Cisjordania. Cuando mi país, Uruguay, reconoció al Estado Palestino, corrí eufórica a contárselo a mis vecinas y amigos en la región cisjordana de Nablus. Ellos reaccionaron lanzándome un balde de agua fría: “¿Y qué va a cambiar para nosotros?”

En una región donde los colonos israelíes fanáticos y violentos atacan todos los días a las comunidades destruyendo cultivos, cortando, arrancando o quemando árboles de olivo; cometiendo actos vandálicos contra viviendas y edificios públicos; apropiándose por la fuerza de la tierra ajena e incendiando mezquitas o vehículos con total impunidad y bajo la protección del ejército de ocupación, el pueblo palestino tiene razones más que suficientes para el escepticismo.

Desde 1948 hasta hoy, tres generaciones palestinas han visto cómo la llamada “comunidad internacional” aprueba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resoluciones sobre su derecho a la autodeterminación -que implican inequívocamente poner fin a la ocupación colonial israelí- sin que ni una sola de ellas haya sido acompañada de los mecanismos ni la voluntad política para hacerlas efectivas.

Estados Unidos ha usado el veto 41 veces para negar los derechos palestinos y apoyar incondicionalmente a Israel. Si la solicitud de ingreso como Estado 194 de la ONU[1] presentada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ante el Consejo de Seguridad (paso obligatorio para que la Asamblea General pueda tratar la solicitud) obtuviera los nueve votos necesarios[2], recibiría el anunciado veto número 42 para hacerla fracasar. Por si fuera poco, Estados Unidos  amenazó también con cortar la ayuda económica a la ANP, de la cual es el principal donante.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP, el máximo órgano político) aprobó la ecisión, anunciada por el Presidente Mahmoud Abbas, de reclamar la votación del Consejo de Seguridad aun si está destinada a fracasar. Eso significa dejar de lado el “plan b”: presentar la solicitud directamente ante la Asamblea General, que no admite veto pero solamente puede aprobar la incorporación de un “Estado observador”. Para ello se requiere una mayoría simple y es muy posible que los palestinos la alcanzaran, ya que tienen asegurados entre 120 y 130 votos de Asia, África y América Latina.

La decisión de dejar de lado esa alternativa y apostar fuerte al Consejo de Seguridad implica que Estados Unidod no tendrá más remedio que ejercer el veto, algo que Obama ha querido evitar por todos los medios para no deteriorar todavía más su imagen ante los países árabes. Al marcar distancia de las presiones recibidas, Abbas parece estar reafirmando la estrategia de generar hechos consumados y ganar legitimidad en el plano internacional, en lugar de seguir apostando a un “proceso de paz” liderado por Estados Unidos[3], que en 20 años no ha dado ningún resultado positivo para los palestinos.

En esta línea se inscriben las iniciativas recientes de buscar la integración como miembro pleno en otros órganos de la ONU. La prolongada ovación que recibió Palestina al ser aceptada en la UNESCO[4] el mes pasado o la dura condena del Tribunal Russell -reunido en Sudáfrica este mes- al régimen de apartheid aplicado por Israel hacia el pueblo palestino[5], demuestran el consenso existente en la comunidad internacional respecto a su derecho a la autodeterminación.

Lamentablemente, hasta ahora no ha sido la justicia o la moralidad de la causa palestina lo que ha dictado la conducta de los países poderosos, sino sus intereses en esa región estratégica. De ahí que tanto Estados Unidos como Israel ya empezaron a aplicar sanciones a Palestina -y a sus aliados- por su osadía, el primero anunciando la suspensión de su aporte a la UNESCO (que representa el 22 por ciento de los fondos de ese organismo), y el segundo reteniendo los impuestos que debería devolver a la ANP (con los cuales se pagan los salarios del sector público) y anunciando la construcción de dos mil nuevas viviendas para israelíes en territorio ocupado.

Ocupación camuflada

Más allá de las diferencias políticas o estratégicas, la iniciativa de recurrir a la ONU despertó la adhesión de la inmensa mayoría del pueblo palestino porque la ven como el necesario -y tardío- cambio de rumbo respecto del inconducente proceso de negociaciones con Israel que llevó a los Acuerdos de Oslo.

Ante el rotundo fracaso, hoy nadie duda en afirmar que Oslo fue la gran trampa para lograr la “normalización” de la ocupación; le dio a ésta una fachada de legalidad, encargándole a la flamante “autoridad” hacer el trabajo sucio para el poder ocupante: domesticar la primera Intifada, reprimir la resistencia armada (y a menudo la lucha pacífica) y hacerse cargo de atender las necesidades de la población ocupada.

