Derechos colectivos y derechos de la madre tierra

La mesa 18 trabajó durante dos días en intensas reuniones de trabajo y discusión. Fueron denunciados otros casos, como por ejemplo las actividades mineras en Corocoro, en el norte de La Paz o el caso de la mina Mutún. Se analizaron los distintos proyectos de explotación petrolera en los territorios indígenas, como en los territorios Lliquimuni, también en el norte de la Paz, o en territorio Guaraní. Se ilustraron, finalmente, los proyectos hidroeléctricos en la Amazonía con los proyectos en el Río Madera, Cachuela Esperanza y El Bala.

Tras los días de labores, la mesa 18 produjo un documento cuya redacción final fue el fruto de una larga asamblea participativa, ordenada, paciente. Se discutió cada frase, cada palabra, para que el documento final pudiera iniciar con la siguiente frase: “Esta mesa convocada por el CONAMAQ representa a los pueblos del mundo”. Al mundo entero quizás no, pero sin duda a todos los presentes en las actividades de esos dos días.

En el documento final, dejan en claro que “la mesa número 18 se constituyó como un espacio necesario de reflexión y denuncia en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, a fin de profundizar la lectura sobre los efectos locales del capitalismo industrial global”. Asimismo, no esconden su postura frente a la conferencia oficial: “Asumimos la responsabilidad de cuestionar a los regímenes latinoamericanos denominados populares y a la lógica depredadora y consumista, la lógica de la muerte del desarrollismo y del neo extractivismo”.

En esta mesa se reconoció también la existencia de un proceso transformador en Bolivia y señalaron que para garantizar que este proceso se profundice y se extienda como un ejemplo alentador a todo el continente y a los pueblos del mundo, es necesario visibilizar las contradicciones existentes, reflejadas en los conflictos socioambientales.

Finalmente, los participantes de la mesa 18 afirmaron en su documento final: “Repudiamos al imperialismo, a las transnacionales y a los gobiernos del denominado progresismo latinoamericano que impulsan proyectos de energía y mega infraestructura de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en todos los territorios latinoamericanos –especialmente territorios indígenas y áreas protegidas– diseñados por bancos, empresarios y constructores privados con una visión neoliberal y explotadora”.