México, D.F.- De 1993 a 2005 Brigada Callejera registró una serie asesinatos a trabajadoras sexuales en México, que asciende a un promedio de 6 a 7 en cada entidad federal, lo que corresponde a un total anual de entre 192 y 250, provocados por sus parejas, padrotes o no, por clientes o policías.

A estos feminicidios estaban acostumbrados el gobierno mexicano, los medios de comunicación, las trabajadoras sexuales y la sociedad en general. Por lo general los asesinatos consistían en ahorcar a las mujeres con sus pantimedias o ropa interior, apuñalarlas, asfixiarlas o asesinarlas a balazos, en cuartos de hotel o en los lugares donde ellas se ocupaban con sus clientes.

 Desde el sexenio de Vicente Fox Quezada empezó a presentarse un ascenso importante en dichos crímenes misóginos hacia las trabajadoras sexuales, donde la saña presentada por los descuartizamientos, degollamientos, quemaduras, traumatismos cráneo-encefálicos o abdominales ocasionados por golpes contundentes con piedras o martillos o ahogamientos, ha ido en ascenso.

Sin embargo, es en el presente sexenio en el que se han disparado los reportes de crímenes de género contra las trabajadoras sexuales, donde la ira y la crueldad han llegado a los límites que ya se conocían desde hace más de 25 años en países como Colombia y Guatemala, donde los paramilitares han generado toda una escuela de sadismo contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Durante los dos primeros años del actual gobierno federal el promedio de crímenes por misoginia se disparó a 18 o 20 por entidad federal; acompañado posteriormente por un registro periodístico inespecífico en cuanto a no mencionar que se trataba de “prostitutas, sexoservidoras o trabajadoras del sexo”, aunque los cuerpos fueran reconocidos por sus compañeras o fueran encontrados en zonas de comercio sexual.

La clasificación de los feminicidios elaboradas por Diana Russell, precursora de este tipo de estudios a nivel mundial, no incluye una categoría específica sobre los asesinatos de trabajadoras sexuales.

La categoría “feminicidio corporativo”, desarrollada por Rita Laura Segato, en torno a los crímenes de odio contra las mujeres en Ciudad Juárez, donde son extraviadas pistas y evidencias por parte de funcionarios públicos al servicio de un “Estado paralelo del crimen organizado”, diluyen la información relativa al comercio sexual.

La mexicana Julia Monarréz, incluye la categoría de feminicidios por ocupaciones estigmatizadas y allí aglutina a los asesinatos de trabajadoras sexuales, meseras y bailarinas.

Jimena Valdés Figueroa y Nelson Arteaga incluyen la categoría de asesinato de mujeres por explotación sexual, en su estudio sobre el Estado de México.

Cualquiera de las dos categorías que desagregan la información sobre los feminicidios de las trabajadoras sexuales, son insuficientes para estudiar y entender dichos asesinatos. Tradicionalmente y hasta el año 2000, en México se han presentado feminicidios de este sector laboral de las mujeres, por violencia represiva, violencia por explotación sexual, violencia por discriminación y violencia por despojo.

A partir del año 2000 y en particular con el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres que ha traído consigo la actual guerra contra el crimen organizado y la cruzada nacional contra la trata de personas con fines de explotación sexual, ha surgido un tipo de feminicidio que ha ido creciendo paulatinamente, como es el ocasionado por el conflicto armado o por la violencia fraticida.

Los feminicidios por violencia represiva, incluyen los asesinatos de trabajadoras sexuales que denuncian violencia policíaca, que se organizan contra la represión de la policía o que denuncian la extorsión de los cuerpos policíacos o la impunidad que estos le venden a explotadores y tratantes sexuales.

Los feminicidios por explotación sexual, laboral, económica u obrero patronal, llevados a cabo por padrotes, enganchadores, encargados o dueños de los negocios donde se ofertan servicios sexuales. Crímenes típicos en la zona de la Merced, en el Distrito Federal.

