Palestina. Cuando uno de los abogados de la organización Addameer me confirmó que podría asistir a la audiencia de sentencia de Mohammad Halabiyeh, de 16 años de edad, sentí que visitaría por primera vez a un “desconocido” que, sin embargo, me era ya muy familiar. Había trabajado con el expediente de Mohammad traduciendo los detalles de su detención y tortura. Sabía que Mohammad había salido a pasear con sus amigos a principios del 2010 cuando un grupo de soldados israelíes trató de detenerlos. Aterrorizado al ver que se dirigían hacia ellos, Mohammad intentó escapar corriendo entre algunas casas a medio construir. Cayó en una zanja fracturándose la pierna izquierda, lo que facilitó que los soldados que lo perseguían lo detuvieran. Desde el momento en que cayó y durante los siguientes cinco días, Mohammad fue torturado, maltratado y abusado física y verbalmente por interrogadores y soldados israelíes,  incluso dentro del hospital Hadassah en Jerusalén ocupado, en donde el personal médico ignoró las quejas de Mohammad y omitió deliberadamente en los reportes las marcas de los golpes en el rostro y de las picaduras con agujas en las piernas y brazos de Mohammad hechos por sus custodios. La tortura y el maltrato continuaron dentro de los autos militares que lo transportaban de un centro de detención a otro, así como durante los interrogatorios. Después de cinco días de tortura, exhausto y atemorizado por la idea de más maltratos, aceptó haber arrojado piedras y cocteles molotov. La confesión forzada y llena de inconsistencias –redactada en hebreo, lengua que desconoce Mohammad- constituyó la evidencia primaria para juzgarlo y condenarlo el pasado 18 de julio a tres años de prisión después de ser pronunciado culpable de todos los cargos aún cuando el juez sabía que su confesión se produjo después de haber sido torturado.

Infancias perturbadas

Cada año, aproximadamente 700 niños palestinos de Cisjordania son juzgados en cortes militares israelíes después de ser arrestados, interrogados y detenidos por el ejército ocupante. Desde el año 2000, alrededor de siete mil niños palestinos han sido detenidos. De acuerdo con la sección palestina de la organización Defence for Children, el 27 de junio de este año, 211 niños palestinos, incluidos 39 de ellos menores de 16 años, se encuentran detenidos en tres prisiones israelíes: Ofer, Megiddo y Rimonim, estas dos últimas situadas en Israel, por lo tanto en clara contravención de la Convención de Ginebra que prohíbe la transferencia de la población ocupada a los territorios de la fuerza ocupante.

La Convención sobre los Derechos del Niño define en su primer artículo que un niño es “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”. Israel firmó esta convención en julio de 1990, y todo israelí menor de 18 años es tratado conforme a ésta. En cambio, los menores de 18 años del territorio palestino ocupado, se han visto privados de estos derechos fundamentales, ya que bajo el supuesto de vivir en permanente estado de emergencia, Israel aplica la ley marcial a los habitantes del territorio que ocupa ilegalmente desde 1967. La orden militar israelí 1651 sirve como la base de los códigos procesales y penales vigentes en los tribunales militares en Cisjordania. Es esta orden la que permite el arresto de menores de edad en el territorio ocupado. De de acuerdo con ella, un niño palestino se define como todo menor a 12 años; aquellos con 12 años cumplidos y hasta los 14 son considerados “jóvenes”; los mayores de 14 y menores a 16 son definidos como “adultos jóvenes”, y una vez cumplidos los 16 años son considerados adultos.

Además de esta clasificación legal claramente discriminatoria en contra de los menores palestinos, la sentencia de un niño palestino se decide al momento de la condena y no de acuerdo a la edad cuando se cometió la supuesta ofensa. Por lo tanto, un niño acusado de haber cometido una ofensa a la edad de 15 años puede ser castigado como adulto si mientras esperaba sentencia cumplió 16. La diferencia en las sentencias según la edad es sustancial. Así, mientras un menor de 14 años puede recibir una condena de máximo seis meses, y de un año para los menores de entre 14 y 15 años, los mayores de 15 recibirán condenas iguales a las de un adulto.

La orden militar 1591 también permite la detención administrativa de individuos, incluidos los menores de edad, sin pronunciar cargos ni llevar a cabo un juicio, por periodos renovables de hasta seis meses si se tienen “motivos razonables para sospechar que la seguridad del área o la seguridad pública requieren la detención”. Además, bajo el concepto de “expediente secreto” los motivos del arresto y las evidencias, no se dan a conocer ni al acusado ni a su abogado “por razones de seguridad”, de modo tal que la defensa se vuelve casi imposible.

El siguiente cuadro permite observar mejor las enormes diferencias entre la ley civil que se aplica a los israelíes y la militar con que se juzga y condena a los palestinos:

El precio de resistir con piedras

Presentes en casi todas las manifestaciones en contra del muro de anexión, la construcción de nuevos asentamientos o la confiscación y demolición de casas palestinas a manos del ejército israelí, las piedras han sido durante décadas el único objeto de resistencia a la ocupación israelí y como tal se ha convertido en una de las actividades de niños y jóvenes más perseguidas por las fuerzas de ocupación.

De acuerdo con el código penal israelí, arrojar piedras constituye una ofensa que pone en riesgo la vida y propiedad ajenas y se castiga desde tres hasta 20 años en prisión según la gravedad del daño. Puesto que levantar cargos por arrojar piedras (u otros objetos) es bastante simple y no requiere de mayor prueba más que el testimonio de algún militar, los menores de edad en Cisjordania y en Jerusalén-Este son arrestados de manera indiscriminada y detenidos con pocas o sin evidencias, o por medio de confesiones forzadas obtenidas durante el proceso del interrogatorio. Estas confesiones, así como los testimonios de los soldados, sirven de evidencias primarias frente a la corte militar para condenar a los niños.

