Huhuetenango, Guatemala. Los pueblos del norte de Huehuetenango han resistido desde hace siglos a los constantes reordenamientos territoriales producto de la expansión capitalista y la imposición colonialista, los cuales han causado desplazamientos, genocidio, despojo de tierras, reconcentración y “re-educación” de la población sobreviviente.

Los ejemplos más recientes -o los que han subsistido a la historia oficial- son por ejemplo, la lucha por la recuperación de las tierras comunales que les fueron expropiadas a finales del siglo XIX, cuando estuvieron condenados y condenadas a la esclavitud vía el Reglamento de Jornaleros (1877); en su lucha por la preservación de los bosques durante la segunda mitad del siglo XX; por su participación en el movimiento revolucionario durante los setenta y ochenta; y en el siglo XXI, por haber realizado 28 consultas comunitarias de buena fe en contra de proyectos mineros e hidroeléctricos, entre los que se cuenta la consulta comunitaria de Santa Cruz Barillas realizada el 23 de junio de 2007,  donde 46 mil 490 comunitarios y comunitarias dijeron no al saqueo de los bienes naturales. Actualmente, se encuentran declarados los territorios Huista, Chuj, Akateko y Q’anjob’al libres de minería.

El estado de sitio: una política constitutiva del terror

Para las familias indígenas y campesinas que viven en Santa Cruz Barillas, el Día Internacional del Trabajo se tiñó de sangre cuando la seguridad de la Empresa Hidro Santa Cruz, -responsable de la construcción de la hidroeléctrica Canbalam- asesinó al líder comunitario Andrés Francisco Miguel e hirió a los líderes Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Gaspar, situación que desencadenó una serie de protestas, de las cuales, en un confuso incidente se desaparecieron varios fusiles del destacamento militar del ejército de Guatemala.

La respuesta del Estado fue suspender las garantías constitucionales de libre locomoción, expresión, reunión y organización, para brindarle seguridad a las inversiones de una hidroeléctrica que fue otorgada dos años después de que las comunidades rechazaron este tipo de mega proyectos.

En lugar de que el supuesto estado de derecho respete la voz popular y persiga a los responsables del asesinato del líder comunitario, la gobernabilidad se ha traducido en la militarización del municipio y en el control de la población: están allanando los hogares de las familias; las registran y hostigan constantemente; llevan más de diez capturas sin prueba alguna, ante el silencio cómplice del Ministerio Público (MP) y varias familias han tenido que refugiarse en las montañas y en México, -una historia que se repite- pues el 45 por ciento de los y las refugiadas en México durante la guerra contrainsurgente, se asentaron en Santa Cruz Barillas durante el proceso de los acuerdos de paz.

Para el norte de Huehuetenango -como también para otros territorios- la guerra parece que no ha terminado, por ello no es novedoso que en estos momentos se levanten por la mañana y encuentren las calles controladas por el ejército, que se vean sometidas y sometidos a la fuerza militar y la violencia psicológica.

Esta política no es nueva, puesto que durante la guerra contrainsurgente, -específicamente en el Plan Victoria 82– el norte de Huehuetenango fue uno de los principales objetivos de la política genocida, efectuada durante reiterados estados de sitio por el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, y en los que el ejército de Guatemala exterminó a 2 mil 328 personas de las cuales el 99.3 por ciento eran indígenas Chuj y Q’anjob’ales.

Pero ¿por qué una hidroeléctrica de mediana envergadura ocasiona un conflicto comunitario? ¿Por qué un gobierno que se dice signatario de la paz y la democracia, utiliza la fuerza militar y la violencia como primer recurso del estado de derecho?

La cabeza neoliberal: el Plan Mesoamérica y la reconversión de la matriz energética

Guatemala al igual que el sur de México, Centroamerica y Colombia forman parte de una estrategia económica conocida como el Plan Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) basada en la integración regional de grandes infraestructuras que buscan convertir el cinturón de América en un solo parque logístico, que logre atraer la inversión extranjera de las corporaciones transnacionales y acelere el saqueo de los bienes naturales que por estas tierras se concentran y que los países industrializados y subdesarrollantes carecen. Dentro de la jerga capitalista, a esta forma servil de entregar los territorios se le conoce como competitividad.