Los feminicidios por discriminación, debido a que la ocupación que desempeñan las trabajadoras sexuales, es considerada impropia de mujeres de bien, y por tanto no  merecen seguir  viviendo y pueden ser asesinadas por cualquier hombre, como ha ocurrido en Plaza del Sol en Zapopan, Jalisco.

Los feminicidios por despojo, donde las trabajadoras sexuales son asesinadas por negarse a ser despojadas de su fuente laboral en la vía pública o en algún espacio cerrado, como ha ocurrido al margen de los proyectos de rescate de los centros históricos en todo el país. También están los casos de trabajadoras, previamente asaltadas y/o violadas por delincuentes que sabían a qué se dedicaban y por ello las robaron y asesinaron.

Ahora, los feminicidios por violencia fraticida o conflicto armado que padecemos en México en este momento, pueden ser catalogados de la siguiente manera:

Feminicidios por efectos colaterales de la intervención policíaco – militar, de las trabajadoras sexuales que murieron en el cruce de disparos entre diferentes actores armados en conflicto, como los ocurridos por ejemplo, en bares y centros nocturnos de Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.

Feminicidios por el control de la plaza donde se tiran granadas en centros nocturnos, se balacea a quienes se encuentren en ellos, se incendian los establecimientos económicos o se acalla a presuntas informantes de la autoridad o de grupos rivales, como los ocurridos en Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Quintana Roo.

Feminicidios por violencia en el reclutamiento de trabajadoras sexuales como “panteras” del crimen organizado u orejas del régimen, en la incorporación forzada de trabajadoras sexuales, migrantes y mujeres en general, para ser marcadas con tatuajes y sumidas en la esclavitud sexual, como ocurre con las mujeres migrantes en Oaxaca y Veracruz, que al negarse a ser prostituidas, no atender “satisfactoriamente” a los clientes o ya no constituir un buen negocio, son asesinadas con extrema saña.

Feminicidios por ejecuciones extrajudiciales de trabajadoras sexuales que han sido víctimas, testigos o se han solidarizado con quienes han sido objeto de violencia criminal, al señalar o acusar al crimen organizado, así como a tratantes y lenones, en particular como ocurrió en la calzada de Tlalpan, después del operativo del hotel Palacio en el año 2009. Así mismo incluye a las trabajadoras sexuales, que se han negado a colaborar con las fuerzas del orden, como es el caso del estado de México y Zacatecas.

Chihuahua, Baja California, Quintana Roo y Veracruz, y en dichos estados, ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana y Cancún y zonas como la Merced – Mixcalco en el D.F., por sólo mencionar algunos ejemplos notables, han rebasado dicha media nacional de feminicidios entre trabajadoras sexuales, registrados por la organización.

Con respecto a Oaxaca, poco se escribe sobre la violencia hacia las trabajadoras sexuales, pese a rebasar en cantidad y calidad a prácticamente toda la República y en el caso del Estado de México donde la violencia institucionalizada hacia las trabajadoras sexuales, sólo hay reportes fragmentados del gremio que permiten establecer que probablemente algunos atentados contra la vida de este grupo de mujeres, están relacionados con el efecto cucaracha que han generado los operativos antitrata realizados por las procuradurías del Distrito Federal y del mismo estado de México.

Puebla y Tlaxcala alimentan los engranajes de la prostitución en todo el país y seguramente cuentan con la tasa de feminicidios de trabajadoras sexuales, más alta y siniestra de todo el país, por el silencio y el encubrimiento oficial que se hace sobre estos casos. Sin embargo, sólo contamos con algunas referencias periodísticas y con las denuncias que nos presentan las mujeres que han sido testigos o han escuchado algo al respecto.

Estamos hablando de feminicidios corporativos como los de Ciudad Juárez,  señalados por Rita Laura Segato; con la diferencia que en estos estados son las mafias históricas dedicadas al enganche, traslado y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, que han diversificado sus negocios y actualmente incluyen la venta de armas y el narcotráfico, como lo ha denunciado el Centro de Derechos Humanos “Fray Julián de Garcés” en varias de sus publicaciones.

