México, DF. De un método represivo para aniquilar a la oposición política, la desaparición forzada en México se transformó en una práctica también utilizada por el crimen organizado. Del 23 al 31 de mayo se celebra  en muchas partes del mundo la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido. En México, esta práctica represiva inició a finales de los años 60, en el contexto de fuertes lucha armadas y civiles,  opositoras al régimen autoritario priista.

Alicia de los Ríos, hija de la mujer del mismo nombre que fue detenida el 5 de enero de 1978 por agentes de la entonces División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, define la situación del detenido-desaparecido como “la ausencia, la desesperación por encontrarlos con vida, la búsqueda incansable”.

Para Pietro Ameglio, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la desaparición “no es un accidente individual, es un proceso social que construimos todos. Silencio, omisión, ruido y criminalización es lo que necesita para continuar y ahí todos ponemos nuestro grano de arena, aunque no con el mismo grado de responsabilidad. El argumento de la culpabilidad de la víctima (algo hizo) es una trampa mortal”.

Instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas  (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  consideran la detención-desaparición una privación de la libertad llevada a cabo por agentes del Estado o por personas o grupos con apoyo o aquiescencia del Estado, seguida por la negativa a reconocer la privación de la libertad o por la ocultación de información sobre la víctima.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias en México ubica dentro de la represión sistemática del Estado las masacres estudiantiles, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante el periodo conocido como la guerra sucia, de finales de los 60 a principios los 80. Alicia de los Ríos madre era integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre cuando fue detenida y posteriormente desaparecida. La misma suerte sufrieron otras personas, por lo menos mil 350 de acuerdo con diversas organizaciones civiles. Los objetivos de la desaparición son “desmoralizar, investigar, acabar con las organizaciones a las que pertenecen”, precisa Alicia hija, y los culpables están “bien ubicados: la policía política, el ejército…”

“El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia a favor de las víctimas de desaparición forzada, lo que incluye a los propios desaparecidos y a sus familiares”, explica el abogado Leonel Rivero. “En caso de que se encuentre al -o los- desaparecidos, la desaparición forzada deja de consumarse por ser un delito continuo y empieza a correr el plazo para que opere su prescripción”.  Actualmente –informa la Procuraduría General de la República (PGR)- hay 49 procesos jurídicos por desapariciones cometidas durante la guerra sucia, de las cuales no hay una sola autoridad castigada o en espera de juicio. Y mucha de la información sigue en casos de los militares o de otras instancias del gobierno, señala  el  grupo de la ONU.

“En México”, añade Rivero, “actualmente no hay un recurso idóneo en contra de la desaparición forzada, algo sencillo, rápido y efectivo que ampare a los gobernados contra la violación a sus derechos humanos”.

La desaparición por motivos políticos no es cosa del pasado. Como ejemplo, está el caso de Carlos René Román Salazar, uno de los dirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (sección disidente del sindicato nacional), desaparecido en marzo de 2011 en Oaxaca, en el marco del conflicto que el magisterio tiene con los gobiernos estatal y federal. Otro caso destacado es la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Pero la cara de la desaparición forzada ha cambiado en estos años; sus motivos también. Y la dimensión ha escalado en una forma escalofriante: las cifras van de 3 mil (ONU) a 10 mil (Movimiento por la Paz) en lo que va del sexenio.

El contexto actual es la lucha del crimen organizado, que ha extendido sus actividades en búsqueda de producción de ganancia a negocios tan (o más) lucrativos que el narcotráfico: secuestros, extorsiones, trata de personas con fines de explotación, entre otros. Y los desaparecidos, además de opositores políticos,  son –advierte el Grupo de Trabajo de la ONU- nuevos grupos pertenecientes a  los llamados sectores vulnerables: mujeres, migrantes, activistas de derechos humanos, periodistas.

