Estado de México, México. Son las 9 de la mañana cuando llegan los grupos improvisados de ayuda a las orillas de las vías de ferrocarril para repartir frijoles, bolillos y café. Abajo del puente de la Concha, 50 migrantes, entre ellos menores de edad y mujeres, empapados por la lluvia, esperan entre lodo y basura a la “Bestia”, o el “Diablo de Acero”. Así llaman, por los innumerables accidentes que causa, al Kansas City Southern Railways, el tren que viaja hasta Estados Unidos. Anoche, Juan, joven hondureño de 19 años, perdió su pie bajo sus ruedas al intentar subir.
Desde el cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego, el lunes 9 de julio, son cada vez más los migrantes mesoamericanos que deambulan errantes en la colonia Lechería, en búsqueda de un lugar discreto en donde descansar fuera del alcance de los policías municipales, de la seguridad privada ferrocarrilera, de los Mara SalvaTruchas o de los Zetas.
Los defensores de derechos humanos que recorren la zona para atender escasamente las necesidades básicas de los migrantes, refieren que hay entre 300 y 700 personas repartidas a lo largo de las vías. Andrea y Jorge, del colectivo “Ustedes somos nosotros” hacen notar la ausencia de comida, de alojamiento y de letrinas, y hablan de una emergencia humanitaria: “Los que están aquí vinieron caminando desde Veracruz y duermen bajo la lluvia sobre cartones. Ahora que funciona de nuevo el tren, esperamos miles de migrantes en los próximos días, y no tenemos para atenderlos. A pesar de sus discursos, las autoridades municipales, estatales y federales no hacen nada, y los que apoyamos a los migrantes somos personas desorganizadas sin los suficientes recursos”.
Abierta en 2009, la Casa del Migrante ofrecía un oasis de paz en el corredor migrante Ecatepec-Tultitlán, para personas que viajan, en su mayoría, desde hace tres semanas a pie, en camión y en tren. Aunque ya no alcanzaba a alojar a los cien migrantes que últimamente llegaban a diario, allí podían descansar tres días, hablar con sus familias, asearse y, más que todo, recibir apoyo psicológico. La diócesis de Cuautitlán tomó la decisión de cerrar el espacio después de un enfrentamiento entre vecinos y migrantes el sábado 7 de julio. Jorge Luis, quien vive en la zona y lleva comida a los migrantes, denuncia una injusticia: “no sabemos bien porque cerró pero dicen que es político. Es injusto porque son los que menos tienen la culpa los que están pagando”.
Los conflictos con los vecinos empezaron a crecer junto con el número de migrantes hace un año, pero Marta Sánchez Soler, del Movimiento Migrante Mesoamericano (3M), recuerda que la colonia Lechería tiene una larga historia de marginación: “La zona siempre ha sido muy problemática, y la delincuencia no llegó con los migrantes. No soy romántica, los malos y los feos también migran, pero el crimen organizado estaba aquí mucho antes”.
Andrea, del colectivo “Ustedes somos nosotros”, insiste en la presencia de provocadores y miembros de bandas criminales alrededor de la Casa el día del enfrentamiento y en su interés por cerrarla. Afirma que “los migrantes no suelen tener una actitud conflictiva, pues sólo quieren pasar lo más rápido posible, aunque puede que se hayan defendido cuando la situación se volvió violenta”, ya que de acuerdo con una vecina, “hubo arrojos de piedras y golpes”.
No duda Andrea de que los Mara Salvatruchas y los Zetas, que organizan la delincuencia en la zona, hayan actuado para cerrar el albergue.
Por su parte, Sánchez Soler explica que “una casa del migrante, además de quitar ingresos a los ‘polleros’ que se dedican al transporte de indocumentados y a las redes de trata de personas, lleva mucha visibilidad a la colonia, y no es propicio para sus negocios”.
Desde el inicio de los años 2000, las bandas de crimen organizado empezaron a dedicarse a explotar económicamente a los migrantes a través de la extorsión, del secuestro bajo rescate, o del uso bajo amenaza de los indocumentados para el narcomenudeo o la prostitución. Los más destacados en ese sector criminal son los Mara Salvatruchas y los Zetas.
Gustavo, migrante mexicano de 40 años, está en Lechería desde cuatro días. Fue testigo del secuestro de dos personas: “Estaba dormido anteayer abajo del puente cuando una camioneta tipo Ranger me despertó. Bajaron dos chavitos de 18 años y sacaron sus armas para apuntar a dos jóvenes que estaban allí, y los obligaron a subirse. No supimos nada de ellos desde entonces”.
Se reportaron tres eventos de secuestros desde el cierre de la Casa del Migrante, en los cuales desaparecieron entre 17 y 30 personas, dependiendo de las fuentes. Las organizaciones están documentando y esperan armar los casos a pesar de la dificultad de poner en contacto a los testigos con las autoridades.
Tanto la policía federal, como estatal y municipal no ayudan a crear un ambiente de confianza. Enrique, hondureño de 44 años, relata que hace dos días “llegaron tres camionetas de policía municipal en la noche, y empezaron a revisar a los cuarenta personas que estaban juntas. Nos dimos cuenta que extorsionaban a todos, por 20 ó 50 pesos, que es lo poco que nos quedaba a la mayoría”.
Durante las dos o tres horas de presencia matutina de los grupos de apoyo, las camionetas blancas y negras de seguridad municipal hacen rondas cada 20 minutos, y se alejan cuando notan los coches de los defensores de derechos humanos. Esta mañana, los activistas descubren a una patrulla in fraganti extorsionando a un grupo de migrantes en las vías, quienes al percatarse de su presencia se alejan. Esta es la cotidianidad en estos lares.
Gustavo y Erick, hondureños de 20 y 23 años, decidieron aceptar la oferta de deportación propuesta por el Grupo Beta, equipo de protección de migrantes, del Instituto Nacional de Migración (INM). Después de más de quince días de viaje, lo que les hizo renunciar no fueron las condiciones de estancia, sino las amenazas de la policía. Anoche, se subieron con cinco personas más a la “Bestia” y en el trayecto presenciaron el ingreso de hombres con uniformes que apuntaron a una mujer. Al defenderla, Gustavo y Erick recibieron amenazas y la promesa de que nunca lograrán seguir su camino en tren.
Los activistas coinciden en la responsabilidad de las autoridades en el abandono de la colonia y en la descomposición de la situación migratoria. Denuncian la total ausencia de voluntad política que se nota en las largas negociaciones acerca de la reubicación de la Casa del Migrante y el uso electoral del tema migratorio. A pesar de las declaraciones del gobernador y de la diócesis de Cuautitlán a favor de la reapertura en otro lugar del albergue, las organizaciones involucradas dudan que una situación de años se solucione en pocos días con los mismos actores.
En la Cerrada de la Cruz, dónde se encuentra el albergue abandonado, las lonas de rechazo a la Casa están fijadas al lado de cárteles electorales de la entonces candidata electa a la presidencia municipal priista, Sandra Méndez. Antes de hablar de “nuestros hermanos migrantes”, el actual gobernador priista del Estado de México, Erubiel Ávila, cerró en 2009 el albergue de Xalostoc y puso fin al “Santuario Migrante”, declarado por el presidente municipal anterior de Ecatepec.
Marta Sánchez se preocupa: “Pensar que lo que pasó en el Estado de México en materia de gestión migratoria se generalizará en todo el país con las últimas elecciones presidenciales, no deja mucha esperanza para los próximos seis años”.
Publicado el 16 de julio 2012
