Los sistemas de seguridad en México están colapsados, afirma el general y doctor José Francisco Gallardo

Gloria Muñoz Ramírez

José Francisco Gallardo, general brigadier y doctor en Administración Pública, afirma que en México “hay un colapso y una descomposición total de los sistemas de seguridad del Estado que provocan el aumento de la violencia contra los migrantes, el feminicidio, el juvenicidio, los asesinatos, ejecuciones, secuestros, etcétera.

“Al abusar del uso del Ejército en la guerra contra el narco, Felipe Calderón viola la Constitución y el Estado de derecho, provocando un trastrocamiento del orden jurídico e institucional del Estado. Esto tiene efectos colaterales y secundarios muy graves, como las violaciones a los derechos humanos y el irrespeto que ahora tiene el ejército de las recomendaciones que hacen instituciones civiles que vigilan su actuación”, señala el general.

Preso de noviembre de 1993 a febrero del 2002, a raíz de la publicación –en la revista Forum– de un extracto de su tesis de maestría titulada Las necesidades de un ombudsman militar en México, el general Gallardo fue liberado mediante una reducción de pena (oficialmente fue acusado de malversación de fondos, entre otros delitos) y no ha cesado en su interpelación al Estado por el uso indebido de las Fuerzas Armadas.

Cuando se dicta un estado de excepción como el que vivimos, advierte, “se define el presupuesto que se gastará, se supervisa el ejercicio del mando, se establece un mecanismo de rendición de cuentas y debe haber un proyecto de creación de policía nacional civil, no militar”.

Calderón, señala en una entrevista concedida a Desinformémonos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, institución a la que también pertenece, “no debió lanzar la declaración de guerra porque la Corte Penal Internacional contempla que cuando un funcionario hace una declaratoria de guerra para aniquilar a un grupo específico (en este caso el grupo del narco) comete un crimen de lesa humanidad. Es por eso que ahora Calderón afirma que no declaró la guerra”.

“Vivimos una crisis institucional de seguridad, con un gobierno ilegítimo y esa es otra de las aristas por la cual Calderón declaró la guerra: para legitimarse en el poder”, señala Gallardo, y advierte que cuando un gobernador solicita la intervención de la fuerza federal en su estado, quiere decir que el sistema de seguridad pública estatal no funciona. Por lo tanto, “si solicita la intervención del Ejército o de la policía federal, el gobernador debe anexar su renuncia”.