Ciento doce años. Cincuenta y dos años de reclusión para dos narcos, dice el diario, culpables de delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego. Cincuenta y dos años consideró el Juzgado tercero de Distrito en Material Penal, allá, en Toluca, que era necesario para estos crímenes. En Veracruz, mientras tanto, otro narco fue condenado a quince años, otro a diez y otro a cinco. Ciento doce años, por otro lado, el “Estado de Derecho” consideró necesario sentenciar a un hombre por el crimen de pensar que:
“¡Los males de un pueblo no pueden curarse con palabras ni con buenas intenciones, nos reclaman sacrificios! ¡Dejé de creer que, a los golpes, se deba responder con una bendición! Creo que responder es inevitable; la humillación y el dolor nos lo enseñaron, dejando tras de sí su cortejo de atrocidades e infamias”.
Ciento doce años de prisión para el autor de estas palabras. Sesenta y siete no fueron suficientes. La procuraduría General de “Justicia” del Estado de México (PGJEM), como quedó registrado en El Sol de México, con fecha del 7 de mayo de 2007, no se sintió satisfecha con los sesenta y siete años; sesenta y siete años no era suficiente encierro para quien responde a las humillaciones, a los golpes, al dolor, a la infamia provocada por los diversos instrumentos e instancias del Estado. De ahí que Alberto Cervantes sentenció cuarenta y cinco años más de prisión.
