México. “No es asunto de cárteles, sino política de Estado” la ejecución extrajudicial de seis personas, entre ellos tres normalistas, y la desaparición forzada de 43 más, en Iguala, Guerrero, señala el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino y quien lidia todos los días con los ataques del crimen organizado contra los migrantes.

Una semana después del ataque de la policía municipal de Iguala contra los normalistas, ocurrido la noche del 26 de septiembre, las autoridades estatales informaron que en el marco de la búsqueda de los 43 desaparecidos, encontraron fosas clandestinas con 28 restos humanos, aunque se negaron a confirmar que sean los estudiantes. El alcalde José Luis Abarca y el jefe de Seguridad Pública del municipio se dieron a la fuga. El procurador estatal agregó que un sicario del cártel Guerreros Unidos confesó la ejecución de 17 de los jóvenes por órdenes de su jefe. Los familiares de los jóvenes rechazan que esos cuerpos sean de sus hijos y exigen que se les siga buscando.

Alejandro Solalinde señala que es al estado al que se le debe exigir que responda por el crimen. “Los jóvenes no eran narcos o delincuentes; eran estudiantes, pero para el Estado, todo el que no está de acuerdo con él es un terrorista”, insiste. El sacerdote aclara que es necesario recordar que al gobierno, las Escuelas Normales Rurales le causan irritación. “Por eso siempre viven redadas, persecuciones y cierres”, ejemplifica.

Para el religioso, quienes se solidarizarán con los normalistas durante las movilizaciones debe exigir que el gobierno federal respete los derechos humanos y las libertades de expresión, manifestación y prensa. Y, además, “hay que pedir mínimo la cabeza del gobernador”, lanza el entrevistado, quien asistirá –junto con otros sacerdotes- a ofrecer consuelo y oído a los normalistas y sus familiares.

Solalinde señala que hay estados “olvidados”, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en los que los pobladores se organizan y cuestionan al gobierno, que trata de evitarlo. En ese contexto, la masacre “es un mensaje de Estado para los que ‘alborotan’”. La Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa (municipio de Tixtla), como el resto de escuelas de este tipo, es continuamente acusada de ser un “nido de guerrilleros”. Ya en 2011, fueron ejecutados extrajudicialmente dos alumnos en el transcurso de un cierre carretero; sus asesinos siguen impunes.

El sacerdote, miembro de la Pastoral de la Movilidad Humana, señala que sin embargo, “es muy tarde para reprimir conciencias. La gente ya no se va a dejar”, finaliza.