4 de agosto de 2014
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Honduras: entre la recuperación de las tierras y la criminalización de los trabajadores

En Honduras, la historia habla por sí sola: un golpe de Estado, unas fraudulentas elecciones, reiteradas violaciones a los derechos humanos y la sucesión de compromisos incumplidos.

Proyecto Chakana
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Colón, Honduras. El Valle del Bajo Aguán, departamento de Colón, Honduras es el epicentro del conflicto agrario que enfrenta a campesinos y campesinas con el Estado; los grandes terratenientes y las transnacionales. La Reforma Agraria del setenta; la Ley de Modernización Agrícola durante los noventa; la adquisición fraudulenta de las tierras por parte de los empresarios y, centenares de campesinos y campesinas sin tierra conforman la escena de la lucha.

Luego del golpe de Estado de 2009, marco en el que las organizaciones campesinas se dieron a la tarea de recuperar tierras, aumentó abruptamente la violencia y persecución, tanto por parte de las fuerzas de seguridad nacional, como por parte de las fuerzas privadas de los latifundistas avalados por un gobierno que se autoproclama democrático: el de Porfirio Lobo Sosa. Hoy, el saldo de la pugna es de cuarenta y ocho campesinos muertos, la militarización del Aguán y la fuerte respuesta desde las bases campesina mediante la resistencia y creación de un Observatorio Permanente de Derechos Humanos.

40 años de historia campesina

Las tierras del Bajo Aguán son codiciadas por su alto valor de productividad agrícola y desde 1973, cuando se aplicó la Ley de Reforma Agraria, han estado en constante transformación. Según el Secretario General de Food First Information and Action Network (FIAN) de Honduras, Gilberto Ríos, se trató en realidad de una colonización del valle. “Un proyecto de reforma agraria es aquel que afecta tierras dentro de la frontera agrícola, un proyecto de colonización es aquel que empuja a los campesinos hacia las áreas selváticas o boscosas para convertirlas en áreas de actividad agrícola. Y eso es lo que se hizo aquí”, explicó.

Fue así como el entonces Presidente de facto: Oswaldo López Arellano, de la mano del millonario financiamiento del Banco Internacional para el Desarrollo (BID), trasladó a más de siete mil campesinos y campesinas sin tierra, organizados en ochenta cooperativas de trabajo, a setenta y tres mil hectáreas para la producción, en su mayoría, de palma africana. A cambio las empresas asociativas tenían que vender las cosechas a las subsidiarias locales de compañías norteamericanas.

Para el 1992, con el Presidente Rafael Leonardo Callejas se firmó, en el marco del neoliberalismo, la controversial Ley de Modernización y Desarrollo para el sector agrícola, que le permitía al sector privado adquirir las tierras del sector reformado. Una de las amenazas que contemplaba la ley hacia los campesinos y campesinas era que si no cultivaban toda la tierra que se les había asignado durante la colonización, ésta le sería otorgada a los empresarios, lo que presionaba y, hasta orillaba a los cooperativistas a vender. “El sector reformado contaba con una serie de deficiencias: bajo nivel educativo, ningún tipo de acceso a financiamiento, capacitación agrónoma, asistencia técnica o administrativa, lo que debilitaría aún más el proyecto. Los campesinos no obtendrían los recursos para cultivar todas las tierras que se les habían asignado y eso los obligaba a tomar una alternativa. En estas condiciones están, en la línea de la sobrevivencia. No están pensando en si la acción de la venta es buena o mala, simplemente, es de sobrevivencia”, agrega Ríos.

