Hace 11 años, en estas fechas, la mayoría de los colectivos, grupos y organizaciones grandes y pequeñas, radicales o pacifistas, incluso religiosas, que constituían el universo heterogéneo del Genoa Social Forum, estaban en los fervorosos preparativos para los días de contestación a la cumbre del grupo de los ocho países más industrializados del mundo más (G8), que se desarrollaría del 19 al 22 de julio del 2001, en el puerto de Génova. Aquella experiencia extraordinaria de articulación entre identidades tan diversas en torno a reivindicaciones comunes, ese laboratorio de construcción de un imaginario diferente a la globalización que ya desde entonces mostraba su profunda crisis, encontró en el Estado una respuesta represiva sin igual, que aún no ha menguado.

 El 13 de julio de 2012 concluyó con una sentencia condenatoria en última instancia en el proceso aún abierto en contra de diez manifestantes: cinco de ellos seguirán un juicio para revisión de las penas; para los otros, se abren las puertas de la cárcel, con penas de hasta 14 años. El delito que se le imputa es una novedad para la jurisprudencia penal italiana, aunque nuevo no es: devastación y saqueo, un delito de extrema gravedad que abre escenarios de verdadero estado de excepción en los enfrentamientos entre policías y manifestantes.

Génova 2001: la protesta y la represión

Las jornadas del 20 y 21 de julio 2001 fueron de hecho un gran ensayo de cómo sostener por días enteros una ciudad en estado de excepción.

 En aquellos días, cientos de miles de personas se concentramos para contestar la reunión de los representantes de los países más industrializados, el G8. Eran los años de las protestas multitudinarias contra las cumbres de los grandes organismos supranacionales: la batalla de Seattle contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 1999; las protestas contra el, Área de Libre Comércio das Américas (ALCA) en Quebec, la de Goteborg, contra la OMC en Boloña y lo de Génova, en 2001; y finalmente contra el OMC en Cancún, 2003.

 Génova quiso ser un espacio multitudinario de convergencia de diferentes subjetividades, reunidas en el Genoa Social Forum, espacio político de reflexión y cumbre alternativa. El día culminante de las protestas era aquél en que se pretendía irrumpir en la zona roja, el centro histórico de la ciudad donde se desarrollaba la cumbre del G8, y que desde hacía varios días estaba blindado por altísimas vallas de metal. Varias marchas, cada una compuesta por grupos políticamente afines, salieron de distintas partes de la ciudad.

 Todas las marchas fueron repetidamente agredidas por policías y granaderos, armados hasta los dientes, con camiones y tanques blindados. Luego de horas de enfrentamientos en la marcha más grande –la de los Desobedientes, que reunió casi cien mil personas, y que se dirigía hacia la zona roja-, un policía disparó a quemarropa contra un joven manifestante,Carlo Giuliani, que arremetía contra el vehículo de la policía con un extinguidor. El 21 de julio, difundida la noticia del asesinato, 300 mil manifestantes llenaron las calles de Génova, para dar una respuesta pacifica a la violencia del Estado. Sin embargo, se repite el escenario del día anterior: cargas violentísimas de la policía contra marchas pacíficas, disparos de armas de fuego entre la multitud, nubes de gases lacrimógenos con componentes prohibidos, camionetas blindadas de la policía lanzadas a toda velocidad contra los manifestantes tratando de atropellarlos, golpizas de masa sobre personas indefensas, tortura sistemática en los cuarteles. Al terminar el día, decenas de policías irrumpen en la escuela Diaz, donde dormían más de 90 personas, y las atacan sin piedad. Muchos de ellos reportaron lesiones permanentes e incurables. Todos fueron trasladados al cuartel de Bolzaneto, ya repleto de más detenidos, donde fueron torturados y vejados por más de dos días, en la total impunidad, por policías, funcionarios y médicos, que se negaron a atender sus heridas.

 En estos largos años, ha sido incansable el camino hacia la búsqueda de verdad y justicia para los hechos de Génova, sin embargo, muchos de los responsables fueron juzgados por delitos que ya habían prescrito o gozaron de tantas atenuantes que, si pisaron la cárcel, fue por pocos meses, o aún, quedaron completamente absueltos. Lo que no ha sucedido con los 10 manifestantes condenados en estos días.