Todavía falta discutir la inclusión de los feminicidios de trabajadoras sexuales por negligencia médica en la atención de insuficiencia renal, cirugía plástica, mortalidad materno – infantil, cáncer cérvico uterino y VIH/Sida. Así mismo, la atracción de los crímenes de mujeres transexuales y transgénero que trabajan en el sexo y que actualmente están incluidos en los informes de crímenes de odio por homofobia.

Operativos contra la trata de personas

Los operativos policíacos contra la trata de personas, el lenocinio y la explotación sexual infantil, se han convertido en violentas razzias implementadas en contra de las trabajadoras sexuales, donde pese al discurso oficial que las señala como víctimas del delito, son criminalizadas, incriminadas y encarceladas por delitos que no cometieron, situación que está facilitando la consolidación de un nuevo modelo de Estado lenón, donde los negocios relativos a la prostitución, ya no son controlados desde las policías municipales o estatales, así como desde las dependencias de salud encargadas de imponer el control sanitario forzado de esta población; sino desde el llamado crimen organizado.

 A continuación, algunos casos emblemáticos:

Son detenidas el 18 de junio 7 trabajadoras sexuales y 13 empleados del Bar Divas, acusadas de asesinar a martillazos a un vecino de la colonia. Participaron en el operativo soldados del ejército mexicano y policía municipal.

Son detenidos una trabajadora sexual y 4 padrotes en Yucatán, acusados de lenocinio con menores reclutadas en los Cobay en abril de este año. El 13 de marzo son detenidas 20 trabajadoras sexuales y meseras en San Cristóbal de las Casas, Chiapas en el bar el Bohemio, acusadas de lenocinio, trata de personas y venta de drogas. Suman 470 centros nocturnos cerrados por la PGJE México en el primer cuatrimestre de 2011, por lenocinio y trata de personas.

Son detenidas 9 trabajadoras sexuales en Naucalpan estado de México, el 16 de diciembre de 2010, acusadas de trata y lenocinio. Encuentra madre a su hija menor de edad de 13 años, prostituida en zona de tolerancia del municipio Pabellón de Arriaga, Aguascalientes, vigilada por autoridades municipales. Son detenidos 7 delegados del INM acusados de trata de personas con fines de explotación sexual de menores centroamericanas y son liberados días después de su detención el 4 de mayo.

La presencia de condones es utilizada como prueba para fincar lenocinio y trata de personas en Hidalgo, estado de México y Distrito Federal.

Acusan a 11 trabajadoras sexuales de Irapuato, Guanajuato, de lenocinio, trata de personas y narcomenudeo por la  PGR que las trae a la SIEDO al DF y luego las regresa sólo hasta Salamanca, después de haberles robado sus pertenencias. Las mujeres denuncian el 2 de junio a la PGR por violación de sus derechos humanos.

Asegura la PGJE de Puebla a 2 trabajadoras sexuales por cohecho en la carretera federal vía corta Santa Ana Chiautepen Puebla, en operativo contra la trata de personas. El 1 de febrero la CONAPRED denuncia que el programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas 2010 – 2012, estigmatiza a los pueblos indígenas, en relación a sus usos y costumbres. Trabajadoras sexuales denuncian el cobro ilegal del cuarto en la zona de tolerancia de Jojutla, 3 a 4 veces más de lo estipulado por el municipio.

Señalan a Ixtaczoquitlán, Veracruz como centro de reclutamiento infantil para prostitución durante muchos años. Rechazan trabajadoras sexuales del callejón de Manzanares No.11, sostener acusación contra inculpados por la PGJ DF. Señalan que fueron obligadas por la policía a declarar contra las personas arraigadas.