Si bien hubo algunas ventas de común acuerdo y otras debidas a la corrupción de los dirigentes cooperativistas, muchas fueron producto del hostigamiento y acorralamiento hacia las comunidades cometidos por el Estado y tres grandes empresarios: Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, ansiosos de convertirse en propietarios de la mayor parte del Aguán y de las miles de hectáreas de palma africana, producto que ya se posicionaba al alza en los mercados internacionales. Como explica el libro de una de las organizaciones más fuertes dentro del conflicto, el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, “MUCA: Machete de Esperanza” (2010), se sucedieron varias irregularidades en la compra-venta de las tierras. Tanto el Estado como los futuros compradores utilizaron la intimidación y la amenaza contra los dirigentes cooperativistas que se negaban a vender. Además, las fincas nunca fueron tituladas a nombre de los compradores, quienes debían utilizar la tierra de cultivo y producción bajo la forma de concesión, la cual se venció en 2005 y nunca fue renegociada.

Por otro lado, el Instituto Nacional Agrario (INA), instrumento estatal encargado de fortalecer la reforma agraria y supervisar las ventas de tierras fue el ejecutor clave de esas irregularidades. “El INA se dedicó a presionar a los campesinos para que vendieran la tierra, los amenazaban y en muchos casos se sabe que los terratenientes pagaron a funcionarios para que hicieran ese trabajo. En una acción que pareció hasta revanchista, el INA cargó camiones con toda la documentación y la tiró a la basura”, denunció el Secretario General de FIAN Honduras.

Es así como queda entonces propuesta la nueva escena agrícola del Bajo Aguán: por un lado, miles de hectáreas en manos de los terratenientes y, por el otro, miles de campesinos y campesinas sin tierra que deberán convertirse en jornaleros de los nuevos dueños.

Según datos de octubre de 2010 proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 18 años después de la aplicación de la ley de Modernización Agrícola, en Honduras, el 78.8 por ciento de la población rural está por debajo de la línea de pobreza, el nivel más alto en la región centroamericana. De esta manera, comienza la lucha por la recuperación de tierras, en la que se destacan las organizaciones campesinas: el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).

Del neoliberalismo al golpe de Estado

Luego de nueve años de acciones judiciales que nunca dieron frutos, luego de hacer su presentación pública en febrero de 2006 con la toma del puente de acceso a la ciudad, cabecera del departamento de Colón, Tocoa -conocida como la “Toma de los cinco mil machetes”- y sólo veinte días antes del golpe de Estado de junio de 2009 que derrocó al Presidente Manuel Zelaya, los campesinos y campesinas del MUCA ocuparon pacíficamente la planta procesadora de Miguel Facussé, obligando al todavía gobierno democrático a negociar la devolución de las tierras.

“En el año 2000 comenzamos a hacer investigaciones sobre la tenencia de la tierra que posee Miguel Facussé y descubrimos que el señor no es propietario legal de muchas fincas y que no tiene los documentos reglamentarios. Luego asistimos a su convocatoria mediante audiencias a las que nunca asistió. Concluida la última instancia decidimos tomar la planta de procesamiento por cinco días parando el movimiento de la fábrica. Sólo de esa manera se hizo presente alegando que estaba fuera de Honduras. Sólo así atendió nuestra pedido solicitud de diálogo”, describió la integrante del MUCA y Coordinadora de la Comisión de Atención a Víctimas del Observatorio Permanente de Derecho Humanos, Consuelo Castillo.

Contrariamente a Facussé, y respondiendo a las peticiones campesinas, Zelaya se presentó en Tocoa para negociar la salida de la fábrica y se firmó un acuerdo que velaba por la creación de un comité técnico-jurídico que establecería la situación legal de la tierra. En esta comisión participaban representantes del INA, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), del Ministerio de la Presidencia y del MUCA. El 23 de junio de 2009, tan sólo cinco días antes del derrocamiento, se desarticuló la comisión cuando uno de sus miembros, el dirigente del partido de izquierda Unificación Democrática (UD) Fabio Evelio Ochoa Hernández fue asesinado. Llega entonces la madrugada del 28, en la que el mandatario es secuestrado a punta de pistola por las fuerzas militares, y exiliado en pijama a Costa Rica. Ese mismo día, el pueblo hondureño debía votar para aceptar o rechazar la realización, convocada por el poder Ejecutivo, de una Reforma Constituyente conocida como la “cuarta urna”. Como consecuencia, el pueblo salió a la calle exigiendo la restitución del presidente, conformando así el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Con un país que ardía en llamas, en Estado de sitio permanente, en el que se cometieron violaciones a los derechos humanos como el hostigamiento a miembros del FNRP, amenazas e intimidaciones a periodistas y magistrados críticos al régimen, y donde se registraron persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos, el movimiento campesino pareció no asustarse. El MUCA decidió hacerse escuchar. El 9 de diciembre toma veintiséis fincas de palma africana, propiedad del magnate de 80 años dueño de la corporación Dinant S.A, Facussé.