Los hechos que dan cuenta de esto se multiplican en nuestro país. Un testimonio que prefiere el anonimato por su condición migratoria, refiere a Desinformémonos que desde hace muchos años, los migrantes centroamericanos que circulan en los autobuses por el sur de México son bajados del transporte por las autoridades migratorias y muchas veces no se vuelve a saber de ellos. Diversos testimonios, aparecidos en los medios de comunicación en los últimos años, refieren que a los migrantes  les ofrecen trabajo de sicarios y si no lo aceptan les quitan la vida, en el caso de que la familia no tenga dinero para pagar una extorsión.  Un indicio del destino de estos migrantes lo ejemplifica el caso conocido como “Las fosas de San Fernando”: después de que uno de ellos escapó de una ejecución masiva por parte de un cártel del narcotráfico, se descubrieron fosas con más de 600 cuerpos en este poblado de Tamaulipas.

Es difícil hacer un cálculo realista de la cantidad de los migrantes desaparecidos en México. No existe una base de datos y se calcula que, cada año, transitan alrededor de 150 mil migrantes por el país.

Y los motivos políticos persisten, aunque a veces no quede claro quién es el realizador directo. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre enero de 2005 y mayo de 2011 se presentaron ocho quejas por desapariciones forzadas de defensores  de derechos humanos, y 13 periodistas han desaparecido desde 2000. Esto tiene como consecuencia que se detenga o cambie el trabajo de estos profesionales.

Para ilustrar está el caso de Marcial Bautista y Eva Alarcón, ecologistas dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero. Informaciones de los testigos señalan que militares los bajaron del autobús en el que se dirigían a la ciudad de México, aunque el único detenido por esta causa no es un militar, mientras que las hijas  de los desaparecidos señalaron a policías municipales como los responsables.

El espectro de los perpetradores de las desapariciones forzadas de hoy es muy amplio, pero hay un denominador común con las desapariciones del periodo de la guerra sucia: la responsabilidad del Estado, ya sea como realizador directo –como demuestran decenas de testimonios a lo largo de todo el país- o como encubridor, o simplemente al no investigar y dar a estas personas por perdidas.

Para Alicia de los Ríos estos hechos presentan a la sociedad un cuestionamiento muy grande: “¿No es también una muestra de la falta de valor que tiene la vida en una sociedad capitalista, en una guerra por plazas de narcotraficantes? Porque son sabidas las terribles noticias de la tortura que actualmente se practica en los grupos paramilitares al servicio de los cárteles. Como familiares, la mayoría de veces nos resistimos a saber de estas prácticas primitivas. Se pide que los regresen vivos, pero qué muestra real tenemos de que los mantengan vivos”

A la par de estas prácticas se libra una lucha por la presentación con vida de los desaparecidos y por el castigo a los culpables. Se han formado organizaciones que por décadas buscan justicia; estas organizaciones están conformadas, de manera mayoritaria, por familiares y compañeros de los desaparecidos.

Entre las organizaciones históricas podemos contar al Frente Nacional contra la Represión, al Comité Eureka, al Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua. Posteriormente surgieron H.I.J.O.S., la Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad y el trabajo de muchos centros de derechos humanos.

Para el caso de las desapariciones más recientes, enmarcadas –aunque no solamente- por los negocios del crimen organizado, los familiares se adhieren a organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad u organizan iniciativas como la Caravana de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus hijos”.

No parece haber una mayoría social preocupada por estas prácticas. Relata Alicia de los Ríos:  “en un foro en Chihuahua, la Comisionada para las Naciones Unidas nos preguntaba ‘¿Qué pasa en México, por qué están tan solas? En otros países estarían marchando con ustedes cientos de miles de personas sensibilizadas. ¿Qué pasa en México?’ La desaparición inmoviliza, da miedo, te da terror que te pase lo mismo ¿Quién te va a buscar? ¿Quién se va a hacer un profesional para propiciar tu encuentro? ¿Quién va poder contra el desprestigio, la estigmatización de: por algo le pasó lo que le pasó?”.

La respuesta, dice Alicia,  se encuentra “en la organización de los de abajo, en nombrar a nuestras muertas y desaparecidas, regresarles su nombre y apellidos, su origen, su identidad que es borrada en los centros de detención clandestinos; recordarle al resto de la sociedad que están ausentes involuntariamente, forzadamente…”

Publicado el 28 de mayo 2012