En efecto, a cambio de una mínima y dudosa “autonomía” (que en la práctica tiene menos poder que una autoridad municipal), los políticos -liderados por Arafat primero y luego por Abbas- postergaron para una etapa posterior de las negociaciones los “asuntos que requieren un acuerdo definitivo”, que en realidad son los más conflictivos y delicados: la anexión israelí de Jerusalén Este (y los derechos fundamentales de su población palestina), el retorno de cinco millones de refugiados y refugiadas, y las colonias israelíes.[6]

A la vez, mientras Israel hacía como que negociaba la paz, afianzaba la ocupación y el control del territorio palestino: en esos veinte años, el número de colonos israelíes se duplicó; el territorio de Cisjordania fue dividido en áreas A, B y C[7], y fue crecientemente enajenado y fragmentado en verdaderos bantustanes[8] por más de 500 “cierres” en sus diversas formas (principalmente puntos de control, carreteras de uso exclusivo de los colonos, “área militar cerrada”, y el muro que empezó a construir en 2002, ¡con 85 por ciento de su ruta dentro del territorio palestino!).[9]

El objetivo de este perverso sistema era claramente crear hechos consumados que hicieran inviable un futuro Estado palestino con Jerusalén Este como su capital. El resultado es que hoy los palestinos tienen un control (relativo) sobre apenas un 18 por ciento de lo que fue su territorio histórico.

Peligros a la vista

La sociedad palestina se debate hoy entre quienes ven con esperanza la iniciativa diplomática en la ONU y los que  se muestran escépticos o incluso advierten sobre los peligros que encierra. En el primer grupo se encuentran los más allegados al partido Fatah, que se mueven en esa especie de burbuja que es Ramala, donde la ANP tiene lo más parecido a un gobierno y donde se concentra el grueso de la millonaria ayuda internacional que hace viable su existencia. En el segundo están los sectores más críticos -el Movimiento BDS[10] y quienes abogan por la solución de “un solo Estado democrático y secular”[11]-, que señalan cuestiones fundamentales como:

– El derecho a la autodeterminación no puede ejercerse en un Estado reducido al conjunto de bantustanes fragmentados a los que la ocupación israelí ha reducido (y así pretende mantener) al territorio palestino. No puede haber Estado sin recuperación y control pleno del territorio, sin soberanía en las fronteras y sin libertad de movimiento entre los tres bloques, hoy totalmente desconectados entre sí: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.[12]

Como bien me decía una amiga gazatí: “¿De qué me sirve tener un Estado si no puedo ir a visitar a mi familia?”. Ella, como tantas mujeres que, según indica la tradición, al casarse tuvo que ir a vivir con la familia de su marido en Nablus, hace ocho años que no puede volver a Gaza.

– Definir las fronteras del Estado Palestino según las líneas del Armisticio de 1949 (llamadas “de 1967” para referir a la situación anterior a la ocupación resultante de la Guerra de los Seis Días) significa aceptar que al pueblo palestino se le asigne solamente el 22 por ciento de la Palestina histórica (que ocupaba enteramente antes de 1948), e incluso mucho menos que el 45 por ciento que le asignaba el plan de partición de la ONU de 1947.

– Las y los refugiados palestinos no podrían regresar a las aldeas y ciudades de donde fueron expulsados en 1948, que hoy son parte del Estado de Israel (y donde la población todavía es mayoritariamente palestina, como Haifa, Jaffa o el “triángulo de Galilea”). Garantizar el derecho al retorno de esos cinco millones (según ordena la Resolución 194 de la ONU) ha sido uno de los puntos más sensibles a lo largo de los últimos veinte años, y significativamente fue desapareciendo de la mesa de negociaciones durante y después de Oslo.

– Esto tiene relación directa con la cuestión de la representación política. Muchos analistas señalan que, entre otros males derivados de los Acuerdos de Oslo de 1994-95, el poder político se desplazó de la OLP -que representaba al conjunto del pueblo palestino, incluyendo a la diáspora- hacia la ANP (creada por los Acuerdos), que únicamente representa a un sector (el partido Fatah) y dentro de los territorios (y, desde la ruptura de 2006, después del triunfo de Hamas en las elecciones legislativas, solamente en Cisjordania). Así, el proyecto de liberación nacional quedó reducido a una simple “gestión de la ocupación” en un territorio limitado.[13]

– Los sectores críticos insisten también en la necesidad de incluir en el conjunto del pueblo palestino al millón y medio que vive en Israel, hoy discriminados por un régimen legal e institucional que se ajusta a la definición de apartheid según la ONU, como acaba de dictaminar el Tribunal Russell.