Control sanitario y explotación sexual

El control sanitario recaudatorio de las trabajadoras sexuales, no sólo es discriminatorio y por tanto anticonstitucional, sino que es una de las instituciones sociales del estado mexicano que facilitan las condiciones propicias para generar y reproducir prácticas generalizadas de trata y explotación sexual entre niñas, adolescentes, mujeres y hombres de todas las edades.

A continuación, algunos casos reportados:

La policía extorsiona y ataca físicamente a trabajadoras sexuales mujeres y gays en Durango, por  no contar con su tarjeta de salubridad. La diputada María de la Luz Domínguez de Convergencia propone en febrero, ley paras regular la prostitución en Zacatecas, que fije zonas de tolerancia y control sanitario. Promueven el 8 de marzo, ley de salud sobre trabajo sexual en Querétaro. Propone el diputado Oscar Sánchez Juárez en enero, regular prostitución con zonas de tolerancia y control sanitario en el estado de México.

En Colima se aplican pruebas obligatorias de VIH/Sida, sífilis y hepatitis en laboratorios particulares a $350 pesos, 2 veces al año. En octubre, recorren militares antros de Cozumel y detienen a trabajadoras sexuales por no portar tarjetas sanitarias. Retiraron a trabajadoras sexuales en Chiautempan, Puebla, por falta de control sanitario. El 9 de abril detienen a 8 trabajadoras sexuales en San Pedro, Coahuila, por no portar permiso de salubridad.

Son detenidas 16 trabajadoras sexuales en Hermosillo Sonora el 19 de marzo, por policía municipal, por no demostrar que están controladas por salubridad. Son detenidas por la SSP municipal, 31 trabajadoras sexuales en Iguala, Guerrero por no portar tarjetas sanitarias. En Colima son detenidas el 5 de enero, 44 trabajadoras sexuales por no portar su documento de salud. En Campeche, el análisis de Sida, cuesta 500 pesos al mes y como el resello de los tarjetones de salud, se realizan sólo dos días a la semana, el ayuntamiento les cobra 1,500 de multa, que las trabajadoras sexuales sienten que es a propósito, para recaudar recursos a costillas suyas.

En Torreón Coahuila, son detenidas 53 trabajadoras sexuales por no portar documento de salud y por trabajar en el centro histórico. En San Martín Texmelucan, son retiradas 15 trabajadoras sexuales por verificación sanitaria el 30 de marzo. El 30 de enero  capturan a 31 trabajadoras sexuales por no portar permiso vigente. El municipio realiza un censo en el Puerto de Veracruz para ver cuántas trabajadoras sexuales evaden el control sanitario y lo informa el 6 de mayo.

Son detenidas 14 trabajadoras sexuales en Pochutla, Oaxaca, por falta de cartilla sanitaria, por policía municipal, estatal y federal. En Minatitlán, Veracruz, boletinan y extorsionan, a trabajadoras sexuales con VIH/Sida. En Tehuacán, Puebla, detienen a 300 trabajadoras sexuales por no portar tarjeta en lo que va del año. En Oaxaca, Oax., son detenidas 19 trabajadoras sexuales sin sus libretos de salud.

En Torreón, Coahuila, los exámenes de salud cuestan $420.-, $60 el papanicolau que es gratuito por ley y el exudado vaginal que también es gratuito en el papel. Sin embargo, en mayo hubo desabasto de VDRL.  En Villa Hermosa, Tabasco, las trabajadoras sexuales pagan $200 por la papeleta, 350 por el examen de Sida, 400 por el papanicolau y 2 mil por un seguro médico particular. Pese a ello, un diputado propuso cobrarles impuestos a las trabajadoras-es sexuales en febrero de este año.

El colectivo feminista «Cihuatlahtolli» de Orizaba, Veracruz, denunció que el pago de la cuota de $500 en régimen hacendario, no protege a trabajadoras-es sexuales, ni a meseros.

En Minatitlán, Veracruz, el municipio boletina a las trabajadoras sexuales con VIH/Sida, según lo reconoció y presumió la regidora Gabriela Juárez.