Puesto que el sistema judicial es militar y el palestino es por definición enemigo del estado de Israel, no hay garantía alguna de que el proceso se lleve a cabo de manera imparcial, por lo que en la mayoría de los casos, los acusados terminan cumpliendo sentencias en prisión o pagando multas para ser liberados, aún en caso de falta de pruebas que demuestren que el acusado efectivamente cometió la ofensa. El aumento en la tendencia de los arrestos de menores sospechosos de arrojar piedras y las cifras reveladas por la oficina vocera de las Fuerzas de Defensa (sic) Israelíes demuestran claramente que, además de funcionar como una exitosa estrategia de disuasión a la resistencia, las multas representan una cantidad bastante significativa para la administración civil, ya que suman alrededor de cuatro millones de dólares anuales.

Del arresto a la confesión forzada

Durante todo el proceso del arresto al interrogatorio y la transferencia a la prisión, los menores palestinos se ven sujetos al maltrato y a la tortura. Muchas veces el arresto se lleva a cabo a altas horas de la madrugada en la casa del menor. Soldados fuertemente armados entran por la fuerza y lo arrestan tras destruir y confiscar pertenencias familiares en medio de gritos, amenazas y muchas veces también golpes. Los soldados atan violentamente las manos del menor, le vendan los ojos y lo hacen subir al jeep militar. Dentro de éste, el menor suele ser golpeado, y muchas veces se le hace esperar dentro del automóvil por horas sin acceso a lo más básico como agua o acceso a los sanitarios. Está claro que un menor de edad es mucho más vulnerable a esta violenta forma de separación de sus familiares y hogar, especialmente porque no se informa ni al detenido ni a sus parientes a dónde será transferido.

El interrogatorio es una de las fases más traumáticas en la experiencia de detención. Sin haber recibido agua ni comida, ni habérseles permitido un lugar para dormir adecuadamente, los menores son sometidos a largas sesiones de interrogatorios.

Éstos se llevan a cabo sin la presencia del padre o la madre. Sometidos a insultos y tortura, los interrogados exhaustos terminan por confesar todo lo que se les imputa con tal de poner fin al sufrimiento. Como si eso no fuera suficiente, las confesiones de los acusados son redactadas en hebreo –lengua que desconocen la mayoría de los palestinos- y son posteriormente obligados a firmarlas sin, por supuesto, saber qué se escribió en ellas exactamente.

En un reporte publicado por DCI en el que se entrevistaron 45 niños detenidos entre el primero de enero y 30 de junio de 2011, 69 por ciento de ellos aseguró haber confesado después del interrogatorio. La mayoría de los niños desconocían su derecho a permanecer callados y tras algunas horas de violentos interrogatorios aceptaron los cargos imputados. El miedo a seguir siendo maltratados los llevó a confesar con la esperanza de poner fin a la tortura.

Los arrestos dejan severas huellas en las vidas de los menores y representan un problema para la familia entera. El paso brutal de la infancia a la edad adulta crea serias confusiones en la personalidad de los menores quienes, por un lado, necesitan más que nunca de la protección de la familia, pero al mismo tiempo se sienten responsables de mantener la imagen social de “héroes” que se han ganado al salir de la detención. Asimismo, la estructura familiar previa al arresto es resquebrajada, pues los menores se saben ahora independientes y por lo tanto cuestionan la autoridad de sus padres y adultos en general. El impacto psicológico es muy profundo y en la mayoría de los casos se manifiesta a través de cambios negativos en el comportamiento, el aislamiento, la ansiedad y el abandono de los estudios. En cuestión de horas, el niño o el adolescente deja atrás la inocencia y despreocupación características de su edad para adquirir la seriedad de la responsabilidad política y con esa consciencia, pasará automáticamente a formar parte de ese círculo “tan peligroso” constituido por aquellos que se oponen a la ocupación israelí.

El paso de la infancia a la edad adulta fue claramente visible en el caso de Mohammad Halabiyeh. La foto que su familia proporcionó a la asociación que lo defiende legalmente no tiene nada que ver con las que nos hizo llegar su abogado tras el primer encuentro después de su interrogatorio. La primera era la de un adolescente deportista, alegre y activo como la mayoría de los de su edad. En cambio, la segunda mostraba a un joven abatido por los golpes, la tortura y la incertidumbre de lo que le sucedería en prisión. En segundos, la vida de estudiante y su trabajo de medio tiempo en un restaurante se transformaban en recuerdos de una vida que no volvería a ser la misma después de ser arrojado dentro de un jeep militar. Mohammad, al igual que cientos de palestinos menores de edad, dejaría de ser un niño para convertirse en adulto mientras era transportado a una prisión para cumplir sentencia por cargos que no cometió.

“Después de 5 minutos, David regresó al cuarto pero no me preguntó nada. Apretó la venda de los ojos y las ataduras de las manos y me forzó a sentarme en el piso. Se paró detrás de mí pisando las esposas. Enseguida, me agarró la cabeza y la estrelló contra la pared metálica. Me levantó y siguió empujándome contra la pared torturándome hasta más o menos las tres de la mañana. Pensé que nunca iban a dejar de torturarme. No podía aguantar más, así que tuve que confesar a pesar de que no había hecho nada. ‘Basta, dejen de golpearme, quiero confesar’, dije a David”.

Malek S. (16 años), arrestado el 9 de enero de 2011  – Testimonio publicado en DCI el 19 de Julio de 2011.