Esta acción provocó que la situación de represión nacional se repitiera y agudizara en el Bajo Aguán. Cinco intentos de desalojo que significaron la muerte de 23 campesinos, la criminalización de la lucha, y comandos armados y vuelos rasantes de aviones y helicópteros militares – claras señales de un proceso de militarización-, fueron el esquema político utilizado por el régimen para silenciar la lucha. El 13 de abril de 2010, bajo un clima de extrema tensión se firmó con “Pepe Lobo” un acuerdo en el que los campesinos se comprometían a reducir las fincas tomadas. A cambio, exigían la restitución de once mil hectáreas durante el período de un año.

El plan de negociación consistía en la entrega inmediata de tres mil hectáreas cultivadas con palma africana, tres mil no cultivadas, en un plazo de 90 días; y mil cultivadas junto a otras 4 mil no cultivadas, en el plazo de un año. Además, el gobierno se comprometía a implementar proyectos de educación, salud y vivienda. Efectivamente, y antes de que termine el mes, el MUCA había reducido el número de fincas apropiadas a sólo seis. Hasta la fecha, el gobierno de facto no cumplió con lo firmado.

Si bien, el grado de violencia es igual o peor para el resto de las organizaciones campesinas distintas son sus situaciones legales. El caso del MUCA gira en torno a la recuperación de las tierras del predio en donde, hasta 1993, funcionó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), creado a pedido del Estado norteamericano en 1983 y en el marco de la doctrina de seguridad nacional. En 1993, las tierras, ilícitamente vendidas por la Corporación Municipal de Trujillo al ganadero puertorriqueño Temístocles Ramírez, son recuperadas por el INA con el objetivo de entregárselas a los campesinos del MCA y proseguir con las tierras reformadas.

Hoy, 550 hectáreas de ese predio cultivadas con palma africana están ocupadas ilegalmente por Facussé, René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera, conocidos políticos-empresarios del Valle del Aguán. De esta manera, el MCA toma en dos instancias dichas tierras: la primera fue el 6 de abril de 2010 con la que logran, INA de por medio, comenzar las negociaciones con Facussé. La segunda, y luego de no obtener ningún resultado por la vía legal, se realiza cuando el 15 de noviembre de 2010 toman la plantación en el sector “El Tumbador”. En esta ocasión, la represión ejercida por los guardias de seguridad del empresario fue brutal y terminó con el asesinato de cinco campesinos del asentamiento Guadalupe Carney. La mediación, al igual que la persecución a los socios y socias del MCA continúa aunque sin ningún avance que pudiera esclarecer la disputa.

Finalmente, cabe resaltar la lucha del MARCA, agrupación que no quiso acercarse al gobierno para firmar ningún acuerdo, ya que sostienen que conseguirán sus tierras por la vía jurídica, basándose en la legalidad de sus títulos de propiedad.