 Devastación y saqueo: análisis de un delito

 El delito de devastación y saqueo remonta a la legislación penal elaborada en los años treinta durante el régimen fascista, el Código Rocco, que aún representa la base del actual código penal, aunque repetidamente reformado. Es un delito que nunca se ha aplicado en la Italia republicana, y prevé penas larguísimas, de 10 a 15 años de reclusión; para el magistrado Gaeta, “las devastaciones hechas a Génova durante el G8 se colocan en las cumbres de una hipotética escala de gravedad social del delito”.

 En este caso, los jóvenes manifestantes son acusados de la destrucción de escaparates, botes de basura o cajeros, finalmente objetos, cosas, que a la postre para el Estado valen más que la vida o la integridad de una o cientos de personas. Tal es así, que el carabiniere responsable del asesinato del joven Carlo Giuliani ha sido absuelto, y los policías, mandos medios y altos funcionarios de los cuerpos de Policía también han salido indemnes o con simples penas administrativas de los múltiples procesos. La gravedad del delito de devastación se sustentaría en la premeditación y en la concertación del crimen con otras personas; sin embargo, ya que ni el manejo falseado y tendencioso de las pruebas testimoniales pudieron probar estas circunstancias, se acusó a los jóvenes de “coparticipación psíquica” en el delito, por el hecho de participar en la misma marcha. Una acusación que, igual o más que la principal, raya en la ciencia ficción.

 Los jóvenes sentenciados no son más que chivos expiatorios de lo que Amnistía Internacional ha definido como “la más grande suspensión de los derechos democráticos en un país occidental después de la Segunda Guerra Mundial”. Acusados de “atentar contra el orden público”, han sido identificados a partir de videos en los que no aparecen las caras de las personas, y de hechos ocurridos en situaciones de extrema confusión, donde es sabido que grupos de personas –los llamados black block– se introducían sistemáticamente en las marchas pacificas iniciando a hacer destrozos, y “justificando” así la intervención violenta de la policía. Al estilo de los halcones, se denunció que muchos de los vándalos en motonetas –entre los cuales estarían algunos de los jóvenes condenados- eran en realidad policías vestidos de civil.

 Sin embargo, más allá de lo ocurrido en ese entonces y de los detalles del proceso, el dato que emerge de la sentencia es político. Se santifica el delito de devastación, este monstruo jurídico, en este momento de la crisis, cuando se están modificando y restringiendo todos los espacios democráticos. Mientras el gobierno “técnico”, liberado de todo maquillaje político, se demuestra el más eficaz ejecutor de los dictámenes neoliberalistas, arremetiendo contra las conquistas sociales y desconociendo hasta los derechos fundamentales de los ciudadanos, la policía ha aumentado su agresividad y la brutalidad en el uso de la fuerza. Como denuncia Luca Casarini, en ese entonces vocero del Genoa Social Forum y exponente del movimiento italiano, los conflictos ahora no se resuelven en el espacio político, sino que se dirimen con la fuerza “muscular” del Estado. Lo demuestra la feroz represión en Val di Susa contra los que se oponen –ahora sí- a la devastación y saqueo de sus tierras y de su territorio para la construcción de una criticadísima línea de tren de alta velocidad (y alto impacto ambiental). Lo muestran los numerosos casos de violencia policial contra personas indefensas: ancianos, jóvenes, migrantes recluidos en los Centros de Identificación y Expatrio y en los cuarteles, y un largo etcétera. Para Laura Tartarini, abogado defensor, esta sentencia muestra una ampliación de los límites de punibilidad para el actuar de los movimientos: el delito de devastación puede ser aplicado en cualquier ocasión en que una marcha llegue a enfrentamientos con las fuerzas policiales.