Qué puede cambiar realmente

Entre las ventajas de la iniciativa se señala que ser un Estado permitiría a Palestina, por ejemplo, demandar a Israel por la permanente violación del Derecho Internacional[14] ante la Corte Internacional de Justicia, que sólo puede tratar asuntos presentados por un Estado contra otro, y que en 2004 ya emitió una opinión consultiva sobre el Muro de Separación categóricamente favorable a Palestina y condenatoria de Israel.[15]

Además de que la ONU se enfrentaría a la compleja situación de un Estado miembro ocupado por otro, la existencia de un Estado palestino tendría serias consecuencias para Israel:

–        Ya no podría seguir afirmando que Palestina es “un territorio en disputa” y, por tanto, se vería obligado a definir sus fronteras definitivas (algo que todavía tiene pendiente) y a aceptar que el territorio de la Palestina histórica debe ser compartido por los dos pueblos (incluida Jerusalén).

–        Implicaría renunciar al Valle del Jordán (que considera su “frontera geopolítica estratégica” y su principal reserva de tierra y recursos naturales).

–        Tendría que retirar las 250 colonias ilegales[16] que hoy ocupan 42 por ciento del territorio de Cisjordania y donde viven medio millón de judíos/israelíes.

–        Debería permitir que los palestinos tengan soberanía sobre sus fronteras, además de un ejército.

En cuanto a la membresía adquirida en la UNESCO, Palestina podría reclamar apoyo de la comunidad internacional para preservar todo lo que hoy está fuertemente amenazado por la ocupación israelí: sus recursos naturales, su medioambiente, sus sitios arqueológicos, su patrimonio cultural -material e inmaterial-, incluyendo los lugares sagrados para las tres religiones monoteístas. Esa agresión se vive particularmente en el Valle del Jordán (donde la tierra, el agua y otros recursos están siendo apropiados por las colonias israelíes y haciendo imposible la vida de las comunidades beduinas originarias) y en Jerusalén Este, donde el proceso violento de judaización que Israel lleva a cabo castiga con desalojos y demoliciones de casas a la población árabe y amenaza la preservación de sitios históricos y religiosos, tanto para cristianos como para musulmanes. Por mencionar apenas un ejemplo entre muchos, Israel está destruyendo restos arqueológicos que datan del siglo XII en el cementerio musulmán de Mamila, irónicamente para construir sobre él un “Museo de la Tolerancia”.

De cualquier forma, poner fin a las políticas de ocupación requiere algo más que una resolución de la ONU, como la historia ha demostrado. Por eso los sectores más críticos de la sociedad civil palestina, nucleados en el Movimiento Nacional por BDS (boicot, desinversión y sanciones)[17], si bien no se oponen a estas iniciativas diplomáticas, han alertado sobre lo que se necesita para que no se conviertan en una más entre tantas resoluciones incumplidas desde 1948: “Igual que durante la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, los activistas y grupos de solidaridad con Palestina están convencidos, como nosotros, que solo las formas de solidaridad concertadas, efectivas y sostenidas -especialmente en forma de boicot, desinversión y sanciones- pueden obligar a Israel a acatar sus obligaciones según el Derecho Internacional y llevarnos así a la realización de los derechos del pueblo palestino.”

 En cualquier caso, aún la mirada más escéptica no puede soslayar los cambios que se están dando en este largo conflicto, de los cuales las iniciativas diplomáticas son un aspecto importante, pero no el único. La “primavera árabe”, más allá de su incierto desenlace, ya ha cambiado algunas correlaciones de fuerzas en la región y ha contagiado esperanza en Palestina, especialmente entre los sectores jóvenes e independientes de la sociedad civil.

 Son ellos quienes se han embarcado en iniciativas creativas, como el creciente y exitoso Movimiento BDS, las acampadas en las plazas de las principales ciudades exigiendo la unidad y la democratización de los liderazgos políticos, las manifestaciones semanales no violentas contra el muro y las colonias en varias localidades, o acciones de desobediencia civil como la protagonizada por los Freedom Riders[18], quienes abordaron un autobús de uso exclusivo de los colonos israelíes con rumbo a Jerusalén para mostrar al mundo las políticas segregacionistas y la prohibición que les impone el poder ocupante de entrar a su principal ciudad.

 Todas estas acciones, aunque todavía incipientes, son una clara señal de que la primavera árabe en Palestina recién está brotando, pero también es imparable.

María M. Delgado es una activista uruguaya que trabaja como observadora internacional en Cisjordania. Este artículo es una versión actualizada del que publicó en septiembre el semanario “Brecha” de Uruguay.