El Charco, Colombia. Salimos de San Juan de Pasto, capital andina del Departamento de Nariño, para acompañar una Misión de Documentación de la Red de Derechos Humanos «Francisco Isaías Cifuentes». Vamos a visitar una zona donde ha ocurrido un reciente desplazamiento de población en la costa Pacífica, zona habitada En su mayoría por afro-colombianos. El desplazamiento en Colombia es un fenómeno que por sus dimensiones, de 1 millón 800 mil personas, de Acuerdo a las cifras oficiales, y hasta 3 millones según Naciones Unidas, está ligado a la dinámica del conflicto y para María del Pilar Castillo, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad del Valle, «se ha convertido en una Estrategia de supervivencia de los civiles frente a la Guerra […]. La forma más eficiente para Proteger sus vidas en Zonas presionadas por las guerrillas y los grupos de autodefensa que buscan el control territorial de alcalde, es moverse de un lado un otro «.

El viaje es de noche en un autobús lleno de campesinos y gente del pueblo. Son los rostros de todos los colores, como los pueblos de esta tierra: negros, mestizos, indios Pastos y Awa. La llegada a la costa pasa por una carretera estrecha que se revuelve con la misma carrera irregular de los ríos que bajan de los Andes hacia el mar. La compañía de niños llorando y gallos de pelea Tirados entre las mochilas nos despierta Después de unas horas de viaje. Hemos llegado un Los Llanos, donde el clima Aunque Sea de madrugada es cálido. El militar que sube al autobús tiene la piel negra, como toda la gente que camina lentamente a las orillas de la carretera. Todos los hombres nos tenemos que bajar, y con las manos contra un lado del vehículo nos hacen una revisión en busca de armas.

No encuentran nada, aunque debe de haber muchas en estas latitudes. Carros blindados, ametralladoras y garitas fortificadas se repiten por toda la carretera y se multiplican acercándose a la capital de esta zona: Tumaco.

En el marco de la Iniciativa de Integración Regional de Infraestructura Suramericana (Iirsa) está programado el desarrollo del eje Multimodal Amazonas o Corredor Vial Multimodal Tumaco-Belem do Pará, que será una vía para comunicar el Océano Pacífico, desde Tumaco, hasta el Atlántico, en Belem do Pará en Brasil. La presencia de la guerrilla y del narcotráfico dificultan implantar negocios y transitar por estas zonas sin la protección de uno de los grupos, o sin una fuerte presencia militar. La ciudad se ha vuelto en unos años el crucero de múltiples tráficos legales e ilegales. En la terminal del oleoducto que lleva el petróleo desde los campos del Putumayo, se ven grandes tanques fuertemente protegidos por instalaciones militares y a la orilla, cientos de casas de madera y lámina sobre palenques, donde vive gente pobre. Tumaco tiene una de las tasas de homicidios más altas de Colombia, 137 por 100 mil personas, según la Policía Nacional. Más de mil muertos de 2006 a la fecha. Además, según la Alcaldía, en 2008 se contaban más de 5 mil 400 desplazados en este municipio, la mayoría asentados en la cabecera. En todo Nariño hay, afirma Naciones Unidas, más de 50 mil desplazados, sobre una población de un millón 400 mil habitantes.

El aeropuerto de donde tomaremos el vuelo para el municipio de El Charco, punto de partida del viaje río adentro es parte de una base militar.

De aquí despegan helicópteros Black Hawk y Huey Bell artillados. Luego, de unas camionetas con vidrios polarizados, salen los pilotos de apariencia norteamericana, unos llevan el badge de la empresa encargada de las fumigaciones en Colombia: Air Wing. Los helicópteros tienen que “limpiar” el terreno tratando de alejar los guerrilleros de las FARC de las zonas de operación, pero las organizaciones de derechos humanos de Nariño han reportado también casos de civiles, hasta niños, heridos por balas disparadas desde estos los helicópteros. Hay por lo menos ocho fumigadores, aviones especiales para rociar el glifosato, listos para despegar y un hangar lleno de tambos de químico cerca del avión que abordaremos.