 La sentencia para los funcionarios acusados de la masacre en la escuela Diaz

 Los trágicos hechos ocurridos en la escuela Diaz en la noche del 21 de julio, fueron definidos por uno de los policías responsables como “carnicería mexicana” (Tlatelolco docet). Una operación planificada desde los vértices policiacos y que mostró los excesos de brutalidad que constituyen las entrañas del Estado supuestamente “democrático”. El proceso contra los acusados ha tenido muchos reveses: la última sentencia, dictada el 5 de julio 2012, confirma las condenas para varios funcionarios responsables de la masacre, aunque estos solamente fueron acusados de testimoniar en falso y de abuso de poder. Éstos no pisarán la cárcel, pero serán imposibilitados en cubrir cargos públicos por los siguientes cinco años.

 Aunque festejada como un avance importante en el camino hacia la verdad y la justicia, la sentencia deja mucho que pensar: no ha trastocado los vértices de la cadena de responsabilidad, que han sido sistemáticamente encubiertos por los poderes del Estado: el secretario de gobernación, el vice premier, el jefe de la policía. Éste, así como los funcionarios condenados, en estos años tuvo un repentino éxito: ahora cubren todos puestos de dirigentes (de los Servicios Secretos, del Servicio Central Operativo, de la Central Anticrimen), con lautos sueldos.

La reflexión que nace, mirando a posteriori las dos sentencias de este julio 2012, es que nos están aparentando un simulacro de justicia, cuando en realidad es una señal muy clara para los movimientos que actúan el terreno del conflicto. Por un lado condenas que no implican ninguna pena efectiva, a parte la suspensión del servicio que se hubiera tenido que aplicar hace 11 años, en lugar de permitir promociones y avances que llevaron los acusados a los máximos puestos de la policía de Estado. Por otro lado decenas de años de cárcel infringidos a los que vieron Carlo morir con una bala en la cabeza, hombres y mujeres culpables de haber descargado su rabia sobre cosas, mientras casi indemnes salen los que, protegidos por un uniforme, se ensañaron contra cuerpos, vidas y esperanzas.

 “Ustedes ocho, nosotros seis mil millones”: la consigna de la movilización

 Reclamar la verdad y la justicia para Génova significa reivindicar el espíritu de Génova, la denuncia colectiva de la ilegitimidad del poder constituido, encarnado en los pocos “poderosos de la tierra”. La contestación de Génova era una denuncia y también una oportunidad para crear un espacio de convergencia entre los muchos que luchan para transformar el existente en distintas maneras: llevamos a las calles la bandera de un nuevo imaginario, frente a la crisis de la representación política y a la injusticia de las políticas globales. Regresando a lo absurdo de las condenas recién dictadas, es cierto que todos los cientos de miles que en esos días caminamos las calles de Génova somos copartícipes de un pensamiento: una perspectiva de recomposición social a partir de las diferencias, la prefiguración de una plataforma de lucha para todos, comprensiva de todas las especificidades, la centralidad de los movimientos y de la militancia como nuevas formas de participación política.

 Según Luca Casarini, “se crea en la movilización contra el G8 un ‘espacio del común’, que no se limita a sumar todo lo que había antes, sino que multiplica la participación, llamando también los que antes no habían tenido experiencias similares”. Así, en Génova una entera generación de jóvenes se acerca por primera vez a la política, y este es otro dato que contribuye a la riqueza de aquellas jornadas.

 Muchas cosas se han dicho de lo sucedido en esos días en esa ciudad marítima. Todas las reflexiones, sin embargo, siempre nacen de una vivencia, de un vivido y de una expectativa: no todos vivimos lo mismo, y la manera de estar en la calle de las diferentes colectividades y subjetividades puede cambiar el relato.

 Génova no ha terminado…

 Génova no ha terminado por la gran cantidad de años de prisión a los que fueron sentenciados y por la imposibilidad de los acusados de librarse de la ejecución de las condenas; porque aún no se ha hecho justicia verdadera para el asesinato de Carlo Giulian; porque aún no existe, en el ordenamiento penal italiano, el delito de tortura, si bien la Corte Europea para los derechos humanos lo pide desde hace casi dos décadas y orque se sigue delegando a la fuerza pública el papel principal en los conflictos sociales. En el espíritu de Génova, hay que seguir luchando.

Publicado el 16 de julio 2012