México DF. Aunque su constante presencia en los diarios ha pasado a ser parte de “las noticias del día”, los feminicidios en México han aumentado de manera alarmante durante los últimos años, y “su normalización es sumamente preocupante”.

El 11 de junio, vía Facebook, se dio a conocer la noticia de que Karen Joanne Sánchez Gochi, alumna de cuarto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), había desaparecido. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado, y el 14 de junio amigos y familiares asistieron al sepelio de la joven de 20 años.

Este caso es tan sólo uno de los miles que se reportan todas las semanas a lo largo de la república mexicana. Los padres de Karen, como tantos otros que han perdido hijas, madres, hermanas y amigas, luchan porque el homicidio sea tipificado como feminicidio, lo cual implica un castigo mayor para el perpetrador del crimen, en este caso, un antiguo pretendiente de la fallecida.

El mismo día en que se despedía a Karen, el presidente Felipe Calderón firmaba los decretos que expiden la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de esos delitos, así como las reformas en materia de combate a delitos cometidos contra las mujeres y abusos cometidos en contra de menores.

La legislación es válida a nivel federal, por lo que el presidente llamó a las entidades federativas (no a todas, porque algunas también ya han regulado el delito de feminicidio) para que “las que no lo tengan avancen en este sentido”. Actualmente, 15 estados y el Distrito Federal han legislado para tipificar el feminicidio como delito.

Las legislaciones, sin embargo, son muy nuevas y la violencia hacia la mujer está demasiado normalizada. Las autoridades podrían emprender acciones que previnieran los asesinatos, pero no lo consideran. Por ejemplo, en el caso de Karen “refleja una deficiencia (por parte de las autoridades) porque la familia ya había denunciado su desaparición”, explica la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, quien ha trabajado en el caso de los feminicidios de Campo Algodonero.

Otro problema es el menosprecio del asesinato de mujeres como crimen de género, “todos los días continúan apareciendo noticias de que se han encontrado cuerpos de mujeres, pero se dice que es por conexiones con el crimen organizado, acusándolas incluso de ser líderes de bandas o adjudicándolo a un acto cometido por una pareja”.

La política de Felipe Calderón respecto al crimen organizado ha afectado en gran medida las investigaciones en materia de feminicidios, pues “ahora todo tiene que ver con el narco, entre 1993 y 2006 la cifra en Ciudad Juárez fue de aproximadamente 600 mujeres asesinadas, entre 2006 y 2012, el número ascendió a 1500, y la respuesta de las autoridades es ver a las mujeres como daño colateral”.

Lo que se encuentra en el código penal y las autoridades deben tratar como feminicidio son casos específicos en los que la mujer fue asesinada por razones de género (las cuales fueron definidas por grupos de investigadores que llevan años trabajando el tema). Por ejemplo, un homicidio culposo, accidental, no sería tipificado como feminicidio. Las autoridades deben tomar en cuenta que “el cuerpo de las mujeres habla” y les puede dar toda la información que necesitan para la tipificación del asesinato.

Existen cinco razones por las que la privación de vida de una mujer puede ser considerada feminicidio. La primera es cuando la víctima ha sido víctima de violencia sexual, lo que no se reduce a la violación, sino que implica cualquier tipo de atentado sexual contra la víctima, como la desnudez forzada, “si se encuentra el cuerpo de una mujer con el torso desnudo, es distinto a si se encuentra el de un hombre en la misma condición, implica cosas distintas la exposición de los senos a la del torso”, explica la también ganadora del premio de Derechos Humanos 2010, otorgado por el Consejo de la Abogacía Europea.

Otra razón es la privación de la libertad, previo a la privación de la vida. Aquí se incluyen casos de todo tipo, desde el caso de Karen Gochi (cuyo asesino la llevó a la fuerza al hotel donde posteriormente sería encontrada) hasta los casos de trata de blancas, en los que la privación de libertad incluye también prostitución y abusos de diversa índole.

Cuando el cuerpo es expuesto o arrojado a la vía pública, también se considera feminicidio, como en el caso de las muertas de Juárez, donde era común que se encontrara a las víctimas en carreteras o en el desierto. Esto, además, funciona como un “mensaje a otras mujeres” de lo que les puede ocurrir.

Una cuarta razón se da cuando el cuerpo presenta lesiones infamantes o denigrantes, ya sea que se hayan hecho antes o después de la muerte de la mujer. Un caso emblemático al respecto es el de Rubí Frayre, hija de Marisela Escobedo, cuyo cuerpo fue descuartizado y arrojado a los cerdos. Este tipo de violencia contra el cuerpo femenino da la pauta para que se tipifique un caso como feminicidio.

La quinta razón es la de aquellos casos en que el asesinato es la culminación de actos de violencia, por ejemplo el de aquellas mujeres que sufrieron violencia sexual, psicológica, económica, ya fuera por parte de conocidos o desconocidos, y que terminara con el asesinato de ella, aún si en la muerte no hubo otro ataque al cuerpo más que el que le quitara la vida.

Con las nuevas legislaciones, las autoridades –de todos los niveles, desde peritos hasta jueces– cuentan con herramientas para procurar el castigo adecuado a los asesinos, así como prevenir otros posibles crímenes a través de la investigación, la intervención coordinada y la protección, no sólo a través de publicidad. Por definición, “los feminicidios son crímenes que la autoridad puede prevenir”.

El problema está en que no se reconoce la violencia de género como tal. No fue hasta 1996 cuando se reconoció la violencia familiar como delito. Apenas en 2007 se publicó la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La abogada Salas señala que éste es un problema a nivel nacional, “es una realidad que se está viviendo en el DF y no sólo en Ciudad Juárez, simplemente esa ha sido la ciudad con mayor atención mediática internacional”.

“En el discurso, todos saben que la violencia de género es una violación a los derechos humanos, sin embargo, no hay conciencia real y eso se nota en las acciones tanto de la sociedad como de las autoridades. Si hubiera conciencia no habría procedimientos de mediación o conciliación” dice Salas Ramírez. Estos procedimientos consisten en lograr que la víctima de agresión de género llegue a un acuerdo con su agresor, con la promesa de que éste no la volverá a agredir.

En el Estado de México, durante las gubernaturas de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila, se ha registrado “un incremento muy importante de los feminicidios”. Se ha implementado una “política de simulación”: se crearon reformas legislativas “tendientes a ocultar la violencia”, lo que implica una falta de resolución del problema, tanto para la víctima y su familia, como a nivel sociedad.

Desde la sociedad civil también se pueden tomar acciones de prevención, “vivimos en una cultura machista, donde a las mujeres se nos ha enseñado a aguantar y soportar”. Por ello, lo principal es que se conozca el problema, “el desconocimiento te hace no exigir”. Las mujeres deben saber qué es la violencia de género y que ésta no se reduce a violaciones, sino que implica todo tipo de actos, desde toqueteos hasta exposiciones a la víctima.

Lo principal como mujeres es “reconocer que tenemos derecho a tener derechos”. Y la sociedad debe dejar de “culpabilizar a la víctima, pues esto también es violencia y la violencia mata”, concluye Micheel Salas.

Publicado el 2 de julio 2012