El vuelo es corto sobre un área natural única en América: desde aquí hasta la costa del Cauca se extienden 600 kilómetros de manglares y playas donde desembocan varios ríos navegables: Mira, Guapi, Timbiquí, Isquandé, entre otros. En estas tierras baldías hace más de 300 años llegaros los esclavos cimarrones, negros en fuga de las propiedades españolas y europeas, que siguieron llegando a estas tierras hasta después la abolición de la esclavitud en Colombia, en 1851. La vida de las comunidades negras se ha desarrollado en estos ríos y manglares con una economía de subsistencia que luego se ha dirigido hacia la minería artesanal del oro y los cultivos de la palma y del cacao. Pero desde los años noventa, un nuevo oro ha embrujado estas tierras: la coca, traída por los traficantes del departamento de Antioquia en el centro del país, en fuga de la presión militar y policial en otras regiones. Además, el Pacifico es una zona de salida ideal para la droga hacia Ecuador y hacia Centroamérica y México. Las grandes extensiones de selva surcadas por ríos y canales y la escasa densidad de la población hacen de esta tierra un lugar ideal para el contrabando y la piratería.

Viajar en estas condiciones al municipio de El Charco resulta peligroso, pues las pandillas locales se lanzan a la “pesca milagrosa”, como le llaman los irónicos colombianos, y la vida de los viajeros no vale mucho en estos casos. El Charco es un puerto fluvial sobre el río Tapaje y una ciudad llena de vida. Si no fuera por el habla latina y la salsa disparada a todo volumen en las calles llenas de gente, parecería un pueblo de Nigeria o de Senegal. Lujo y pobreza se mezclan en los vestidos y las viviendas. Los militares están en todas partes, con sus armas largas, la mayoría son jóvenes con caras de aburrimiento.

En el recorrido río arriba se encuentran los desplazados de Santa Rita, un pueblo del Río Isquandé, desplazado desde el 2 de septiembre del 2009. Nos acompañan unos miembros de la Coordinadora Social del Litoral Pacífico, organización popular fundada en junio de 2003 en una comunidad del río Tapaje, independiente de partidos políticos y afiliada a la red del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.

Carmelo Castillo es uno de sus líderes, hombre sólido de los barrios populares que se hacinan a las orillas de un canal de agua inmóvil: “Luchamos para que nuestra gente negra tenga una buena vida, en contra de los proyectos del FMI y del Banco Mundial y de las políticas que quieren desplazarnos de nuestra tierra, quitarnos de aquí. No nos sentimos representados tampoco por la cooperación internacional en la medida que no se consulta propiamente con la población, violando el artículo 169 del Convenio de la OIT. Nosotros tenemos derecho al gobierno autónomo en razón de la ley 70.

El proceso participativo del gobierno de Nariño, los llamados cabildos, son buenos, pero se llevan a cabo demasiado rápido, los políticos no se toman el tiempo de escuchar el clamor del pueblo, hacen falta dos días, no dos horas”.

Después de siglos de abandono y marginación, en el marco del proceso constituyente de 1991, las comunidades indígenas y negras de Colombia lograron el reconocimiento de su autonomía política y cultural y de sus territorios. El Artículo Transitorio 55 de la nueva Constitución de 1991 reconoce “a las Comunidades Negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley”.

Después de otros dos años de lucha, en agosto de 1993 fue expedida la ley 70 que tuvo como objetivo el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva y el establecimiento de mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las Comunidades Negras de Colombia como grupo étnico, además del fomento a su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad frente al resto de la sociedad colombiana. El Decreto 1745 del 12 de octubre de 1995 reglamentó el capítulo III de la Ley 70, donde el pueblo afrocolombiano encuentra la mayor herramienta para organizarse y reivindicar la autonomía.