Condones y antirretroviales

 Una práctica con larga tradición mexicana, es la “donación” de condones de distribución gratuita a ONGs y otras instituciones sociales, como “pago” a su fidelidad política con respecto a las autoridades del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida e ITS (CENSIDA), COESIDAS, Programas estatales de Sida o jurisdicciones sanitarias, en el entendido que se tolera su comercialización, como “reconocimiento” a la disciplina política de quienes resultan “beneficiados” por esta práctica de “cooptación ciudadana”.

 A continuación tres ejemplos paradigmáticos:

 En Ciudad Victoria, Tamaulipas, se vende el frasco de antirretrovirales (ARV) y la caja con 100 condones gratuitos del sector salud, a 100 pesos.

 En lo que va del año ha habido desabasto de ARV, condones, pruebas para detectar el VIH/Sida y fórmulas lácteas para mujeres con VH/Sida, denunció en repetidas ocasiones la doctora Patricia Ponce del CIESAS, Golfo.

 El Colectivo Feminista Cihuatlahtolli de Orizaba, Veracruz, ha denunciado reiteradamente la venta de los condones gratuitos del sector salud en los hoteles de paso donde laboran trabajadoras sexuales.

Narcos y sicarios

El control de las diferentes plazas del narcotráfico o de las rutas de trasiego de los enervantes, armas y personas que requieren sus diferentes iniciativas criminales, ha encontrado en los giros negros donde se ejerce el trabajo sexual y en las trabajadoras del sexo, un gran potencial de negocio, situación que ha traído consigo un alto costo en sangre derramada, extorsión, secuestro, desapariciones forzadas, levantotes, violaciones y asesinatos de trabajadoras sexuales, así como de bailarinas, meseras, encargados y dueños de bares y centros nocturnos.

A continuación, el siguiente reporte:

Es detenida una trabajadora sexual en la costera Miguel Alemán de Acapulco, al ser detenida banda de prostitución que se enfrentó a tiros con la federal, ejército y marina el 26 de marzo. El 22 de marzo son detenidas 2 trabajadoras sexuales en las charcas, San Luis Potosí, por estar en compañía de presuntos sicarios. Descuartizan a dueño del table dance “Bar Penélope” en Temixco, Morelos, quien antes fue secuestrado por hombres armados. Ejecutan a dueño de 2 bares del Parral.

El 6 de marzo, asesinan a 2 hombres y a una trabajadora sexual en el Bar la Escondida, en Celaya, Guanajuato. Ella se llamaba María Dolores Orozco Pérez y tenía 33 años. Asesinan a balazos a trabajadora sexual transgénero y hieren a otras trans y mujeres en Chihuahua el 6 de julio. Gobierno municipal exige cuotas de 500 mil pesos a prostíbulos por concepto de “donativos para proteger la ciudad”. En Playa del Carmen, sicarios ex policías municipales, extorsionan a dueños de prostíbulos.

El 21 de febrero, fueron detenidas 6 trabajadoras sexuales en Tuxtla Gutiérrez, acusadas de secuestro por atender sexualmente a clientes secuestradores. Fue decapitado Héctor Eduardo Castro, administrador del “Veracruz”, situación que generó un cierre masivo de burdeles en Celaya, Guanajuato, por disputa de la plaza entre grupos del crimen organizado.

Homofobia y limpieza social:

 El 15 de enero son detenidos 12 trabajadores sexuales en el Parque Juárez. En mayo, el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, anuncia limpieza social de trabajadoras sexuales, homosexuales, niños de la calle, franeleros, indígenas, discapacitados y limosneros, por los Juegos Panamericanos.

Hay una campaña sistemática de violencia institucional contra las y los trabajadores sexuales del centro histórico de Cuautla, Morelos, porque según las autoridades afean la ciudad y no están bajo control sanitario. Policía de La Paz, Baja California, no respeta derechos de gay ni de trabajadoras sexuales transgénero. El 15 de junio, liberan centro de Mérida, Yucatán de trabajadoras-es sexuales, en un operativo de limpieza, según el titular de la policía municipal, Federico Cues.

