranado a los intereses de Washington; no se puede explicar el despliegue de fuerzas armadas, por ejemplo, a unos metros de la frontera sur de Estados Unidos, sin el aval del país más poderoso del mundo.

“Es de conocimiento público que Estados Unidos apoya y financia las llamadas guerras contra el narco. La potencia imperial norteamericana, como lo han hecho todos los imperios en periodos de crisis económicas graves, recurre a la guerra para reactivar su economía, al despojo de los territorios y sus recursos naturales, al combate a la disidencia política, a restringir derechos, a las razzias sociales, a los negocios a partir de la muerte”, asegura Julián Contreras.

David Barrios, estudiante de posgrado en Estudios Latinoamericanos, cuya investigación está enfocada en el tema de la militarización, explica que “el objetivo explícito del despliegue policiaco es combatir a un determinado cártel –Los Zetas, en el norte o Los Templarios, en Michoacán. Pero detrás de eso hay, desde hace cinco años, una recurrencia al efectismo, es decir, una apuesta por el efecto mediático que se produce al anunciar el número de efectivos que se trasladarán a un lugar determinado, así como describir con detalle el equipo que utilizarán, como los helicópteros Black Hawk que fueron enviados a Michoacán en esta ocasión, y que seguramente forman parte del apoyo obtenido mediante la Iniciativa Mérida”.

Barrios agrega que, después del periodo electoral en el que hubo aparente calma, el reciente operativo trae consigo un mensaje muy claro para la próxima administración: la estrategia de fuerza y de lucha frontal se mantiene; el siguiente gobierno tiene que darle continuidad.

“La estrategia de guerra contra el narcotráfico aparenta la decisión de combatir en el ámbito de la capacidad de fuego a un enemigo difuso y no homogéneo; sin embargo, detrás está un objetivo de adiestramiento social, de hacer que ciertas prácticas que coartan libertades sean vistas como normales”, advierte el estudiante.

Julián Contreras coincide: “La razón de mantener tantos militares y policías militarizados en las calles, es introducir en la sociedad la lógica de la guerra, con las garantías que da la impunidad de estar supuestamente combatiendo a un ‘enemigo interno’ y cuyo combate lo justifica todo, porque en la guerra todo se vale. Lo anterior no deja de lado (antes se explican mutuamente) que la militarización del país vino a afianzar un régimen político debilitado por su ilegitimidad tras el proceso electoral de 2006. Felipe Calderón muy probablemente no hubiese podido terminar su mandato si no fuera por la fuerza de las bayonetas desplegadas en las calles como mecanismo de disuasión y, en muchos casos, de represión a movimientos sociales y a comunicadores”.

Lo anterior no significa que no haya narcotráfico, crimen organizado y un problema grave de violencia generalizada que provoca una real preocupación en la sociedad, pero “significa es que las explicaciones dadas desde la oficialidad a través de los grandes medios de comunicación del porqué de estos problemas y los planteamientos del cómo solucionarlos dejan de lado una serie de razones de fondo e incluso omiten información y la distorsionan, lo que da como resultado un engaño a la sociedad que reacciona según los intereses de quien la manipula en torno a la idea de deshumanizar y volver prescindible y ejecutable a todo aquel que pueda ser relacionado con esta idea construida de enemigo interno (narcos, cholos, ladrones, extorsionadores, activistas, etcétera). El enemigo interno, todo aquel que las autoridades logran posicionar como tal, es susceptible de ser exterminado sin el mayor brote de inconformidad. Pero los grandes narcoempresarios y narcopolíticos de la oligarquía nacional jamás se verán a sí mismos como enemigos internos del país”, explica el activista juarense.

“La estrategia de militarización”, asegura David Barrios, “incrementa la violencia y las ejecuciones y hace tolerables ciertas prácticas como las ejecuciones y levantones. Hace también que la sociedad asuma que los asesinados o secuestrados (ya sea por parte de las autoridades o de los grupos criminales) son culpables a priori”.

Las consecuencias de la militarización del territorio nacional son muchas. Entre ellas, se encuentra el aumento de delitos que antes no se cometían en ciertas áreas. En Ciudad Juárez, por ejemplo, existe una relación directa entre la llegada de la policía federal, en 2008, y el aumento de los secuestros por extorsión y de las extorsiones en negocios, además de que los homicidios se incrementaron a razón de casi mil más cada año. Por otro lado, desde que los federales se retiraron de esta localidad, se redujeron considerablemente las cifras de ejecuciones.

En Juárez, los militares disminuyeron su presencia en las calles, pero continúan en los cuarteles. Además, se incrementó la presencia de policías municipales y estatales. Por otro lado, agrega Julián Contreras, el teniente coronel Julián Leyzaola, quien está al mando de la policía municipal -y es egresado de la Escuela de las Américas, célebre por entrenar grupos de contrainsurgencia donde la tortura es implementada– se ha posicionado dentro de los asuntos del comercio local y mantiene una política de cero tolerancia en las zonas populares.

En la lógica de la militarización, los resultados son los mismos para el grueso de la población, sin importar el estado o región del país en donde se encuentren: miedo generalizado, despojo de bienes y propiedades, desplazados, muerte de civiles, impunidad en los crímenes, razias sociales, paramilitarismo, incremento de las actividades comerciales ilícitas, represión de movimientos sociales, activistas y periodistas, incremento del tráfico de drogas e incremento del consumo.

Tras el supuesto combate el crimen, que los medios presentan con montajes propagandísticos, la realidad demuestra que la única guerra que se está librando es contra la sociedad en general que aún no alcanza a entender que lo que el Estado mexicano desarrolla es una política de represión preventiva, de la mano del posicionamiento de los negocios de los sectores que representa por la vía de la fuerza militar.

“Los resultados de la militarización son claros”, dice Contreras Álvarez, “el tráfico de drogas no disminuyó y el consumo tampoco, pero se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales tanto en número como en saña, la impunidad ha sido escandalosa, los desplazamientos de pobladores se incrementaron y la especulación a partir de la tragedia se convirtió en un excelente negocio”.

“Ha quedado claro que esta guerra no es una guerra contra el narco, sino contra los pobres. La evidencia es que los sectores marginados son los que ponen los muertos y los presos, mientras los grandes criminales de cuello blanco se dan el lujo de incluso ‘colaborar’ con esta supuesta guerra. Tras la devastación del Valle de Juárez, y el centro de la ciudad, hoy vemos la implementación de megaproyectos que benefician a sectores empresariales que apoyaron la estrategia de guerra, como Carlos Slim.

“En general, tanto en Michoacán como en Chihuahua y en otros estados de la república el patrón es el mismo: el pueblo es el que sale perdiendo, mientras un grupo lucra con la guerra y la impunidad que ésta trae para poder implementar megaproyectos, despojos y negocios ilegales”, finaliza desde Ciudad Juárez el activista Julián Contreras.