En este marco se inserta el Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de Centroamerica (SIEPAC), que consiste en centenas de torres de transmisión con un tendido eléctrico aproximado de mil 830 kilómetros, que permita la circulación y consumo de la energía que se pretende producir mayoritariamente a través de hidroeléctricas. El principal accionista de este conjunto de megaproyectos es la empresa española ENDESA y los principales prestamistas son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El costo total de la SIEPAC es de 395 millones de dólares.

Aparentemente, en comparación con el uso del petróleo para producir electricidad, las hidroeléctricas son una alternativa por ser un “recurso renovable”. Sin embargo acá no solo está en cuestión la forma en la que se produce, sino también, por qué se produce, quiénes lo producen y la cantidad que se proyecta producir.

Si bien es cierto, las hidroeléctricas pequeñas causan un impacto ecológico mínimo en comparación con las grandes centrales hidroeléctricas, es necesario considerar los desplazamientos que provoca, los desvíos de ríos, las inundaciones, el estancamiento -literal- de la vida, la modificación del paisaje y la desaparición de rutas ancestrales de navegación o paso. Situaciones que de una u otra manera impactan en la seguridad alimentaria de la población que vive alrededor.

Para Guatemala se ha vuelto una maldición contar con cuencas caudalosas y en especial para los cientos de comunidades asentadas alrededor de los ríos, pues en esta fase neoliberal, estamos presenciando la privatización de las cuencas hídricas del país. Solo para Huehuetenango se proyecta la construcción de 16 hidroeléctricas de pequeña, mediana y gran envergadura. En este caso se aplica el dicho popular “no es lo que chingan, sino lo seguidito…”

“Pero la electricidad es desarrollo y la electrificación rural es nuestro compromiso”. Estas frases son repetidas por distintos medios, en distintos lugares y a distintos niveles, intentando convencer a las comunidades de que acepten la construcción de más de una centena de hidroeléctricas, las cuales exceden la demanda real que se necesita para electrificar el país.

Los verdaderos intereses detrás de las hidroeléctricas es que son negocios privados que especulan con la demanda de energía que se necesitara para sostener los planes de expansión capitalista en Guatemala en materia de Minas, Maquilas,  Hoteles “5 estrellas” y  megacentros Comerciales.

La cabeza militarista: la construcción del enemigo interno y la militarización

El equipo de seguridad del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina está conformado en puestos clave por el Ministro de Gobernación, el teniente coronel Mauricio Lopéz Bonilla, en  el Consejo Nacional de Seguridad, el general Ricardo Bustamante y como Ministro de la Defensa, el general  Ulises Noé Anzueto. Los dos primeros fieles a la estrategia genocida de “Estabilidad Nacional” diseñada por el difunto General Héctor Alejandro Gramajo en 1982. En suma, un equipo de expertos en inteligencia civil y militar, contrainsurgencia e interrogatorios, todos con estudios en la Escuela de las Américas.

El gobierno del Partido Patriota representa una re edición de la alianza oligárquico-militar de la guerra, prueba de ello son las recientes declaraciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF), en las que apoya abiertamente las acciones represivas en Santa Cruz Barillas.

La estrategia mediática para justificar mediante la militarización la protección de los negocios del capital nacional y transnacional, inició en febrero cuando el Ministro de Gobernación presentó el “mapa de ingobernabilidad” donde sitia los municipios de mayor conflicto, es decir donde hay resistencia comunitaria indígena y campesina.

Días más tarde, el gobierno anunció la inauguración del programa asistencialista “Hambre Cero” en varios municipios cercanos a Santa Cruz Barillas. Un mes más tarde se inició una campaña a través de la radio, prensa y televisión en contra de la cooperación internacional que financia “a grupos terroristas”, “a grupos anti-desarrollo”, así mismo, se intentó vincular a un periodista español con la “manipulación de la gente” en el norte de Quiché.

Reiteradamente están tratando de fijar en el imaginario social, la idea que el enemigo interno es el que se opone al desarrollo, el que provoca “ingobernabilidad” a pesar que se le brindan oportunidades.

¿Desarrollo para quienes?

Permitir mediante la fuerza militar y la violencia, la acumulación de capital de unos pocos, a costa de la destrucción de la naturaleza y la economía campesina, el desplazamiento forzoso de comunidades y el sometimiento a la explotación de la fuerza de trabajo indígena, no es precisamente el desarrollo que promete el monstruo de las dos cabezas que con esta política militarista neoliberal, agudiza las condiciones de miseria, opresión y desposesión a la que nos vemos sometidos y sometidas las grandes mayorías.

Publicado el 14 de mayo 2012