 Operativos humillantes de la SSP en los Cabos, Baja California, contra trabajadoras sexuales transgénero. El 7 de febrero, policías de Durango atacan a gays por no portar tarjetas de salud. El 7 de mayo, policías municipales de Tehuacan, Puebla, extorsionan y maltratan física y verbalmente a trabajadoras sexuales transgénero.

El 18 ó 19 de mayo fueron detenidas 3 trabajadoras sexuales y sus clientes en una casa de citas de Pachuca, Hidalgo y la PGJE Hidalgo, está utilizando los condones como prueba para fincarles lenocinio. En Tijuana, Baja California, 6 mil trabajadoras-es sexuales están siendo afectadas por la nueva ley de alcoholes que les impide laborar después de las 3 am, pese a estar regulado el ejercicio de la prostitución.

Impacto sobre la salud sexual de las mujeres dedicadas al sexo comercial:

La actual violencia que se extiende a lo largo y ancho de toda la nación contra las trabajadoras sexuales, probablemente ha coadyuvado en el incremento de las infecciones por virus de papiloma humano, relacionado con el cáncer cérvico uterino.

 El uso de los condones como prueba para fincar lenocinio y trata de personas, alimenta actualmente las estadísticas de nuevas infecciones de VIH/Sida, pese a que las trabajadoras sexuales estuvieran convencidas de la necesidad de usarlo y tuvieran la capacidad de negociarlo con sus clientes y parejas.

La violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes migrantes, violadas sin condón y luego obligadas a ejercer la prostitución forzada sin tener la capacidad de exigir prácticas saludables, incidirán a corto, mediano y largo plazo sobre la incidencia de la pandemia entre las mujeres.

Ejemplos de resistencia

Ante la situación descrita, han primado el silencio, el terror y el desplazamiento forzado, entre las trabajadoras-es sexuales. Sin embargo, ha habido notables expresiones de resistencia contra la guerra y la criminalización de su oficio.

A continuación, algunas expresiones al respecto:

Marchan 300 integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y 300 trabajadores no asalariados en el D.F. el primero de mayo contra la criminalización de su trabajo, en el marco de la lucha gubernamental contra la trata de personas y explotación sexual infantil. Trabajadoras sexuales del callejón Manzanares No.11 denuncian trato indigno y degradante, durante operativo contra la trata de personas de la PGJDF. Trabajadoras sexuales de Tamaulipas, denunciaron que sicarios del crimen organizado hacen tiro al blanco con ellas en despoblado. Trabajadoras sexuales de Aguascalientes, denunciaron que el crimen organizado está forzando a sus compañeras a trabajar al servicio de sus grupos delictivos y las está asesinando si se niegan a hacerlo.

 En Orizaba, Veracruz, el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, se moviliza en varias ocasiones por la impunidad con la que operan redes de tratantes de personas con fines de explotación sexual en los hoteles de la ciudad, así como por el asesinato de 2 trabajadoras sexuales en 11 días y la venta de condones gratuitos del sector salud. Marchan trabajadoras sexuales y contingente LGBTTT en Morelia, Michoacán, por respeto a la diversidad y al trabajo sexual.  Trabajadoras sexuales de Coatzacoalcos, Veracruz y Acapulco, Guerrero, denunciaron que el crimen organizado, con la protección de elementos policíacos, asesinan a sus compañeras y a los dueños de los negocios donde trabajan, sino “le entran con ellos” a su negocio.

