La violencia estatal contra los pueblos na’savi y me’phaa en Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, México, no podría entenderse sin un componente histórico clave: la masacre de El Charco.

En esta comunidad durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano rodearon la escuela primaria «Caritino Maldonado», en la cual se encontraban dormidos varios indígenas que participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

Varios años después de estos hechos, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) admitió en un comunicado público que cuatro de los once muertos eran combatientes suyos y los otros siete eran civiles desarmados.

Doce años después de la ejecución de los once campesinos en esa comunidad la vida por momentos vuelve a salto de mata.

Los pueblos organizados en las comunidades indígenas y mestizas avanzan con serias dificultades en la reconstrucción del tejido comunitario. No es tarea sencilla, pues gran parte de la fuerza del Estado concentra sus ojos allí: retenes y bases policiaco-militares y agrupaciones paramilitares también de origen indígena.

Tan sólo un recuento de hechos desde aquel momento, documentados por organismos de derechos humanos en la región, nos da una idea del contexto.

-Entre 1999 y 2001, la Secretaría de Salud estatal con engaños practicó la vasectomía a una treintena de varones en las comunidades El Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán. A los hombres les fueron prometidos apoyos y becas. Tanto la comisión estatal como la nacional de derechos humanos tomaron el caso.