Miles de personas marcharon en más de diez ciudades de Perú para manifestar su apoyo a los pobladores de Celendín, provincia de Cajamarca, quienes desde hace más de un mes mantienen una huelga general indefinida para protestar contra un proyecto de extracción de oro que la empresa minera Yanacocha pretende realizar en la región, y que exterminaría la fuente de recursos hídricos de la zona.

La lucha del pueblo de Cajamarca por el agua de cuatro lagunas que Yanacocha pretende apropiarse para extraer oro y cobre del subsuelo peruano ha dejado ya un saldo de cuatro muertos  –entre ellos un joven de 17 años–, 45 heridos, 25 detenidos y una ciudad “resguardada” por policías y militares debido al estado de excepción decretado después de las marchas y protestas del 3 de julio.

En junio pasado, pobladores de Celendín, iniciaron un paro indefinido contra el proyecto Conga de la minera –que para explotar yacimientos de oro y cobre requeriría vaciar al menos cuatro lagunas que abastecen elnacimiento de los ríos que proveen de agua a la población.

Grupos indígenas y campesinos que se oponen a la millonaria iniciativa, denuncian que Yanacocha –empresa asociada a la minera estadounidense Newmont– no garantizó que preservaría el agua de las lagunas a pesar delas recomendaciones emitidas por un grupo de expertos internacionales que realizaron estudios de impacto ambiental en la zona.

La administración de Ollanta Humala, ex militar izquierdista que asumió la presidencia hace apenas un año,otorgó a Yanacocha y Newmont permiso oficial para iniciar operaciones, no obstante la negativa de las mineras para ajustarse a las recomendaciones de viabilidad ambiental.

La empresa minera anunció que no podía garantizar la conservación de los reservorios naturales de agua, pero ofreció a cambio la construcción de cuencas artificiales con las que –dijeron– se “podría garantizar” el abastecimiento del líquido vital a la población de Cajamarca.

Un antecedente de la represión en Cajamarca es la amenaza que, días antes, pronunció el presidente peruano, Ollanta Humala. Newmont y Yanacocha habían solicitado al gobierno condiciones de seguridad para comenzara construir los depósitos con los que “suplirán” las lagunas amenazadas por el proyecto Conga. La respuesta de Humala fue que quien se atreviera a no respetar la propiedad privada, tendría que “atenerse a las consecuencias”.

Y las consecuencias se materializaron el 3 de julio, día en que el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (FDAC) cumplía 34 jornadas de paro indefinido. Trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, campesinos de Llanguay y choferes de moto taxi, se había sumado a las protestas de los pobladores en contra de la instalación de las minerías. Todos estaban reunidos en la Plaza de Armas, cuando –de acuerdo con un comunicado del FDAC–  “se realizó un ataque irracional de la policía nacional en contra de la población manifestante”.

El saldo de las agresiones policiacas fueron cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, 45 heridos y 25 detenidos. A estas afrontas, se sumó, como inmediata respuesta del gobierno, la instauración del estado de emergencia, de modo que para los huelguistas de Cajamarca –y para toda la población de esta ciudad–  quedaron suspendidas las garantías constitucionales de libertad y seguridad personales, así como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito.

El ex sacerdote Marco Arana, dirigente del movimiento político-ecologista Tierra y Libertad, fue aprehendido por la policía un día después del violento enfrentamiento, cuando opositores de la iniciativa Conga salieron de nuevo a las calles para protestar por los muertos y heridos de Celendín, y para reclamar la libertad de quienes habían sido detenidos.

Arana fue liberado casi un día después, pues la fiscalía encontró que “no había motivo para que fuera detenido”. Sin embargo, el dirigente denunció haber sido torturado: “Me detuvieron, me golpearon mucho, dentrode la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con estos hechos, el gobierno de Ollanta Humala, quien en junio de 2011 ganó en segunda vuelta la presidencia de Perú, vive quizá una de sus peores crisis. «Él ya no es nuestro presidente, gobierna para las mineras extranjeras. En la campaña electoral prometió defender el agua de la minería. Nos ha traicionado», apuntaron habitantes de Celendín.

Estas muertes, con las que llega a 15 el número de asesinados durante el régimen de Humala, demuestran quela estrategia de gobierno sigue apostando por la criminalización de la protesta y la declaración de estados de emergencia como instrumentos políticos para privilegiar los intereses de ciertos grupos económicos, dijeron la Central Trabajadora Peruana (CGTP) y el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (CGT).

Por otro lado, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales señaló que el gobierno de Humala “está desoyendo sistemáticamente la voluntad de los pueblos en virtud de presiones corporativas, y ahora está desplegando una estrategia represiva que asesina campesinos, arresta curas e indígenas y amenaza las libertades de un pueblo que defiende su legítimo derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente libre de contaminación”.

Aunque el millonario plan aurífero avanza y el estado de emergencia permanece, la lucha contra la minera no descansa. El pasado 12 de julio, miles de personas respondieron a la convocatoria de la Confederación General de Trabajadores del Perú y participaron en Jornada Nacional de Lucha contra el proyecto Conga.

Desafiando el estado de emergencia, un grupo de opositores marchó por las calles de la ciudad de Bambamarca para insistir en el rechazo absoluto al ecocida proyecto minero que ya ha sido aprobado por el Estado peruano.

La jornada de protestas en la que se exigió a Ollanta Humala la destitución del primer ministro, Oscar Valdés –considerado como el responsable de las muertes y agresiones del 3 de julio– , incluyó también marchasen Lima, la capital peruana, y en otras 10 ciudades del país.

Además el Comité de Solidaridad con Cajamarca en Francia, anunció que el 20 de julio se realizarán manifestaciones ante las embajadas o consulados del Perú en París, Berlín, Bruselas, Madrid, Londres, Estocolmo yMilán.

Publicado el 16 de julio 2012