Durante la última semana, Italia entró en una etapa política que sólo guarda semejanzas con la que se vivió a principios de la década de 1990, cuando los jueces de Milán, con sus indagaciones y condenas a hombres políticos y empresarios corruptos, facilitaron el colapso de la llamada Primera República y de la vieja partidocracia que endeudó y engañó al país.

Se abrió entonces un vacío que llenaron Silvio Berlusconi con su partido Forza Italia, el derechista Gianfranco Fini de Alleanza Nazionale y, finalmente, su aliada la Liga Norte (Lega Nord), dando inicio a la llamada Segunda República que, en realidad, es una fase de transición hacia algo desconocido que se va gestando en estos meses.

La Liga es un partido independentista, xenófobo y populista, basado en símbolos y pasiones más que en propuestas; sus banderas fueron el federalismo y la secesión. En un principio, a finales de la década de 1980, tuvo el estilo de los partidos tradicionales radicados en el territorio, pero también fue muy autorreferencial y autoritaria, con todo el poder concentrado en sus dirigentes. Su jefe máximo, Umberto Bossi, y sus herederos, especialmente su hijo Renzo Bossi, se encuentran ahora en el peor escándalo judicial de su historia política y de su vida.

Ya se habla del inicio de la Tercera República, tras la dimisión de Bossi de la dirección de la Liga el 6 de abril pasado y después de la caída, en octubre de 2011, del gabinete de Berlusconi en medio de escándalos, más sexuales que meramente políticos, y por falta de credibilidad internacional e interna.

El tesorero del partido, Francesco Belsito, y otros colaboradores cercanos de los Bossi están siendo investigados por tres procuradurías a causa de presuntos fraudes contra el Estado y desviación de fondos del partido y de los militantes, al haber malgastado el dinero destinado a la actividad política y a la propaganda para enriquecerse y comprar títulos de estudio falsos, financiar escuelas, coches y actividades de los familiares del mismo líder Bossi. Su hijo Renzo, apodado «trota» (trucha), ya renunció a su cargo de consejero regional de Lombardía y va a obtener una insultante indemnización de 40 mil euros como liquidación.

Sobre algunas paredes en la calle, el lema de la Liga «Patrones en nuestra casa» ya cambió por «Ladrones en nuestra casa», lo cual es sintomático de la indignación de los militantes y las bases que, desde siempre, habían creído en el partido que les prometió barrer a los viejos políticos de «Roma ladrona» y que, ahora, salió con negocios aún más sucios y necesita limpiar su propia casa.

La Liga se encuentra actualmente en la oposición parlamentaria con respecto a los partidos que apoyan al gobierno de Mario Monti, es decir, el Demócrata, el de las Libertades (liderado por el delfín de Berlusconi, Angelino Alfano) y el centro de los ex demócratas cristianos de Pierferdinando Casini con su Unione di Centro.

Por su lado, el gobierno «técnico» de Monti en Italia superó sus primeros cuatro meses de vida y, si bien el país parece alejarse del peligro de la crisis de la deuda, las cuestiones abiertas son muchas y trascendentes.

En noviembre, Monti implementó medidas que afectaron mucho las pensiones y el estado de bienestar: la ley financiera llamada «salva-Italia» fue un paquete extraordinario de recortes al gasto público y mayores impuestos por 30 mil millones de euros.

El monto es el más alto de la historia italiana si se suma al del gobierno anterior de Berlusconi, que fue de 74 mil millones. Los medios y el discurso oficial prepararon el terreno anunciando que pronto Italia estaría peor que Grecia y que, por lo tanto, hacían falta políticas de austeridad y relanzamiento de la economía.

Sin embargo, se dejaron de lado las disposiciones que fomentarían el crecimiento y la redistribución equitativa de los sacrificios. De hecho, Italia está oficialmente en recesión, tras seis meses de descenso en su PIB (-0.7 por ciento).