 Trabajadoras sexuales de San Martín Texmelucan, Puebla, denunciaron en la radio el cobro de la prueba de VIH/Sida y la violencia policíaca de que son objeto por parte de las autoridades municipales. Menores que fueron objeto de trata y explotación sexual, denuncian al delegado del INM de Chiapas como el “responsable de trata” en esta zona de la república. Trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia de Jojutla, Morelos, denuncian el cobro ilegal de los cuartos donde se ocupan, que se cobra ilegalmente, hasta en 4 veces su costo autorizado. Trabajadoras sexuales de San Miguel Tenancingo, Tlaxcala, denunciaron que “los padrotes más pesados de esta zona, jalan con narcos y traficantes de armas” en varias ciudades de la república.

 Gays y trabajadoras sexuales de Durango, denuncian violencia policíaca contra su gremio. Trabajadoras-es sexuales mexiquenses denuncian violencia policíaca en municipios conurbados al D.F., como Ecatepec y Tlalnepantla. Trabajadoras sexuales de Torreón, Coahuila, denuncian costos recaudatorios de exámenes de salud. Trabajadoras sexuales queretanas, denuncian alto índice de trata sexual en la capital de su estado. Trabajadoras-es sexuales de Villa Hermosa, Tabasco, denuncian los costos de los servicios de salud que el municipio les cobra para dejarlas trabajar.  Trabajadoras sexuales de Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, denuncian que en febrero el narco las amenazó con mantas donde les advierten a quienes “anden con policías”.

 El 8 de mayo, trabajadoras sexuales de la Merced – Mixcalco y Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, participan en la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad, convocada por el poeta Javier Sicilia, por los costos en muertes y desplazados, que ha traído al pueblo mexicano en general y a las trabajadoras-es sexuales en particular, la guerra contra el crimen organizado y la cruzada nacional contra la trata de personas con fines de explotación sexual. En Guadalajara, Jalisco, el bloque cooperativista de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, desmiente las declaraciones del DIF municipal, en el sentido de haber pactado una reubicación de sus integrantes durante los Juegos Panamericanos de octubre de este año.

 Trabajadoras sexuales del D.F., y Brigada Callejera, denuncian la criminalización de las trabajadoras sexuales que se anuncian en periódicos y revistas, situación que sólo está favoreciendo a lenones y tratantes de personas. Trabajadoras sexuales de Minatitlán, Veracruz, amenazaron en febrero con manifestarse en la calle por el incremento del costo de las boletas anunciado por la regidora perredista Gabriela Juárez García, de 230 pesos a 380. En Jojutla, Morelos, integrantes de la cooperativa Rebelión, conformadas por trabajadoras sexuales, denuncian la represión policíaca de que son objeto. Trabajadoras sexuales de Mérida, Yucatán, denuncian limpieza social en junio de este año. Trabajadoras sexuales de Quintana Roo, denunciaron que el crimen organizado las extorsiona para dejarlas trabajar y las está obligando al narcomenudeo y quien no acepta es asesinada.

 Trabajadoras sexuales de Nayarit, denuncian que su situación es precaria por encontrarse en medio de una lucha entre grupos rivales del crimen organizado, por el control de la plaza y del sexo comercial, entre otros negocios. Trabajadoras sexuales de Celaya y León, Guanajuato, denunciaron que la guerra sin cuartel entre criminales, ha provocado la muerte de varias de sus compañeras, algunos meseros y encargados de los negocios donde trabajan. Trabajadoras sexuales de Monterrey, Nuevo León, Hermosillo, Sonora y Tijuana, Baja California, denuncian la extorsión de que son objeto por parte de policías y sicarios.

 Integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, denunciaron la intención panista de establecer zonas de tolerancia en el D.F., control sanitario coercitivo y penalización de los clientes que soliciten servicios sexuales fuera de dichos perímetros autorizados. Trabajadoras sexuales transgénero, denuncian a corporaciones policíacas por el ataque donde murió asesinado en este mes de julio, una de sus compañeras y heridas otras cuatro trans y una mujer. Trabajadoras sexuales de Chihuahua, denunciaron que las autoridades de la PGJ de dicho estado, no las escucharon cuando fueron a indicar a las personas que piensan, son las sospechosas de los descuartizamientos de sus compañeras.

Informe Especial de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”