Derechos humanos desde las bases y una nueva firma

En respuesta a los incesantes agravios contra los campesinos, 12 organizaciones del Aguán lanzaron recientemente la propuesta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos. “Es un espacio donde nos hemos propuesto la promoción y defensa de los derechos humanos de la región. Nosotros experimentamos y vimos que el gobierno no estaba cumpliendo con su función de proteger ni garantizar los derechos de cada uno de sus ciudadanos. A eso debíamos sumarle que ninguna organización de derechos humanos tenía permanencia aquí en la zona de los hechos, entonces pensamos, si nadie nos va a defender tenemos que hacerlo nosotros. Fue así que se tomó la decisión consensuada entre todas las organizaciones. Ahora estamos en el proceso de capacitación, promoción y defensa de los derechos humanos para que desde la misma comunidad campesina se documente y desde allí mismo se tomen las denuncias”, explicó el Coordinador General del Observatorio, e integrante del MUCA, Heriberto Alemán. A lo que sumó que no sólo están “documentando las violaciones que se dan y haciendo las denuncias ante los organismos nacionales e internacionales, sino que también están brindando acompañamiento a las víctimas”.

Otra de las acciones instrumentadas por la resistencia campesina fue, una vez cumplido el plazo de un año, pactado en el acuerdo de abril de 2010 y del que todavía no habían recibido respuestas estatales a sus demandas, avanzar en el reclamo. MUCA ocupa, en agosto de 2011, treinta y dos hectáreas de tierra pertenecientes al INA para la construcción de viviendas para sus asociados. Además, en octubre del mismo año presentaron en el Congreso de la Nación la Ley de Transformación Agraria Integral, con la que proponen suplantar la de modernización agrícola.

Después de otro año de incumplimientos, este primero de junio, y como respuesta a una orden de desalojo emitida por el dueño de Dinant SA -que finalmente no se llevó a cabo– alrededor de mil campesinos y campesinas integrantes de más de 14 movimientos del valle se movilizaron en repudio a la indiferencia estatal frente al conflicto. “La actividad de hoy es por todos los pronunciamientos que ha hecho Miguel Facussé y los posicionamientos del Ministro del INA, Cesar Ham y el gobierno. Nosotros como MUCA nunca hemos dicho que no queremos pagar la tierra, siempre hemos estado negociando con ellos y, si bien se lograron algunos acuerdos, nunca los respetaron. Por eso nos movilizamos”, dijo el vocero del MUCA, Vitalino Álvarez. Cuatro días más tarde, el pasado 5 de junio, el movimiento campesino y “Lobo” volvieron a firmar un pacto que intentará dar fin al conflicto.

Esta vez se discutió un nuevo plan de negociación en el que el poder Ejecutivo le concede al MUCA 4 mil 45 hectáreas, divididas entre el margen derecho e izquierdo del río Aguán. La transacción consta del pago de las éstas por parte de los campesinos en valor de 135 mil lempiras cada una. Para lograrlo, el gobierno les otorgará una garantía fiduciaria a través del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) con plazo de 15 años, una tasa del seis por ciento y tres años de gracia. A lo cual se suma otro compromiso estatal para implementar los proyectos de salud, vivienda y educación, pendientes desde 2010.

La historia habla por sí sola: un golpe de Estado, unas fraudulentas elecciones presidenciales con Lobo Sosa a la cabeza del circo, reiteradas violaciones a los derechos humanos y una sucesión de compromisos incumplidos. Cabe preguntarse entonces si este pacto será el giro para dar fin al enfrentamiento entre el sector agrario del Valle del Bajo Aguán y el Estado y los terratenientes. Para  Álvarez, “la lucha continúa por las 7 mil hectáreas restantes y por el total cumplimiento de los acuerdos de abril de 2010” a lo que sumó: “esperamos que esta vez el gobierno responda a su compromiso. Si no lo hace, nosotros igual seguiremos luchando”.

Publicado el 18 de junio 2012



1 comentario en “Honduras: entre la recuperación de las tierras y la criminalización de los trabajadores”

gracias, este tipo de información es la que necesitamos para construir la conciencia colectiva y organizarnos para crear un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos.

CELIA MÉRIDA REYES VERDEJO

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