Después de la caída del Cavaliere, quien dimitió por la falta de cohesión dentro de la coalición de partidos que lo apoyaban, por presiones internacionales y por la pérdida de credibilidad en el exterior, los principales partidos acordaron sostener un gobierno llamado «técnico».

Es un eufemismo para decir que la tecnocracia ya está en el poder, sin compromisos con los electores. No obstante, en este caso siguen siendo parte de una elite financiera y empresarial bien definida, quizás más presentable que la de los funcionarios berlusconianos, pero no menos distante de aquel país real que pretenden salvar.

El centroizquierdista Partido Demócrata, junto al conservador Partido de la Libertad de Berlusconi y al «tercer polo», que reúne formaciones del centro católico y de la derecha post-fascista, respaldan a un ejecutivo ya conocido como el «de los banqueros».

En cambio, el partido xenófobo y populista de la Liga Norte decidió quedarse en la oposición para tratar de recuperar los votos que perdió, tras tres años de alianza con Berlusconi.

Monti no deja de recordar a los medios y al pueblo que su mandato será breve pero efectivo, y que no va a detenerse frente a ninguna protesta social, al descontento sindical o a la oposición de «intereses corporativos».

En efecto, el primer decreto sobre liberalizaciones, aprobado en marzo, prevé una mayor apertura del sector de las farmacias, de los taxis, de los notarios, pero no se quisieron tocar los intereses de la banca y de las aseguradoras, verdaderos gremios poderosos que influyen en la vida de millones de familias.

Asimismo, sigue la criminalización de los movimientos sociales con la represión violenta de los plantones que en febrero mantenían los opositores de la controvertida obra para el paso del tren de alta velocidad (TAV) en el norteño Valle de Susa, cerca de Turín. Los No-Tav ya no parecen tener el derecho de dialogar con los políticos, visto que la obra se hará «porque se debe», sin importar su costo y su anacronismo, como remarca el mismo gobierno.

Otro frente abierto es la reforma del mercado laboral que gira entorno al estatuto de los trabajadores, un acuerdo de 1970 que cerró una época de luchas obreras y sigue vigente para la defensa de los derechos laborales. En pos de una mayor flexibilidad, de una irrestricta libertad para despedir al trabajador, el gobierno propone cambiar el artículo 18 del estatuto que ampara de los despidos sin justa causa.

Por una lado están el sindicato más importante, la CGIL (Confederación General Italiana de Trabajadores), y el Partido Demócrata, los que quieren mantener la posibilidad de la reintegración del trabajador, según lo dicte un juez, en su puesto si éste es despedido sin un motivo justificado, ya que la simple indemnización monetaria, propuesta por el gobierno como solución final, no sería suficiente para desanimar a los empresarios a efectuar despidos masivos y/o discriminatorios sin que haya una necesidad comprobada para hacerlo.

Al contrario, los industriales y su patronato, Confindustria, prefieren que, en caso de despidos injustificados, haya solamente una sanción monetaria para el empresario y ninguna otra reparación en términos laborales. La línea que parece prevalecer es la de un retoque del Artículo 18 en el sentido indicado por el sindicato de los trabajadores, de manera que será el Parlamento quien tenga la última palabra en las próximas semanas. La reforma laboral tiene un sentido profundo para la sociedad y la política italiana, así como para su historia y su idea misma de convivencia civil, ya que, citando el primer artículo constitucional, «Italia es una República fundada en el trabajo», y no en la precariedad extrema o la explotación.

La Secretaria del Trabajo, Elsa Fornero, ofrece a cambio de la reforma – dice – un «montón de millones»: un presunto aumento, no cuantificado, de los subsidios de desempleo y de las protecciones temporales. Sin embargo, los más débiles, los precarios, los jubilados, los migrantes y los desempleados ya sacrificaron sus pensiones, sus salarios y sus derechos y no están dispuestos a pagar integralmente, ni tampoco sólo ellos, el costo de la crisis bajo el engaño de la austeridad.

Publicado el 16 de Abril de 2012