El Artículo tercero de este Decreto define:”Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que los rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad”.

Sin embargo, en la realidad muchas personas han sido amenazadas por defender sus territorios y la autoridad de los Consejos. Es el caso del joven activista, Harry Caicedo, acusado sin pruebas por los militares de ser miliciano de las FARC y el pasado 28 de Octubre secuestrado por los Infantes de Marina del 10 batallón, después de una protesta, y liberado en seguida gracias al clamor de cientos de personas que se manifestaron exigiendo su libertad.

Nuestra lucha es para revolucionar y transformar la vida de nuestra gente. Defendemos los derechos humanos y queremos fortalecer las organizaciones sociales y tener un desarrollo económico”, afirma Caicedo y su optimismo choca con las condiciones duras de la vida en esta zona en la que se registran los índices más altos de homicidios del país, la mayor parte de cultivos de coca y amapola, los índices de pobreza y desnutrición más altos y todos los actores armados del rompecabezas colombianos que se disputan el territorio y el control del negocio de la coca.

De acuerdo a datos del Banco de Colombia, en 2007 los cultivos de coca, marihuana y amapola ocupaban 55 mil hectáreas, alrededor del 30 por ciento de la producción total del país.

Se han desplazado masivamente después del 2000 cuando las fumigaciones intensivas fomentadas por el Plan Colombia han debilitado los cultivos en el departamento del Putumayo.

Junto con el negocio del narcotráfico se han reorganizado los grupos paramilitares. Águilas Negras, Autodefensas Unidad de Colombia – Nueva Generación y Los Rastrojos, son los nombres de algunos de los ejércitos privados que luchan para controlar los cultivos y el tráfico. Por otra parte están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el frente 29 en la zona pacifica y andina, la columna móvil Mariscal Antonio José de Sucre en la frontera con Ecuador, y grupos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sobre todo en los municipios de la cordillera y de la frontera. Las organizaciones insurgentes controlan el territorio en muchos municipios, administran la justicia y cobran impuestos tanto de la producción como del tráfico de drogas y se han manchado según varias organizaciones de derechos humanos de asesinatos y masacres de civiles acusados de colaboración con el Ejercito y la Policia.

La primera etapa del viaje por el río Isquandé nos lleva a Santa Bárbara, cabecera municipal de las comunidades del río. El transporte por el afluente es de todas las medidas, desde poderosas lanchas de motor hasta pequeñas canoas de madera. Las casas de lámina y madera se asoman a la orilla del río, entre pequeñas huertas familiares y cultivos de palma africana y plátano. Santa Bárbara es un pequeño pueblo de 5 mil habitantes, con una iglesia, la alcaldía y muchas bodegas que se asoman en el rio, cerca del pequeño muelle al que llegan las lanchas.

En el pueblo se ha asentado una base de la Infantería de Marina y cerca de ahí una escuela en la que viven desde hace tres meses los 908 desplazados de Santa Rita. En la noche hay una calma aparente, pero José, miembro del a Coordinadora Social del Pacifico, explica que en el febrero de 2005 las FARC entraron al pueblo y atacaron los militares, matando a 15 de ellos. La guerra sube y baja del río como la marea.

En la alcaldía, la única construcción sólida además de la iglesia y de la escuela, el personero del municipio relata: La gente de Santa Rita se desplazó este 2 de septiembre cuando el Ejército Nacional atacó a las FARC que estaban asentadas cerca de su comunidad. La gente quedó en medio del tiroteo y cuando se acabó el enfrentamiento se fueron. Todos platican que recibieron ayuda de la Cruz Roja y de Médicos sin Fronteras, pero que la vida ahí sigue siendo muy dura. El personero afirma que ya están organizando el retorno, pues la gente quiere regresar a su comunidad.

Un grupo de mujeres y hombres que duermen en el piso de las aulas de la escuela transformada en albergue, señala que se fueron sobre todo por los niños que corrían muchos riesgos y también porque en agosto pasado una serie de fumigaciones afectaron mucho sus cultivos, tanto la coca como el plátano y sus hortalizas. Jorge, uno de los voceros de los desplazados, padre de seis hijos, señala: queremos regresar porque ya no aguantamos más la vida aquí y la gente del pueblo empieza a vernos mal. Queremos regresar a la casa, tener la libertad de ir al río, de cazar en el monte y de volver a trabajar en lo único que tenemos: la coca y la mina de oro.

Al día siguiente el viaje continuará río arriba hasta Santa Rita, para entrevistar a los que se quedaron en la comunidad. En Santa Bárbara se preparan las fiestas del patrono y la música de marimba y tambores empieza antes del amanecer. Salimos en dos lanchas rápidas. Los barcos artillados de la Marina controlan el río hasta afuera de Isquandé, luego empieza la tierra de nadie. El río se hace más estrecho y corre rápido entre paredes de roca cubiertas de vegetación tropical espesa, sobresalen los cultivos de coca entre cultivos de plátano y palma, las matas están llenas de hojas. Más adelante se observan plantas negras sin hojas, y racimos secos por el efecto de las fumigaciones.

A las orillas del río se vislumbra un grupo de casas de madera y se asoman también los niños. Unas canoas se mueven lentas, ancianos o mujeres lavan ropa en el agua, cortan plátano y nos ven pasar con curiosidad. “Casi nadie más ha venido desde afuera, ni gobierno ni las ONGs” dice Nicolás, colombiano que ya ha subido el rio varias veces para recoger las denuncias de las violaciones de derechos humanos. Llegamos a Santa Rita y el pueblo está casi vacío. Se quedaron unos hombres para cuidar las casas y los terrenos, las dos familias dueñas de las tiendas y unos ancianos que no quisieron abandonar sus casas.

Dejamos las lanchas al pié de unas gradas de cemento que salen del agua, bajo un techo unos campesinos pesan bultos de coca listos para vender. Los intermediarios esperan que llegue el dinero para pagarlos, pero a veces el dinero tarda meses en llegar, porque las cargas de billete son interceptadas en el mar: “llegan desde el Pacifico de contrabando y a veces los militares las dejan pasar a cambio de dinero, pero a veces no pasan.

Cuando llegan se arma un mercado loco, bultos de pasta de coca por billetes, mercancía por todas partes, y muy seguido empieza la violencia, las matanzas, las disputas por la venta. De muchos bultos se sacan pocos gramos y poco dinero”, afirma Nicolás, quien conoce bien la dinámica del negocio. Los millones de dólares en efectivo sirven para pagar el cargamento de “base” de coca preparada en laboratorios caseros que proliferan por estos rumbos.

Llegando al pueblo, un representante del Consejo Comunitario Cuenca del Rio Isquandé y pastor de la iglesia evangélica, relata: “El consejo reúne a 2 mil familias a lo largo del río. Casi no recibimos ayuda del gobierno, nadie viene aquí, sólo los militares. Nuestro pueblo nació hace más de 100 años, yo tengo 64 y nací aquí y también mis padres. Trabajamos en la mina de oro y luego, hace diez años, llegó la coca, es menos duro y se gana más. En teoría los terrenos son de propiedad comunitaria pero todos tienen el suyo y si llega uno de afuera y agarra o quiere comprar un terreno, tiene que pagar un impuesto al consejo”. Otro poblador cuenta que todo el pueblo construyó con su propio esfuerzo la comunidad y que si se ve pobre es porque las ganancias de la coca las invierten para el estudio de sus hijos: “Mis cuatro hijos estudian en Cali, por esto no hemos hecho la casa de cemento como las hacen en otras veredas, donde se gastan la plata en camionetas y trago”. Lo que nunca falta en esta economía irregular es la cerveza y la gasolina a precios exuberantes.

Sobre el funcionamiento de los consejos, el pastor explica que “las comunidades nombran autoridades cada tres años.

La Asamblea Comunitaria de todas las veredas y pueblos nombra una Junta Directiva y un representante legal que manejan los planes de etno-desarrollo, o sea como se tiene que manejar el territorio, la educación, la salud, la vida de los pueblos. Sin embargo, los responsables de la gobernación de Nariño y del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas afirman que a menudo los consejos son muy débiles, que están en pugna entre ellos y con los alcaldes, y prácticamente sin recursos.

José, otro poblador, recuerda que el 2007 se registró otro desplazamiento por las mismas razones: Entonces hubo un tiroteo de veinte minutos, la gente tuvo miedo y se fue. Esa vez el Ejército se quedó una semana escondido en la montaña cerca de la comunidad, dos campesinos que los vieron fueron retenidos por dos días para que no los delataran. Los de las FARC estaban en la comunidad cuando el ejercito empezó a disparar contra las casas y la gente quedó en medio del tiroteo. Los militares dispararon también contra la escuela y los guerrilleros tiraron una granada que cayó cerca de las casas. La situación duró dos días y luego los farianos se retiraron y luego la gente hizo lo mismo en las canoas, llevándose lo que podían.

Una pinta de los insurgentes queda en la pared de la escuela: Manuel Vive, FARC frente 29 y decenas de impactos de bala, una casa dañada por una explosión y la historia de un guerrillero muerto que encontraron los niños debajo de un matorral, que los militares se llevaron en helicóptero. Han muerto también muchos militares, no dicen cuantos, pero vimos que había harto muerto, cuenta José en una noche sin luz eléctrica.

Unos pobladores que no quieren ser nombrados explican que a veces los comandantes insurgentes resuelven conflictos en la comunidad utilizando sus propias normas, y en el 2004 y 2005 enfrentaron a los paramilitares sacándolos a tiros de la zona del río Isquandé: La guerrilla respeta los consejos comunitarios, pero tiene también sus ideas, nos dice que hay que no hay que consumir la droga y que hay que controlar el alcohol, que tenemos que utilizar la plata de la coca para desarrollar el pueblo, dicen. Otras personas cuentan que las FARC ha matado en algunas ocasiones gente de la comunidad acusada de ser informante del Ejército, o por brindarles algún tipo de apoyo: Si tienen información de que has hablado con el ejército o los has apoyado, te sacan al monte y ya fuiste. Pero cómo podemos negarle al Ejército cuando nos pide. Si no les abro la puerta me van a acusar de guerrillero. Así es la lógica del fuego cruzado.

El grupo de viaje seguirá el recorrido más arriba, donde todavía viven más familias y han habido desplazamientos que no han sido documentados. Los pueblos tienen los nombres típicos de las fronteras: Milagro, Pueblo Nuevo, Chivatillo. Nuestros acompañantes no me permiten seguir. La guerrilla está por esos rumbos y probablemente también el Ejército. La presencia de un extranjero seria un peligro para ellos. De regreso, en las comunidades donde paramos para arreglar el motor y cargar gasolina, los niños se ven hambrientos, un hombre, padre de cuatro hijos que lo acompañan, platica: La coca no ha sido pagada aún y entonces falta comida, el oro ha bajado, vale muy poquito, estamos mal.

Aprovechando el sol una niña lava vestidos a la orilla del río, un puñado de balas de rifle y pistola se secan al sol y un anciano arregla una canoa de madera. A un pueblito donde unos empresarios de Cali han implantado una mina de oro con maquinarias a motor para sacar más ganancias, llegamos la mañana de un domingo. Los hombres juegan billar o dominó y toman cerveza en insólitos bares campesinos a la orilla del río. Ahí las mujeres hacen sus trabajos de siempre y miran silenciosas a un extranjero de paso.

Publicado el 01 de Febrero de 2010